Hace unos días la Policía Federal allanó la unidad carcelaria 49 de Junín, desde donde un grupo de reclusos integraban una banda dedicada a los delitos de acoso sexual por internet, práctica ilegal conocida como grooming. Democracia dialogó con Nelson Mastorchio, fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N°3 y brindó detalles de cómo y cuándo inició la investigación que terminó con allanamientos con resultados positivos.
El fiscal explicó que la investigación se inició a mediados de 2021, gracias a reportes que llegan de Estados Unidos. Su contenido tiene que ver con el cuidado de chicos desaparecidos y explotados, por medio de un convenio con el FBI y una ONG, que, mediante datos numéricos, detectan toda la red mundial de todo lo que sea abuso sexual o pornografía infantil.
A partir de eso se genera un reporte, el cual es enviado a cualquier parte del mundo, en este caso a Argentina, mediante un convenio con la Procuración de Capital Federal la de la provincia de Buenos Aires. “Gracias a eso se investiga el lugar donde se genera la transmisión o distribución del material y se envía al lugar que corresponde”, explicó Mastorchio.
Sobre la investigación, el fiscal a cargo de la misma detalló: “A mediados del año pasado recibimos el reporte e iniciamos la investigación de 57 fotografías y videos de menores de edad. El reporte nos dio la IP, el número de teléfono y los lugares donde se abren las antenas. Este era un usuario que había subido a Google Drive los videos catalogados como de Abuso Sexual Infantil”, reveló el fiscal a Democracia.
Cargar esos videos a la nube –explicó Mastorchio- implica técnicamente una transmisión por lo que queda configurado el delito. “Eso es una clara transmisión para poder compartir los archivos en carpetas en la nube. Eso genera un link, el cual se va viralizando. Ese contenido es visto por pedófilos que van intercambiando imágenes”, advirtió.
Como se explicara, la investigación se basó en el número de teléfono, el IP a quien correspondía, la apertura de antenas, el mail y la IP de las conexiones. “Pudimos contactar que a través de un dispositivo móvil a nombre de una mujer que, tras investigaciones, se llegó a la conclusión que tenía una hermana procesado por abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de una hija de su pareja”, relató. Sobre esta causa, hay que anexar que se elevó a juicio, el cual se desarrollará en mayo.
Con todo lo recabado, la Fiscalía 3 pudo corroborar que la antena estaba cerca del Penal 49 por lo que se pidió una orden de allanamiento al juez de garantía y se requisó la celda donde estaba alojado el imputado. Allí se encontró y se secuestró el celular coincidente con el número que aparecía en el reporte que tenía registrada la causa.
Los primeros días de abril se realizarán las pericias correspondientes del aparato en el Ministerio Publico Fiscal de Pergamino. Este tipo de delitos son penados en principio de entre 3 a 6 años de prisión, de acuerdo al artículo 128 del Código Penal.
Consultado si falló el trabajo de los trabajadores de la UP, el fiscal consideró que “se hace muy difícil controlar lo que hace cada interno con el celular”, y remarcó que “habría que reverse el uso libre o no de los dispositivos electrónicos por parte de quienes están cumpliendo una condena o alguna medida cautelar”. “En este caso particular no utilizaron las líneas de internet de la UP, sino los datos de un número a nombre de una hermana del detenido”, sintetizó.
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