Tras una semana que estuvo dominada por la tensión política que provoca la reforma judicial, el presidente Alberto Fernández intentará en los próximos días avanzar con una agenda vinculada a la resolución de los problemas económicos y de la inseguridad que afectan a la población. Serán, de aquí en más, los dos grandes temas de gestión que el Gobierno proyecta para la pospandemia.
En el plano económico, el Presidente encabezará mañana junto al ministro Martín Guzmán la oficialización del acuerdo con los bonistas externos, con detalles como el nivel de aceptación –que este fin de semana guardaron bajo siete llaves- y la hoja de ruta para las conversaciones con el Fondo Monetario, con el objetivo de conseguir financiamiento para el 2021-2024.
En la Casa Rosada, ante una audiencia de gobernadores, Alberto F. y Guzmán celebrarán el acuerdo con los acreedores y darán señales sobre la negociación que viene: ¿Tendrán que implementar un ajuste? En la carta que el Gobierno envió Kristalina Georgieva, la titular del FMI, se incluyó la promesa de buscar “un sendero fiscal consistente”, que aparentemente será a través de aumentos impositivos y no de reducción de gastos.
En la misiva, firmada por Guzmán y Miguel Pesce, el presidente del Banco Central, se admitió que el déficit fiscal primario trepó al 3,3% del Producto Bruto Interno en el primer semestre del año. El regreso al programa del FMI genera ruido en el oficialismo, pero en el Gobierno consideran que no habrá otra manera de pagar vencimientos por hasta 32.000 millones de dólares hasta 2024.
Para la negociación con el “staff” del Fondo se abrirán dos caminos: solicitar un nuevo “stand by” o, en su defecto, un “extend fund facility” en cuyo caso el organismo exigirá un programa económico. Los requerimientos históricos del Fondo se enfocan en el sistema previsional. Por eso, no pasa inadvertido que se sigue discutiendo la suspendida fórmula de cálculo de las jubilaciones, como se descontaba también plantearían que para dar competitividad a la industria es necesaria una reforma de la legislación laboral.
El gasto en seguridad social será un capítulo clave del proyecto del Presupuesto 2021 que el Gobierno enviará al Congreso junto a una reforma tributaria, de la que trascendió una posible suba del Impuesto a las Ganancias para las empresas. “Vamos a un régimen de simplificación y las provincias y municipios que no ordenen su sistema tributario, no van a recibir incentivos”, adelantó una fuente gubernamental.
En este contexto, la presentación conjunta que harán mañana el Presidente y Guzmán buscará potenciar la idea de que el Gobierno no transitará un camino imprevisible en la economía, en medio de la incertidumbre que generan la escasez de dólares y la elevada emisión monetaria acumulada durante la pandemia. El proyecto para gravar a las grandes fortunas, que el oficialismo reflotó el viernes, sumará ruido político a una economía que necesita recuperar confianza.
El plan de seguridad
Unos días después, entre jueves y viernes, Alberto F. se meterá de lleno en la problemática de la inseguridad, específicamente la que flagela al Conurbano bonaerense. El Gobierno nacional destinará unos $10.000 millones a la compra de equipamiento para las fuerzas. Ese fondo será repartido entre la Provincia y los 24 municipios del GBA.
El plan contra la inseguridad, que por el momento no incluirá a la región capital de la Provincia –La Plata, Berisso y Ensenada- ni a municipios del tercer cordón del Conurbano como Escobar, Pilar o San Vicente, será lanzado en un distrito del Gran Buenos Aires, donde el Presidente aparecerá junto al gobernador Axel Kicillof y a un grupo de intendentes del FdT que empujó la iniciativa. “Terminé haciendo un discurso giulianesco (por el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani) por este”, señaló Alberto F. a Sergio Massa, uno de los asistentes a la “mesa de los martes” que se tiende en la quinta de Olivos, a la que se sientan ministros y legisladores como Máximo Kirchner.
En el Gobierno recuerdan que en 2009 y en 2013 el oficialismo perdió las elecciones de medio término con Francisco de Narváez y el propio Massa, ambos a caballo del discurso de la seguridad. Por eso el lanzamiento, que hará eje en la consigna “vivir sin miedo”, puede considerarse preventivo por parte del oficialismo, para evitar que la oposición tome esa bandera en los comicios legislativos de 2021.
La reforma judicial
Massa le dijo a Alberto F. que el proyecto de reforma judicial requerirá de un tratamiento de “dos meses, mínimo” en la Cámara de Diputados. Tras la polémica aprobación en el Senado, donde se le introdujeron múltiples cambios durante la sesión, la iniciativa sufrirá más modificaciones porque el oficialismo necesita sumar apoyos. El juicio por jurados será incluido en el debate, así como el empalme con el sistema acusatorio, que no fue tenido en cuenta por el Gobierno. El Presidente también le pidió a Cristina que quitara la “cláusula Parrilli” del proyecto, que apuntaba a los medios.
Además hizo gestiones en forma personal para que un sector de la oposición apoye la reforma. Recibió en la quinta de Olivos al senador Martín Lousteau y al histórico referente radical Enrique “Coti” Nosiglia. Mientras que el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello, se comunicó con otras figuras de la UCR como Alfredo Cornejo, Julio Cobos y Luis Naiddenoff.
En la negativa de Lousteau y de Cornejo se rastrearon enojos posteriores de Alberto F. Uno de ellos fue con el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, socio político de Lousteau. El otro fue con el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, delfín radical de Cornejo. Con ambos tuvo visiones contrapuestas sobre la implementación de la cuarentena por el coronavirus y no se preocupó por ocultar su fastidio.
El Presidente habló de la “opulencia” de la ciudad de Buenos Aires y le recordó al gobernador mendocino que él le había “avisado” lo que sucedería si disponía una apertura indiscriminada de actividades. En ese marco, Alberto F. cambió el formato de comunicación sobre la pandemia. Aunque los que transitan el entorno presidencial deslizan que la pelea con Larreta –que incluyó el rechazo a un protocolo para que 5.000 chicos desconectados se revinculen al sistema educativo porteño- es para tranquilizar al kirchnerismo.
La estrategia de JxC
La oposición legislativa nucleada en Juntos por el Cambio mantiene una postura de rechazo intransigente a la reforma judicial. Pone en tela de juicio el costo de la iniciativa y el hecho de que los cargos a crear (unos 900, muchos comunicados a última hora en el Senado) serán cubiertos inicialmente con jueces subrogantes, que siempre están a tiro de la lapicera política.
En la principal coalición opositora están convencidos, como señaló el jefe del interbloque de diputados de JxC, Mario Negri, que la reforma fue “pensada para resolver causas del poder con la Justicia”. El propio Negri deberá definir en las próximas horas, junto a sus socios del PRO y la Coalición Cívica, si se presentan a la sesión especial de la Cámara baja convocada para el martes –para tratar temas relativos al turismo y la pesca ilegal- o si se ausentarán del debate.
A su vez, la coalición opositora podría judicializar la convocatoria, con el argumento de que se violará el reglamento del cuerpo, ya que está vencido el protocolo de sesiones remotas aprobado para funcionar en tiempos de pandemia.
La postura de JxC coincide con la de su electorado, que rechaza en forma tajante la figura de Cristina. Y la contrafigura de la dama, el expresidente Mauricio Macri, regresaría al país el próximo miércoles tras su periplo europeo, antes de lo previsto, para recuperar protagonismo en la oposición.
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