Sin apuro, Vidal dilataría varios meses las designaciones en el Tribunal de Cuentas

María Eugenia Vidal tomó la decisión de no dejarse apurar con los nombramientos que se necesitan en el estratégico Tribunal de Cuentas de la Provincia para que ese organismo vuelva a tener la facultad de alcanzar el quórum mínimo para su funcionamiento, dictar fallos y aplicar las sanciones que correspondan ante las irregularidades administrativas que se detecten.
Según fuentes del Ejecutivo provincial, el tema estará congelado por lo menos hasta después de las vacaciones de invierno. Voceros legislativos, sin embargo, hablan de que la dilación se prolongaría hasta el inicio de 2019.
En verdad, y contrariamente a lo que se estima en el mundillo político, Vidal no está apurada por los tiempos de funcionamiento del organismo.
Es que, antes de quedar disfuncional, el Tribunal -que ausculta anualmente las cuentas de la administración provincial, organismos descentralizados y municipios de la Provincia- liquidó el estudio de todo lo relacionado a los números del año 2016. Ahora, pues, debería abocarse a los gastos del año 2017. 
Pero para ello, según la ley vigente (Nº 10.869 y una decena de modificatorias), tiene tiempo hasta los meses de abril y mayo de 2019. Por lo tanto, hay tiempo para completar los sillones que faltan, una grilla que la gobernadora pretendería utilizar para negociar otras cuestiones con la oposición. Por ejemplo, el Presupuesto del año que viene. Un acuerdo tácito entre la gobernación y el Tribunal de Cuentas –básicamente con su presidente, Eduardo Grinberg- se habría cerrado en torno a este tema.
De esta cuestión habló Vidal con Sergio Massa, el líder del Frente Renovador, durante un publicitado almuerzo la semana pasada. También se lo hizo saber al alcalde de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, cabeza del espacio que nuclea a los “intendentes dialoguistas” del peronismo bonaerense.

La política bonaerense siempre apeteció las vocalías en el Tribunal, a las que se accede con mayorías simples del Senado.

La charla con el lomense fue ayer mismo y terminó mal, con enojo de la gobernadora incluido. Es que Insaurralde le habría plantado a Vidal una suerte de intercambio: ofreció el apoyo del bloque de los ocho diputados provinciales que responden a los intendentes en la sesión de mañana, cuando se trate la ley que baja el componente impositivo de las tarifas de servicios públicos, a cambio de un lugar en el Tribunal de Cuentas para el PJ.
No prosperó y la gobernadora, en privado, acumula acusaciones respecto a que esos alcaldes “no la bancan” en cuestiones sensibles. Probablemente, el que ayude en el tema tarifas sean Massa y sus legisladores. 
Breve reseña: el Tribunal que vigila las cuentas provinciales se quedó con sólo dos de los cinco miembros que prevé la ley cuando se jubiló, hace pocos días, el vocal Gustavo Fernández, uno de los dos responsables de analizar las cuentas de las municipalidades.
El año pasado se había retirado el otro responsable de las rendiciones de cuentas comunales, Héctor Giecco. Y en 2016 falleció la cuarta vocal, Cecilia Fernández, quien tenía a cargo los números de la gobernación. Por lo tanto, sólo quedan en sus cargos el presidente del cuerpo, Grinberg, y el vocal Miguel Teilletchea, a cargo de las reparticiones autárquicas y entes especiales. 
Así, el organismo perderá la posibilidad de alcanzar un mínimo de tres miembros para llegar al quórum para dictar fallos y establecer penalidades a funcionarios e intendentes. Sí puede seguir realizando las tareas contables cotidianas, de lo que se encarga un numeroso cuerpo de profesionales. 
La política bonaerense siempre apeteció las vocalías del Tribunal, a las que se accede con mayorías simples del Senado. Son cargos vitalicios.
En su momento, la muerte de Fernández y la salida de Giecco abrieron negociaciones del oficialismo con el PJ dialoguista, el massismo y hasta el kirchnerismo. Todos dicen tener nombres, lo que abrió una interminable danzas de candidatos nunca confirmados.
El que parecía más firme era el nombre que sonaba en Cambiemos para aportar al Tribunal: el de la actual secretaria de Legal y Técnica de la gobernación,
María Fernanda Inza, que es contadora, uno de los requisitos que deben cumplir los que aspiran a incorporarse al cuerpo como vocales. Inza es una histórica del macrismo y cuenta con la confianza de la gobernadora.
Sin embargo, y este es un dato que puede haber enfriado el frenesí oficialista por completar el organismo, Inza no cumpliría con otro requisito que pide la ley orgánica del Tribunal: tener cierta antigüedad ejerciendo la profesión en territorio bonaerense.
En efecto, según el artículo 2º de la Ley 10.869: “Para ocupar el cargo de Vocal, se requiere, ser ciudadano argentino, tener treinta (30) años de edad, título de Contador Público con seis (6) años de ejercicio profesional en la Provincia como mínimo”. Inza, según fuentes oficiales, está matriculada en la Ciudad de Buenos Aires.
El otro requisito es más laxo: “Tener domicilio real inmediato anterior no menor de un (1) año en la Provincia”. La historia reciente dice que ese siempre ha sido un problema solucionable.