La Provincia no es una isla. Como la Nación y cada uno de los municipios sufre el seco parate de la economía y sus efectos devastadores. Una de las primeras consecuencias es la abrupta caída de la recaudación, una cadena endemoniada que arrastra, con mínimas variantes, a las tres jurisdicciones.
El desplome ya se verifica en las cuentas oficiales. La administración de Axel Kicillof prevé terminar el mes de abril con una baja de recursos en relación a lo originalmente estimado, de cerca del 40 por ciento. Hay quienes estiman que esa debacle podría ser aún mayor por la extensión de la cuarentena que, al menos con las férreas restricciones actuales, proseguirá por una semana más.
El efecto cascada desparrama las malas nuevas. La Provincia también recibirá menos recursos que los proyectados en materia de coparticipación porque los ingresos nacionales también transitan por el plano inclinado que impone el coronavirus.
Kicillof se ve además sometido al planteo de propios y extraños. Intendentes de aquí y de allá hacen cola en el ministerio de Economía para pedir auxilio financiero. La cartera que conduce Pablo López comenzó a hacer un relevamiento sobre la cantidad de distritos que requerirán de asistencia para garantizar el pago de sueldos a sus empleados. Cuentan que es mucho más sencillo contar aquellas comunas que pueden capear el temporal que las que zozobran en la marejada que impone la pandemia. San Vicente, Olavarría y Moreno, entre otros, aparecen anotadas en esa larga nómina.
Cerca del 70 por ciento de los ingresos propios bonaerenses dependen de la actividad económica y tienen nombre y apellido: Ingresos Brutos. Con el freno económico, el desplome de ese tributo es muy fuerte. Es una de las inquietudes centrales que tiene forma de debate en el Gobierno bonaerense. Cerca de Kicillof creen que ese necesario que algunas actividades de la economía comiencen, en forma acotada y controlada, a salir de la parálisis total. El problema central es cómo conjugar ese deseo y esa necesidad que además le plantean diversas centrales fabriles, con la premisa de mantener el aislamiento ciudadano para evitar que se propaguen los contagios.
Proceso que viene de lejos
La realidad económica bonaerense es, en rigor, una profundización de un proceso que venía en marcha desde hace tiempo. Desde hace largos meses las Pymes vienen afrontando enormes dificultades para seguir con sus actividades y muchas de ellas debieron bajar las persianas. La pandemia terminó por agudizar ese cuadro.
Todavía no existe un número determinado de cuántos intendentes necesitan fondos para cumplir con sus empleados. Puede que un dato aislado contribuya a describir la magnitud de la situación: de las 33 intendencias que controla el radicalismo, cerca de 25 estarían requiriendo de un salvavidas bonaerense.
Algunas comunas pueden sostenerse, pero se han visto empujadas a producir recortes de gastos incluso sobre servicios básicos como recolección de residuos o reparación de luminarias. Hay áreas que directamente fueron cerradas. Lo admitía en las últimas horas un alcalde del Conurbano que debió multiplicar los gastos en la compra de alimentos e insumos sanitarios para intentar poner una barrera a la emergencia. Ese ejemplo se propaga con rapidez por la vasta geografía bonaerense.
Kicillof puso en aviso de este cuadro al presidente Alberto Fernández. El mensaje que los funcionarios están haciendo llegar a los alcaldes es que mantengan la calma, que la plata, de algún lado va a salir. “Alberto se comprometió a ayudar a la Provincia”, dicen cerca del Gobernador. El propio Estado bonaerense requiere de asistencia. Ya la necesitaba antes de la emergencia; ahora, mucho más.
El debate que existe en la Provincia es cómo intentar que se muevan algunas actividades de la economía sin que esa flexibilización implique una relajación de la cuarentena que active los contagios del coronavirus.
Esa posibilidad surge remota en el Conurbano, donde está concentrada la gran cantidad de casos. En el Gobierno bonaerense se afirma además que la idea central es mantener el protocolo de aislamiento lo más estricto posible especialmente en el área Metropolitana, porque sostienen que viene arrojando resultados alentadores.
De todas formas, comenzó una consulta con intendentes del Gran Buenos Aires para acordar alguna posibilidad de flexibilización. Por lo pronto, la Nación habló de talleres mecánicos y gomerías y en la Provincia sostienen que esa decisión necesariamente implicará permitir el funcionamiento, por ejemplo, de comercios de venta de repuestos para el automotor.
Pero el desafío es evitar que esos permisos disparen los traslados de gente. La pandemia y la economía se cruzan inexorables.
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