La Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito presentó ayer en la Cámara de Diputados, con el respaldo de legisladores de todas las fuerzas políticas, un nuevo proyecto de legalización del aborto, pero con escasas posibilidades de que llegue al recinto y sea aprobado con la actual composición de ambas cámaras del Congreso.
Las dificultades para aprobar la ley surgen también por lo conflictivo que es debatir un proyecto de estas características en un año electoral y que dividió aguas en el oficialismo y la oposición, según reconocieron voceros parlamentarios.
La legalización del aborto fue aprobado en Diputados el 14 de junio del año pasado por 129 votos a 125, pero el 9 de agosto fue rechazada por el Senado por 38 a 31.
Ahora, por octava vez, el colectivo de mujeres proaborto legal impulsó el mismo texto que fue tratado el año pasado y que propone legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.
La presentación fue acompañada por una multitudinaria marcha en las adyacencias del Congreso denominada “pañuelazo federal” y con concentraciones en todo el país, donde los y las manifestantes en favor de la iniciativa portaron y enarbolaron los clásicos pañuelos verdes.
En el Congreso hubo una rueda de prensa encabezada por las diputadas Victoria Donda (Somos), Brenda Austin (UCR), Romina del Plá (Partido Obrero) Mónica Macha (kirchnerismo) y Cecilia Moreau (massismo).
Se trata de las primeras firmantes del proyecto que este año cuenta con el respaldo de unos 70 legisladores, aunque se estima que se sumarán otros apoyos en las próximas semanas cuando concluyan las campañas electorales en una decena de provincias.
También estuvieron varios diputados: del PRO, Daniel Lipovetzky; de la izquierda, Nicolás del Caño, y del kirchnerismo, Daniel Filmus, entre otros.
Lipovetzky, presidente de la comisión de Legislación General de la Cámara baja, que llevó adelante el año pasado el debate, celebró la presentación de la iniciativa por octava vez y destacó que “acompañado por casi todos los bloques, repite la transversalidad que fue la clave de haber logrado media sanción” en 2018. El texto de la campaña contiene algunas modificaciones, como la que establece que toda mujer u “otras identidades con capacidad de gestar” tienen derecho a “decidir voluntariamente” y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive, del proceso gestacional.
Otra de las novedades del texto es que no se incluye la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, un punto que fue clave en la discusión para garantizar votos a favor de la iniciativa durante su debate en el Congreso.
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