El cese de comercialización de granos y hacienda convocado por la Mesa de Enlace que tuvo lugar entre el lunes y el jueves de esta semana dejó en claro el malestar de los productores en torno al incremento porcentual de los derechos de exportación a la soja, al tiempo que también reflejó un escenario de diferencias entre las agrupaciones ruralistas, sobre todo a partir del análisis de la oportunidad de la medida de fuerza y de la evaluación que hace cada entidad sobre la decisión del gobierno de segmentar las retenciones en base a los quintales de producción.
“El nivel de adhesión fue alto”, afirma el ingeniero Héctor Huergo, responsable de contenidos rurales del Grupo Clarín, y especialista en el mercado de granos, quien también aclara que esta protesta se produjo en un momento en el que “no era complicado no vender” ya que todavía no empezó la cosecha.
En donde se vio reflejado el impacto fue en el Mercado de Liniers, ya que allí “no hubo prácticamente entradas” en esos días, según remarca Rodrigo Esponda, expresidente de la Sociedad Rural de Junín y actual delegado de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
No obstante, para Jorge Solmi, exvicepresidente de Federación Agraria Argentina (FAA), es relativo el impacto de la foto del Mercado de Liniers con los corrales vacíos, “porque ese mercado representa una parte muy chica, es un 10% de la carne que nosotros comemos, y la actividad de los frigoríficos ha sido normal”. Y agrega que “el movimiento de camiones en fábrica y puertos también fue normal”, por lo que concluye en que “la medida, como se ve, fue un fracaso”.
Oportunidad del paro
La oportunidad del paro, con un gobierno que asumió hace cien días, es otro de los temas de debate.
“Este fue un paro netamente político”, asevera el productor agropecuario local Javier Siñeriz, para luego ampliar: “No vi el mismo entusiasmo con los aumentos de los impuestos en los últimos años, o las subas de los combustibles que, para el campo, fueron muy importantes”.
Para Esponda, “el gobierno de Fernández no lleva cien días: lleva doce años y cien días”. Y agrega: “Hasta ahora han demostrado que es lo mismo que las presidencias de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. No es un gobierno nuevo, por lo tanto, los tiempos no me parecen apresurados.
Al igual que Esponda, otro expresidente de la Sociedad Rural de Junín, Alejandro Barbieri evalúa que esta administración “está transitando el año número trece, de hecho, se encargaron de decir que volvían en toda la campaña. Las personas que están a cargo cambiaron de lugar, pero volvieron casi todos”.
Solmi, en tanto, advierte que la dirigencia debe analizar la oportunidad, el mérito y la conveniencia para una medida de fuerza: “Acá no hubo oportunidad porque fue cuando se llevaba menos de cien días de gobierno y se produjo luego de que se anunciara el aumento para la soja solamente, que se iba a implementar para productores de más de diez mil quintales, que algunos cultivos se mantenían y otros bajaban, que se les daba una mano a las economías regionales. Y también está el mérito, porque ¿cuál es la propuesta superadora que estaban llevando las entidades? Es la primera vez que veo un paro sin propuestas”.
En su análisis, Huergo estima que el cese de comercialización de esta semana “fue una medida totalmente inoportuna e impolítica”. Aun cuando su posición desde hace veinte años es contraria a las retenciones, opina que esta vez fueron incorporadas en el proyecto de Ley de Emergencia Económica y Solidaridad. “Una cosa es cuando se trata de una decisión del Poder Ejecutivo, pero otra muy distinta es cuando fue aplicado por ley, es más difícil revertir eso, no se puede hacer como en el año 2008 cuando se logró evitar, precisamente, que se apruebe una ley. Ahora habrá que tragar saliva, organizarse, tener mucho criterio político, habilitarse a un juego que es largo y tedioso, y, en la medida en que uno entra en esa dinámica, ir pidiendo algún tipo de compensación que atenúa el impacto fenomenal de semejante golpe”.
Búsqueda de consensos
Otro punto de discusión fue el de la representatividad de la Mesa de Enlace en este contexto, ya que hay analistas que consideran que se vio poco menos que obligada a lanzar una medida de fuerza, presionada por los autoconvocados y las bases de sus organizaciones.
Huergo observa que la Mesa de Enlace “tuvo una actitud muy criteriosa” al tratar de negociar con el gobierno y luego quedó “mal parada” cuando se definió la última suba de tres puntos de retenciones a la soja: “La dirigencia ha sido muy prudente y, en determinado momento, tuvo que ceder a la presión de un grupo de autoconvocados que estaba con una actitud muy extrema. CRA aflojó, arrastró a la Sociedad Rural y a Coninagro, y finalmente se dividió la mesa de enlace porque Federación Agraria no estuvo de acuerdo”.
Los ruralistas que forman parte de las instituciones subrayan que las máximas autoridades cumplen con el mandato de las agrupaciones de primer grado. “Por ejemplo, CRA está conformada por 16 confederaciones que, a su vez, cuentan con cientos de sociedades rurales –explica Esponda– con lo cual, son las bases las que deciden su posición. Esa es la representación: no tengo ningún tipo de dudas de que la mesa de enlace conduce. Habrá gente que estará más de acuerdo, otras que lo estarán menos y está bien que así sea, es natural que haya diferencias de criterios”.
Barbieri añade que “el objetivo del gobierno es dividir a las entidades”, y cuestiona que en el sector hay “un gremialismo un poco amateur” que, a veces, “entra en el juego de los políticos, cosa que no se debería permitir”.
Para Solmi, en cambio, “la Mesa de Enlace, como instrumento gremial y de conducción, dejó de existir en el año 2008, después de la 125”. Y profundiza: “Se pueden reunir y sacarse fotos, pero no conducen. Para que funcione, tiene que proponer, algo que es muy difícil porque las visiones son antagónicas. Los catorce puntos que firmó la mesa de enlace y le llevó al gobierno son rechazados por la mayoría de las bases de Federación Agraria”.
Además, el productor de Pergamino indica que hay cuestiones políticas que se entrecruzan: “Una de las entidades tiene un presidente que fue legislador por la oposición (Jorge Chemes, de CRA). Por tradición, cuando alguien de una entidad se iba a la política ya no regresaba a los cargos de decisión porque esas instituciones son muy plurales. Entonces creo que hubo una presión que tiene mucho que ver con la política, si no, no se explica cómo se lanzó un paro a un gobierno que lleva cien días en el ejercicio del poder”.
Segmentación
El anuncio del Gobierno, previo a la medida de fuerza, dispuso un aumento de tres puntos en las retenciones a la soja y, además, estableció un esquema de segmentación mediante el cual pagan más los productores de más de mil toneladas, pero bajan en una escala decreciente desde el 29% hasta el 20% para los productores más chicos. También se definió una disminución en la imposición en otros 25 productos.
Esto también generó una grieta entre las agrupaciones ruralistas, con Federación Agraria de acuerdo con este modelo, y el resto rechazándolo.
Siñeriz, asociado a Federación Agraria y a la Sociedad Rural de Junín –aunque sin participación activa– sostiene que “el pequeño y mediano productor está de acuerdo con esta medida, más allá de las entidades a las que pertenecen”.
Barbieri, en tanto, cree que no debería haber retenciones de ningún tipo. “El campo tiene que pagar los mismos impuestos que todo el mundo, no estos gravámenes que son distorsivos –sentencia–, hay una idea equivocada de algunas entidades de hablar de segmentación, que hace que pierda el productor, para eso está el impuesto a las ganancias: el que gana más, paga más. Obviamente hay que hacer una reforma impositiva integral, pero mientras en el mundo se subsidia al agro acá se le saca la plata”.
Esponda recuerda que algo similar ya se experimentó en el pasado, con programas como Maíz Plus o Trigo Plus. “¿Cuántos molinos cobraron lo que les iban a devolver?, ¿cuántos feed lots recibieron lo que les prometieron?”, se pregunta el actual delegado regional del Renatre. Es que, al hablar de compensaciones y devoluciones, los chacareros recuerdan lo que sucedió en el último período kirchnerista. “Por eso digo que no es un gobierno nuevo que permite tener expectativas, la credibilidad se genera con trabajo y con actos, y este gobierno demostró que no cumple lo que promete, entonces es muy difícil creerle”, insiste Esponda.
“Hay que ver que no pase lo mismo que en el gobierno de Cristina Fernández, con la Oncca, que las compensaciones las cobraban solamente algunos, generalmente los grandes, porque el sistema era tan burocrático y perverso que el chico no lo cobraba”, coincide Siñeriz.
Huergo cree que se podría aplicar sin problemas el esquema de compensaciones y devoluciones. Y ejemplifica: “Hoy existen millones de planes sociales que se dan solamente con el CUIT o CUIL, así que se puede implementar. La mecánica para distribuir no es un inconveniente para la Argentina, el tema es que no tenemos qué distribuir. Si el gobierno dice cómo lo va a hacer, lo anuncia y lo practica, creo que eso va a ayudar a calmar los ánimos”.
Además, considera que hay otras herramientas que se podrían instrumentar, “como decretar que las retenciones se pueden tomar como pago a cuenta de Ganancias, sería una válvula de escape porque el gobierno seguiría recaudando, no habría tanto sacrificio fiscal y ayudaría mucho a los productores”.
De acá en más
Planteado este escenario, de cara al futuro no cree en que haya un cambio rotundo en las políticas oficiales y un eventual endurecimiento de la posición de los ruralistas “dependerá de cómo actúe el gobierno de acá adelante”.
Para Solmi, “hay que resolver el cuadro impositivo, las políticas de promoción fiscal y las de promoción financiera”, algo muy difícil sobre todo en el actual contexto de incertidumbre provocado por la crisis sanitaria del coronavirus.
Siñeriz pone el acento en esperar el resultado de las negociaciones por la deuda con los bonistas y con el Fondo Monetario Internacional. “A partir de que se arregle eso, tendremos alguna posibilidad”, afirma.
Por su parte, Esponda apunta a la necesidad de “una verdadera revisión impositiva de Argentina”. Y ahonda: “Tiene que haber un sistema impositivo justo, lógico, que no distorsione la producción. No se trata de no pagar, tenemos claro que el estado se financia con los impuestos que pagan los contribuyentes, que los hospitales, la educación, la seguridad, el desarrollo se sostienen con lo que aportamos, pero lo que hay que cambiar es la matriz tributaria que tiene este país que distorsiona la producción y la entorpece. Hay que pensar en impuestos más simples, más fáciles de cobrar y controlar, que estén dirigidos a promover la producción, y que nos incentive a producir cada vez más que, en definitiva, es lo que nos va a sacar de la pobreza”.
Finalmente, sobre la coyuntura, Huergo vislumbra que “las entidades van a lograr contener un poco la bronca de los más extremos, sobre todo en el marco de la crisis social y sanitaria que se ha desencadenado”, y que es probable que se abra un compás de espera: “Hay que bajar los decibeles, no estamos para peleas porque ahí sí que pierden todos, y a partir de eso ver qué es lo que se puede conseguir para empezar a andar otros caminos”.
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