Piden juicio político para el juez que denunció un robo desde un prostíbulo

El juez Onildo Stemphelet, quien denunció que una mujer con la que tuvo sexo en un prostíbulo le robó dinero, ya tiene tres causas en su contra. Pero el panorama se complicó aún más para el titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 de Bahía Blanca: en primera instancia la Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó la licencia obligatoria por 90 días del magistrado y ahora, la Procuración General provincial pidió que sea sometido a juicio político. 
A partir de la denuncia presentada por la Procuración General provincial ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales bonaerenses, este organismo deberá convocar a un sorteo de cinco legisladores e igual cantidad de abogados de la matrícula, para conformar el jurado que deberá revisar la conducta del juez.
Al magistrado se le cuestiona, en primera instancia, no haber concurrido a la sede policial o judicial a radicar la denuncia luego del hecho. Según fuentes policiales, el juez les dijo a los efectivos que como era un magistrado podía hacer la denuncia en cualquier momento. 
A raíz del escándalo protagonizado por el juez se abrieron dos investigaciones en fiscalías de Bahía Blanca. El expediente por el robo quedó a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, quien advirtió que en el momento del hecho no se había notificado del delito al Ministerio Público, diligencia judicial obligatoria en todo proceso. El fiscal confirmó que inició una nueva investigación por presuntas irregularidades en el procedimiento, que "fue extraño desde el inicio”. 
A partir de esta irregularidad, el fiscal descubrió la sucesión de faltas administrativas cometidas por el juez y abrió una segunda causa. El restante expediente se instruye en la fiscalía de Delitos Sexuales, con el objetivo de determinar si en el privado de Rivadavia 2280 se registró el delito de trata de personas. 
Según la investigación encarada por el fiscal Romero Jardín, el juez no hizo la denuncia en el momento del robo y avaló un allanamiento sin orden judicial. La mencionada norma también establece que un juez podrá ser sometido a un juicio político cuando "una acción u omisión implique la defección de la buena conducta que exige la Constitución para el desempeño de la magistratura".
En esa línea, la ley 13.661 establece que los jueces podrán ser sometidos a un jurado de enjuiciamiento cuando cometan actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone. En el caso del juez bahiense, esta circunstancia estaría probada a partir del momento en que los policías lo encontraron en el privado de Rivadavia 2280. La ley establece que los magistrados podrán ser juzgados "cuando cometan graves irregularidades en los procedimientos a su cargo".