Diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para que los bloqueos a empresas realizados en el marco de conflictos gremiales sean considerados delitos penales.
La iniciativa impulsada por la cordobesa Laura Rodríguez Machado, que también lleva las firmas de Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal, entre otros, propone que “quienes bajo el pretexto de razones gremiales impidan o estorben el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial” sean penados con reclusión o prisión de tres a ocho años. Asimismo, los implicados quedarían inhabilitados para ejercer su representación gremial por el doble del tiempo de la pena. Rodríguez Machado explicó que a diferencia de otros proyectos, este no utiliza el enfoque de la “extorsión” sino el de la violación de la propiedad privada. “Hoy no es considerado un delito penal”, reclamó.
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