El Estado de Policía es aquel donde el gobierno para controlar a la sociedad suprime las libertades civiles y exacerba los mecanismos de vigilancia con espionaje y fuerzas represivas. Para que el aparato funcione es menester eliminar las garantías constitucionales del Estado de Derecho, que es justamente lo opuesto al Estado de Policía.
El Estado de Policía no suprime libertades horizontal ni fortuitamente. Lo hace vertical y selectivamente sobre los más débiles. En un régimen donde la mayoría de la sociedad es despojada del excedente económico que ella produce por la vía de empresas oligopólicas con apoyo estatal, de especulación financiera y del endeudamiento externo, el Estado de Policía surge como la contracara inevitable para disciplinar a los desposeídos.
Con el aumento sideral del endeudamiento externo y fuga de capitales (los dólares que entran no se invierten, se vuelven a ir por donde entraron una vez valorizados gracias a las extravagantes tasas de interés de la argentina de hoy) es de prever mayor contracción del mercado interno (implica pérdida de empleos) y recortes presupuestarios para poder pagar los intereses de esta deuda incremental.
Si consideramos que el 40 por ciento del presupuesto público nacional se destina a prestaciones de la seguridad social contra el 10 por ciento que es para pago de intereses de la deuda, se observa que en este esquema extractivo se necesitará dar vuelta esa proporción. Así se empieza a reconocer quiénes serán los damnificados del Estado de Policía: trabajadores en sus variantes de activos, jubilados y pensionados.
De allí que el Estado de Policía avanza aniquilando garantías como las de presunción de inocencia del artículo 18 de la Constitución. Declara culpables a las personas con capacidades diferentes, becarios de capacitaciones y pensionados por el delito del artículo 174 inciso 5 del Código Penal (fraude contra la administración pública) hasta que ellas no demuestren lo contrario probando nuevamente que eran sujetos del Derecho del que venían gozando.
Sobre los empleados públicos, a través del Ministerio de Modernización, rige idéntico avasallamiento. En lo que hace a los trabajadores del sector privado, por ahora solo están imputados sus representantes: los abogados laboralistas han sido acusados por el primer mandatario del delito de asociación ilícita y los dirigentes de los movimientos sociales de intimidación pública.
Entre las aniquilaciones de derechos individuales y colectivos que supone el Estado de Policía se encuentra la del Derecho a la Honra y la Dignidad garantizado por el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, constitucionalizada por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Dignidad es el derecho que tiene cada persona a ser tratado con respeto por el hecho de ser humano. Cuando son puestos bajo la presunción de ser ñoquis, vagos, timadores y son patrullados por organismos públicos que van desde la ANSeS, Desarrollo Social y Educación queda claro que están siendo sujetos a un trato indigno.
El Estado de Policía es el futuro inmediato que nos espera si muchos siguen confiando que la docilidad y resignación individual será el antídoto que evitará que a ellos, más temprano que tarde, también les toque ser las víctimas de sus consecuencias.
(*) Doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno, docente Universidad de Avellaneda
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