SE POSTERGARA EL DEBATE QUE LIMITA LAS EXCARCELACIONES
La reforma penal de Daniel Scioli deberá esperar hasta el 2009
Diputados pospondrá el tratamiento del proyecto que limita las excarcelaciones.
La reforma penal que propone límites a las excarcelaciones y es reclamada por el gobernador Daniel Scioli para "dar respuesta a una demanda contundente de la sociedad" no sería convertida en ley este año, según adelantaron a este diario diputados del oficialismo.
El motivo por el cual el tratamiento del proyecto de ley impulsado por el Gobierno pasaría para el próximo año es "el poco tiempo" que, según afirman los diputados, tuvieron para analizar el texto sancionado este mes por el Senado.
Los diputados señalan que todas las energías están concentradas en el proyecto de ley de Presupuesto de la Provincia y advierten que la idea es "tratar de no meter otros temas que puedan entorpecer su aprobación" en la sesión que, se estima, se realizará el próximo martes.
De este modo, la reforma al Código Procesal bonaerense que apunta a dotar de "mayor celeridad y eficiencia a la Justicia" con nuevas herramientas legales y, al mismo tiempo, limitar y dar parámetros objetivos para ser tenidos en cuenta por los jueces al momento de otorgar las excarcelaciones, recién sería aprobada en el 2009.
Excarcelaciones
Tras la polémica instalada por el cuádruple crimen de una familia cometido por una persona que había sido beneficiada con el uso de la pulsera electrónica, el proyecto propone limitar las excarcelaciones que pueden otorgarse con ese sistema.
La reforma impulsada dispone que "siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio pudiera razonablemente evitarse", podrán ser beneficiadas con el sistema de monitoreo electrónico las personas mayores de 70 años, los enfermos terminales y las mujeres embarazadas o con hijos menores de 5 años. La morigeración de la pena podrá ser concedida también en otros casos, cuando el delito que se impute tenga prevista una pena cuyo máximo no supere los 8 años de prisión o reclusión, pero sólo "excepcionalmente" y con una comunicación previa al fiscal.
Juzgados unipersonales
Con la mira puesta en acelerar los procesos judiciales, el proyecto propone que en los casos en los que la pena a aplicar al imputado no sea superior a los 15 años de prisión, el fiscal podrá solicitar el trámite de juicio abreviado. El texto actual del Código establece que esa medida sólo puede ser solicitada para los casos cuya pena máxima prevista sea de 8 años de prisión. La iniciativa impulsada por el Gobierno prevé la creación de tribunales correccionales uniper-sonales "cuando se trate de delitos cuya pena máxima prevista no exceda de 15 años de prisión o reclusión o, tratándose de un concurso de delitos, ninguno de ellos supere dicho monto".
Los tribunales seguirán siendo de tres jueces cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos y cuando el imputado o su defensor requieran la integración colegiada.
Por otra parte, el proyecto dispone que los juicios "deberán celebrarse dentro de los seis meses de radicada la causa en el órgano de juicio, plazo que el juez o tribunal podrán prorrogar por única vez, cuando se disponga una instrucción suplementaria que no permita su realización en dicho término".
La falta de realización del debate dentro del plazo fijado será sancionada con la pérdida de competencia del juez o el tribunal.
Derechos de las víctimas
La reforma penal también reconoce al particular damnificado (víctima del delito) la facultad de formular acusación y abrir autóno-mamente el juicio cuando no esté de acuerdo con el sobreseimiento del fiscal. De este modo se le garantiza "el derecho a ser oído". En el debate oral podrá acusar y sostener la acusación fiscal no obstante el retiro que pueda realizar el funcionario público.
El motivo por el cual el tratamiento del proyecto de ley impulsado por el Gobierno pasaría para el próximo año es "el poco tiempo" que, según afirman los diputados, tuvieron para analizar el texto sancionado este mes por el Senado.
Los diputados señalan que todas las energías están concentradas en el proyecto de ley de Presupuesto de la Provincia y advierten que la idea es "tratar de no meter otros temas que puedan entorpecer su aprobación" en la sesión que, se estima, se realizará el próximo martes.
De este modo, la reforma al Código Procesal bonaerense que apunta a dotar de "mayor celeridad y eficiencia a la Justicia" con nuevas herramientas legales y, al mismo tiempo, limitar y dar parámetros objetivos para ser tenidos en cuenta por los jueces al momento de otorgar las excarcelaciones, recién sería aprobada en el 2009.
Excarcelaciones
Tras la polémica instalada por el cuádruple crimen de una familia cometido por una persona que había sido beneficiada con el uso de la pulsera electrónica, el proyecto propone limitar las excarcelaciones que pueden otorgarse con ese sistema.
La reforma impulsada dispone que "siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio pudiera razonablemente evitarse", podrán ser beneficiadas con el sistema de monitoreo electrónico las personas mayores de 70 años, los enfermos terminales y las mujeres embarazadas o con hijos menores de 5 años. La morigeración de la pena podrá ser concedida también en otros casos, cuando el delito que se impute tenga prevista una pena cuyo máximo no supere los 8 años de prisión o reclusión, pero sólo "excepcionalmente" y con una comunicación previa al fiscal.
Juzgados unipersonales
Con la mira puesta en acelerar los procesos judiciales, el proyecto propone que en los casos en los que la pena a aplicar al imputado no sea superior a los 15 años de prisión, el fiscal podrá solicitar el trámite de juicio abreviado. El texto actual del Código establece que esa medida sólo puede ser solicitada para los casos cuya pena máxima prevista sea de 8 años de prisión. La iniciativa impulsada por el Gobierno prevé la creación de tribunales correccionales uniper-sonales "cuando se trate de delitos cuya pena máxima prevista no exceda de 15 años de prisión o reclusión o, tratándose de un concurso de delitos, ninguno de ellos supere dicho monto".
Los tribunales seguirán siendo de tres jueces cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos y cuando el imputado o su defensor requieran la integración colegiada.
Por otra parte, el proyecto dispone que los juicios "deberán celebrarse dentro de los seis meses de radicada la causa en el órgano de juicio, plazo que el juez o tribunal podrán prorrogar por única vez, cuando se disponga una instrucción suplementaria que no permita su realización en dicho término".
La falta de realización del debate dentro del plazo fijado será sancionada con la pérdida de competencia del juez o el tribunal.
Derechos de las víctimas
La reforma penal también reconoce al particular damnificado (víctima del delito) la facultad de formular acusación y abrir autóno-mamente el juicio cuando no esté de acuerdo con el sobreseimiento del fiscal. De este modo se le garantiza "el derecho a ser oído". En el debate oral podrá acusar y sostener la acusación fiscal no obstante el retiro que pueda realizar el funcionario público.