Ordenaron reabrir el caso de Santiago Maldonado

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia reabrió la investigación por la muerte de Santiago Maldonado y ordenó pruebas para determinar si pudo haber abandono de persona por parte de personal de Gendarmería o miembros de la comunidad mapuche que estaban junto al joven en agosto de 2017.
“Nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos”, advirtieron los camaristas Aldo Suarez, Javier Leal de Ibarra y Hebe Corchuelo de Huberman en el fallo al que accedió Télam.
El Tribunal de Apelaciones resolvió así una apelación presentada a principio de año por los querellantes del caso, ratificó que no se probó el delito de desaparición forzada, pero revocó el sobreseimiento al gendarme Emmanuel Echazú y también el cierre de la pesquisa.
Los jueces explicaron que las pruebas existentes confirman que la “hipótesis más probable del hecho es la asfixia por sumersión”, pese a lo cual sostuvieron que buscan “despejar cualquier duda razonable y favorecer el derecho a la verdad”.
Pero abre un interrogante sobre la responsabilidad de quienes pudieron haberlo visto agonizando y no lo asistieron.
Sobre esto último, un párrafo de la resolución de la Cámara indica que “existen puntos de convergencia que permiten concluir que quienes vieron por última vez a Santiago Maldonado fueron Lucas Ariel Naiman Pilquimán, Matías Daniel Santana y Nicasio Luna Arratia”.
“De allí aparecería corroborable la hipótesis que coloca a Maldonado corriendo hacia el río (Chubut) y luego permaneciendo agazapado bajo unos sauces, ya que no se atrevió a cruzar el mismo y tampoco fue auxiliado por sus compañeros de huida, quienes si alcanzaron la otra orilla, viéndolo por última vez”, indica un párrafo del texto firmado por los camaristas.
Para los jueces, sin perjuicio de que no se trató de una desaparición forzada, la participación en la escena de los gendarmes está probada toda vez que el deceso “aconteció en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de la herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión del delito”.
También determinaron que corresponde ampliar “la investigación a efectos de verificar o descartar la existencia de alguna otra hipótesis delictiva”, luego de confirmar la decisión de descartar el delito de desaparición forzada de persona.
“La investigación no se encuentra agotada”, advirtió la Cámara tras indicar que jueces y fiscales de primera instancia “han desarrollado una ardua labor investigativa”.