En Argentina, adquirir un vehículo cero kilómetro se ha convertido en una tarea cada vez más difícil y costosa debido a la carga tributaria que se impone sobre esta operatoria. Los impuestos y gravámenes asociados a la compra de automóviles han generado un debate acerca de su impacto en la industria automotriz y en los consumidores.
La carga impositiva constituye el 54% del precio de un vehículo nuevo, según calculó la Asociación de Fabricantes de Automóviles (Adefa). Como dato para comparar cuál es la presión tributaria en los países vecinos, en Chile ronda el 27% y en Brasil el 30%.
Uno de los impuestos más impactantes es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se aplica a todos las ventas de bienes y servicios. En el caso de los autos nuevos, el IVA representa un porcentaje significativo del precio final. Además, se suma el Impuesto a los Automotores (patente), que varía según la provincia de residencia del comprador y la valoración fiscal del vehículo.
Otro tributo importante es el Impuesto a los Sellos, que grava los contratos y documentos que se utilizan en la compra-venta de vehículos. El porcentaje aplicado varía según la jurisdicción y puede llegar a representar una suma considerable.
Adicionalmente, existe un impuesto específico para los vehículos -que no necesariamente son de alta gama- conocido como “impuesto al lujo”. Este gravamen se aplica a los automóviles que superan cierto valor establecido y puede elevar significativamente el costo final para los compradores de este tipo de vehículos. Hay más de 170 modelos -sin contar versiones- alcanzados por los gravámenes del 20 y 35 por ciento, según corresponda.
Este tributo distorsivo, como lo califican las automotrices, entró en vigencia en enero de 2014 con el objetivo de castigar a los autos “de lujo”, pese a que, en la práctica, afecta no sólo a los vehículos del segmento premium.
La acumulación de estos impuestos ha generado críticas en sectores diversos, ya que señalan que estos gravámenes desincentivan la adquisición de vehículos nuevos, tanto a los consumidores como a la industria automotriz.
Esta situación ha llevado a que muchos opten por adquirir vehículos usados, que están exentos de algunos de estos impuestos. Esta tendencia ha impactado negativamente en las ventas de autos nuevos y ha generado preocupación en los fabricantes y concesionarios de vehículos.
Los impuestos que gravan la compra de vehículos nuevos representan una carga significativa para los compradores. La acumulación de impuestos como el IVA, la patente, el impuesto a los sellos y el impuesto al lujo ha encarecido los precios finales y dificultando el acceso de muchos argentinos a un auto nuevo. La revisión de estas cargas tributarias se ha convertido en un tema de debate, ya que se busca encontrar un equilibrio que fomente el consumo y a su vez permita la recaudación necesaria para el Estado.
El desglose de los impuestos y tasas que debe pagar el flamante propietario de un 0 kilómetro en la Argentina es asfixiante. Si se hace un rápido cálculo mental a medida que se van sumando los porcentajes queda de manifiesto cómo encarecen el monto final.
Impuesto al Valor Agregado (IVA), 21% para autos y 10,5 para utilitarios; Ganancias, 4,50%; Impuesto interno (popularmente conocido como “impuesto al lujo”), 20% para las unidades de más de $8.200.000 de precio al público y 35% para las que superen los $15.500.000 (montos que rigen entre el 1° de junio y el 30 de agosto); Impuesto sobre los débitos y créditos, 0,6%; Ingresos Brutos, 10% sobre el margen del concesionario en la ciudad de Buenos Aires (CABA) y 2,3% en provincia de Buenos Aires; Impuesto de sellos, 3% y Tasa de Seguridad e Higiene municipal, 1%. Patente (5% a pagar en cuotas), inscripción del vehículo -lo que se conoce como transferencia- (2% para los autos importados y 1,5 para los nacionales) y pequeños ítems que engrosarán el desembolso final como el título, la cédula verde, la chapa patente, el alta en rentas, los formularios 01, 12 y 13 que entregan los concesionarios y la oblea que exime de la VTV por los primeros dos o tres años de la unidad. Claro, una vez cumplido ese último plazo también habrá que hacer la verificación cada dos años en CABA y al cabo de 12 meses en la Provincia.
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