Los tiempos de emergencia están marcados por la concentración del poder. El avance de la pandemia del coronavirus puso al presidente Alberto Fernández en el centro de la escena y restó incidencia a los otros dos poderes del Estado, el Legislativo y el Judicial. La parálisis institucional le quita a la oposición y a los magistrados la capacidad de controlar lo que está haciendo el Ejecutivo, que es unipersonal en la Argentina. Es el lado B que el Covid-19 conlleva en el campo político.
Si bien es cierto que el Presidente toma decisiones en consulta con referentes de la oposición, sobre todo los que tienen gestión de gobierno a cargo, también lo es que todas las resoluciones salen a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU), una atribución del Ejecutivo que debe ser convalidada por el Congreso y sometida a control de constitucionalidad por la Justicia. Eso no sucede desde hace más de 20 días y se proyecta que así seguirá durante varias semanas más.
La nueva extensión de la cuarentena hasta el 26 de abril inclusive, con probabilidad de que se necesite prorrogarla por razones sanitarias ampliamente justificadas, obliga a las autoridades a pensar en mecanismos de funcionamiento alternativos, como sesionar de manera virtual en el caso del Congreso. Tanto el oficialismo como la oposición no desconocen que el aislamiento estricto que impone el coronavirus tiene un impacto negativo sobre la situación económica.
Sin ir más lejos, el Estado nacional necesita financiarse porque ahora solo puede recurrir a la impresión monetaria del Banco Central. Y la sociedad requiere de herramientas para paliar la caída de ingresos y de la actividad: resulta urgente evitar el quiebre de las empresas –solo esta semana cerraron un frigorífico y una fábrica de margarinas en el Conurbano- y promocionar el regreso de capitales que los argentinos tienen en el exterior para volcarlos a la actividad productiva.
Para que eso suceda, hace falta voluntad política. En el Parlamento, esa condición se verifica más en Diputados que en el Senado. En la Cámara baja ya está prevista la modificación del reglamento para permitir una “sesión virtual”, que incluye la identificación facial de los legisladores, la habilitación del quórum a distancia, un sistema de claves para acceder al “recinto” y un sistema de “voto remoto”. En el Senado, aún no está tan claro que se vaya a avanzar en ese sentido.
Cristina no activa el Senado
“Hay una cuestión reglamentaria que debe ser trabajada de manera inteligente para que sea legal”, deslizó un colaborador directo de Cristina Kirchner en la Cámara alta. La vicepresidenta viene dando pocas muestras de interés por que el Senado funcione en medio de la pandemia. La muerte de una empleada de limpieza de la Cámara a causa del Covid-19 parece haber justificado sus temores. Pero queda expuesta por el nivel de actividad que se registra en Diputados.
El titular del cuerpo, Sergio Massa, convocó a seis ministros del Gabinete a responder preguntas de los diputados en videoconferencia. Algunos de ellos, como Ginés González García (Salud), tuvieron respuestas que generaron controversia pública. Solo de esa manera los legisladores pueden conocer los planes del Ejecutivo, en un momento de concentración de poder. En Diputados hay rumores sobre el impuesto a las “grandes fortunas” que impulsa Máximo Kirchner.
“El bloque trabaja varias herramientas, pero no se va a avanzar en ninguna sin consultar a Alberto”, aclararon ayer fuentes del oficialismo parlamentario, luego de que el Presidente admitiera que conoce el proyecto del jefe del bloque del Frente de Todos, pero evitara un pronunciamiento público al respecto. Por su condición de abogado y profesor de Derecho, Alberto F. sabe que gravar sobre el blanqueo que hizo el Gobierno anterior sería inconstitucional.
Pero en la carpeta de los legisladores oficialistas hay proyectos que promueven un “régimen extraordinario de gravamen a capitales especulativos” y un “sistema de premio a la inversión productiva de quienes traigan la plata del blanqueo y la pongan a producir”, aunque de nada servirán los premios, mientras el Estado no cumpla con los contratos y no haya seguridad jurídica en la Argentina. De lo contrario, se seguirá dependiendo de la colocación de bonos y de la obtención de créditos.
“Se entra en un tramo sensible y decisivo de las negociaciones, todo sujeto a la pandemia”, comentó un funcionario del Palacio de Hacienda al tanto de las conversaciones entre Guzmán y los bonistas. “Se verá cuándo y cómo se oficializa la oferta”, agregó. En el equipo de Guzmán trazan una línea directa entre los cuestionamientos que recibe la gestión del ministro y el inicio de las conversaciones con los acreedores externos.
¿Un consejo económico?
Pero lo cierto es que la parálisis económica es tan generalizada que no alcanza con los paquetes de ayuda que ya anunciaron Guzmán y otros ministros del área, como Matías Kulfas (Producción) y Claudio Moroni (Trabajo). Entonces, se multiplican los pedidos para que el Presidente avance en la convocatoria a un “consejo económico” al estilo del que lo asesora en materia sanitaria, un hallazgo político de Alberto F. luego de que el ministro Ginés diera algunos pasos equívocos.
El Presidente no da señales en ese sentido. Por el contrario, apela a una suerte de liderazgo moral –basado en el éxito de la cuarentena en comparación con la tragedia que experimentan otros países- y presenta como mezquinos los argumentos de quienes advierten que no se debe descuidar la economía. Cada vez está más presente en el discurso presidencial la línea que marca desde el Vaticano el Papa Francisco. “Nadie se salva solo, la salvación es comunitaria”, lo invoca.
Ese fue el mensaje que Alberto F. dejó ante el Grupo de Puebla, un foro continental de líderes progresistas para el cual el Presidente argentino se transformó en una referencia política, sobre todo porque pone en tela de juicio la línea economicista de Donald Trump en los Estados Unidos y de Jair Bolsonaro en Brasil. Puertas adentro de la Argentina, el Gobierno emparenta a esos líderes con Mauricio Macri, quien le hizo un planteo similar a Alberto F. pero luego se llamó a silencio.
En la relación con la oposición, el Presidente prefiere interactuar con gobernadores e intendentes de la UCR y el PRO, que en gran medida están apoyando su decisión de mantener la cuarentena de manera estricta. Por eso Alberto F. les abrió ahora el juego a las provincias para que definan en qué zonas o regiones de sus territorios se podría flexibilizar el aislamiento y la circulación de las personas. Aunque el mandatario se reserva para sí la última palabra. Esto es, la decisión final.
En esta etapa signada por el coronavirus, la toma de decisiones se concentra en la quinta de Olivos. Ahí solamente se sientan a la mesa chica unos pocos funcionarios, como el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro del Interior Wado de Pedro. Como se vio en la conferencia en la que Alberto F. anunció la extensión de la cuarentena, hasta el ministro de Salud tiene un papel secundario allí. Otros, de afuera, tienen mucha influencia como Cristina y Eduardo Duhalde.
“El que piensa que después de la pandemia se va a seguir gobernando igual, no entiende nada de política”, avisó –en tono misterioso- el expresidente tras una visita a Olivos.
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