UNA MEDIDA QUE RECHAZABAN LOS VECINOS
Frenaron la construcción del muro que separaba dos comunas
La Justicia ordenó paralizar el levantamiento de la pared que dividía un sector de San Fernando y San Isidro.
La polémica obra de construcción de un muro que separaba dos barrios de San Fernando y San Isidro para "contener el delito", quedó ayer paralizada por orden de la Justicia, que hizo lugar a una medida cautelar en la que se calificaba a la decisión de erigir el paredón como "dis-criminatoria" y "violatoria de derechos constitucionales".
Mientras se conocía esa decisión judicial, los mismos vecinos de la zona de San Fernando afectados por la medida dispuesta por el municipio de San Isidro, destruyeron con masas varios bloques de hormigón dispuestos para levantar el enorme paredón que pretendía separar el humilde barrio de Villa Jardín de la localidad de La Horqueta.
Durante la mañana, cerca de las 10, al menos 30 hombres, algunos con chalecos y gorros verdes con inscripciones del sindicato de Camioneros comenzaron a derribar el muro de la discordia. Poco antes, otros vecinos habían destruido con masas varios bloques de hormigón que estaban apilados en las inmediaciones para la construcción del muro.
Luego de estas acciones, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, decidió suspender la construcción del muro y al mismo tiempo que reclamó mayor medidas de seguridad en la zona. Mediante un comunicado oficial, la comuna indicó que "las autoridades municipales han decidido suspender provisoriamente los trabajos que abarcaban un total de 240 metros, a la espera de propuestas superadoras por parte de los funcionarios responsables de la seguridad".
En tanto, la decisión del intendente de San Isidro de levantar el muro cosechó ayer más rechazos de distintos sectores que condenaron la medida y aportaron más voces a una árida polémica.
El jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, salió a advertir que la Provincia no permitirá que el muro vuelva a levantarse. "(Scioli) no permitirá la reconstrucción del muro. Contamos con las herramientas legales para hacerlo y el acompañamiento de la justicia, el intendente de San Fernando, Osvaldo Amieiro y los foros de vecinos de los barrios. Fue una medida discriminatoria, inconsulta y con argumentos falaces".
Recurso de amparo
Luego de un día de fuerte polémica, el controvertido muro que Posse había ordenado levantar en el límite de su distrito con el argumento de "proteger" a vecinos de la localidad residencial de La Horqueta, quedó ayer paralizado luego de que la Justicia así lo ordenara.
El fallo fue emitido por el juez de menores Nº 1 de San Isidro, Fernando Cardadei-ro, que hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el municipio de San Fernando y ordenó paralizar la construcción.
Según explicaron funcionarios de la comuna de San Fernando, el magistrado "recomendó" instalar en el lugar un destacamento policial como una forma de solucionar el problema de la inseguridad.
El amparo había sido interpuesto por la Municipalidad de San Fernando, que calificó la medida de "discri-minatoria" y "vio-latoria de derechos constitucionales".
La resolución judicial fue acatada por el Gobierno sanisidrense, desde donde se envió, al mismo tiempo, un mensaje "cargado" a las autoridades bonaerenses y nacionales. "Afortunadamente -dijo Posse ayer-, el gobernador provincial y su ministro de Seguridad (Carlos Stornelli), el Poder Ejecutivo nacional, a través de su ministro de Justicia y Seguridad (Aníbal Fernández) han expresado su compromiso de garantizar la seguridad de nuestros vecinos".
Mientras se conocía esa decisión judicial, los mismos vecinos de la zona de San Fernando afectados por la medida dispuesta por el municipio de San Isidro, destruyeron con masas varios bloques de hormigón dispuestos para levantar el enorme paredón que pretendía separar el humilde barrio de Villa Jardín de la localidad de La Horqueta.
Durante la mañana, cerca de las 10, al menos 30 hombres, algunos con chalecos y gorros verdes con inscripciones del sindicato de Camioneros comenzaron a derribar el muro de la discordia. Poco antes, otros vecinos habían destruido con masas varios bloques de hormigón que estaban apilados en las inmediaciones para la construcción del muro.
Luego de estas acciones, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, decidió suspender la construcción del muro y al mismo tiempo que reclamó mayor medidas de seguridad en la zona. Mediante un comunicado oficial, la comuna indicó que "las autoridades municipales han decidido suspender provisoriamente los trabajos que abarcaban un total de 240 metros, a la espera de propuestas superadoras por parte de los funcionarios responsables de la seguridad".
En tanto, la decisión del intendente de San Isidro de levantar el muro cosechó ayer más rechazos de distintos sectores que condenaron la medida y aportaron más voces a una árida polémica.
El jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, salió a advertir que la Provincia no permitirá que el muro vuelva a levantarse. "(Scioli) no permitirá la reconstrucción del muro. Contamos con las herramientas legales para hacerlo y el acompañamiento de la justicia, el intendente de San Fernando, Osvaldo Amieiro y los foros de vecinos de los barrios. Fue una medida discriminatoria, inconsulta y con argumentos falaces".
Recurso de amparo
Luego de un día de fuerte polémica, el controvertido muro que Posse había ordenado levantar en el límite de su distrito con el argumento de "proteger" a vecinos de la localidad residencial de La Horqueta, quedó ayer paralizado luego de que la Justicia así lo ordenara.
El fallo fue emitido por el juez de menores Nº 1 de San Isidro, Fernando Cardadei-ro, que hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el municipio de San Fernando y ordenó paralizar la construcción.
Según explicaron funcionarios de la comuna de San Fernando, el magistrado "recomendó" instalar en el lugar un destacamento policial como una forma de solucionar el problema de la inseguridad.
El amparo había sido interpuesto por la Municipalidad de San Fernando, que calificó la medida de "discri-minatoria" y "vio-latoria de derechos constitucionales".
La resolución judicial fue acatada por el Gobierno sanisidrense, desde donde se envió, al mismo tiempo, un mensaje "cargado" a las autoridades bonaerenses y nacionales. "Afortunadamente -dijo Posse ayer-, el gobernador provincial y su ministro de Seguridad (Carlos Stornelli), el Poder Ejecutivo nacional, a través de su ministro de Justicia y Seguridad (Aníbal Fernández) han expresado su compromiso de garantizar la seguridad de nuestros vecinos".