Un dictamen de la Fiscalía General Federal de Mar del Plata probó una maniobra fraudulenta por parte del Estado: empresas de colectivos tenían choferes fantasmas para incrementar la nómina de trabajadores y cobrar una fortuna en subsidios. Según trascendió la estafa supera los 16 millones de pesos.
El Ministerio de Transporte de la Nación comenzó a investigar a partir de una investigación periodística que publicó el diario Clarín e hizo intervenir a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Con las pruebas reunidas, el apoderado del ministerio, Héctor Krantzer, se presentó ante el fiscal Fernando Berlingeri, de la UFI 10 de Delitos Económicos de Mar del Plata, que entonces llevaba la investigación. Luego, por tratarse de un delito contra el Estado, el abogado de los “choferes fantasma”, Julio Hikkilo, de la Casa del Trabajador, pidió que la investigación continuara en órbita de la Justicia Federal, y allí tuvo sanción.
El juez federal Santiago Inchausti tiene procesados sin prisión preventiva a media docena de empresarios y apoderados, a quienes se les imputa el delito de defraudación contra la administración pública. A todos les trabó embargos sobre sus bienes por 20 millones de pesos.
Los empresarios procesados son Juan María Inza Decaux, Juan María Inza Irisarri y Federico José Pomero. El proceso alcanza también a sus gerentes y apoderados Diego Basílico, Jorge Alberto Ferraresi y Carlos Málaga. En su conjunto, son los responsables de las empresas de transporte urbano “25 de Mayo SRL”, “Transportes Peralta Ramos SRL”, “12 de Octubre SRL” y “El Libertador SRL”.
“Todos los encartados tenían pleno conocimiento de lo que ocurría”, indica la Fiscalía General, y cita el expediente: “Desarrollaron con conocimiento y voluntad ejecutante los elementos del delito que se les imputa, habiendo actuado con dolo directo. En menos de un mes hicieron pasar un incremento de personal del 30% e incrementaron sus ingresos por 16 millones de pesos en tres meses. Ninguno de los que haya estado a cargo de esas cuatro empresas pudo estar al margen de tamaña maniobra”.
La Justicia probó que los empresarios usaron como ardid la inscripción en los listados de personal a quienes en distintas oportunidades habían aportado sus currículums a las empresas.
Los “choferes fantasma” son 357. A algunos los habían inscripto de manera simultánea como conductores en más de una empresa, y fueron ellos mismos quienes alertaron de la maniobra: cuando fueron a cobrar la Asignación Universal por Hijo en la ventanilla de pago les informaron que era imposible: “Usted cobra 20 mil pesos en la empresa de colectivos, ya no puede percibir su beneficio”, les advirtieron.
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