El Gobierno “blindó” el Congreso para el tratamiento de la reforma previsional, pero pese a la represión, no pudo frenar la protesta social ni sancionar la ley.
LA COLUMNA DE LA SEMANA

Trabajadores barra brava

¿Imaginar que Cristina Kirchner y sus adláteres, algunos muy recientes, persiguen la caída del gobierno de Mauricio Macri y Cambiemos, resulta peregrino?
Para nada. Sobran elementos para afirmarlo. Antes que nada porque no son pocos los corruptos que ya están presos, aunque sea de manera preventiva, y cuya única chance de evitar un juicio como acusados y una condena inevitable ante tanta tropelía, surge de un cambio de gobierno.
En otras palabras, de un derrocamiento del gobierno elegido y refrendado recientemente en las urnas que posibilite un retorno al encajonamiento de expedientes, a la dilación de la recopilación de pruebas, a los sobreseimientos apresurados, al retorno de la pseudo Justicia Legítima.
La inminente salida de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, hecho que acontecerá el próximo 31 de diciembre, desarmó la pieza principal de la garantía de impunidad con que contaban para evadir su comparecencia ante los tribunales.
Ahora se trata de voltear al gobierno. Es que aguardar dos años para concurrir a una elección presidencial que difícilmente los favorezca, resulta un alto riesgo para todos ellos, con la propia Cristina Kirchner a la cabeza.
De allí que los disturbios del jueves pasado no resulten un hecho aislado. Forman parte de una escalada cuyo objetivo es la renuncia del Presidente y, sobre todo, la “negociación” de la impunidad perdida.
Nadie con una mirada objetiva puede imaginar que los disturbios fueron protagonizados por los jubilados que reclamaban ante una virtual pérdida en los mecanismos de ajuste de sus ingresos.
No existen los jubilados que rompen baldosas para convertirlas en proyectiles, ni los que incendian contenedores de basura, ni los que atacan a las fuerzas de seguridad, ni los que toman las calles, ni los que se tapan la cara, ni los que “combaten” con el torso desnudo.
Sí, en cambio, como cualquiera puede imaginar, la descripción corresponde, con exactitud, a la de una barra brava, es decir, la fuerza de choque que utiliza el conjunto de la dirigencia argentina que descree de las instituciones cuando no le resultan favorables.
Es la vieja concepción fascista de la utilización de la violencia como método de acción política. Herencia de la cual nunca se desprendió el peronismo, en particular el sindical, ahora reciclada por el setentismo vigente.
De allí que conviene alertar sobre la pretendida objetividad de quienes critican el accionar de las fuerzas de seguridad, como represión excesiva frente “al pueblo trabajador que posee el derecho de manifestarse”.
Se trata solo de una nueva página del interminable libro del relato a que nos tienen acostumbrados. Primero, porque el país se expresa a través de las urnas y las urnas fueron mucho más contundentes que de costumbre.
Segundo porque detrás de la “sacrosanta” protesta social, se esconde no solo el pasaporte a la violencia, sino la vulneración de los derechos de cada uno de los componentes de la amplia mayoría que “solo” pretende trabajar, producir, estudiar, investigar, enseñar, aprender, circular, vivir.
La discusión sobre las jubilaciones es tan válida como cualquier otra. Y debe darse… dentro de los recintos donde son sancionadas las leyes. 
El Gobierno debe tomar conciencia de su necesidad de dar la batalla cultural. No es menor. No es desdeñable. Si no lo hace, resultará perdidoso frente al relato que impone el kirchnerismo, en particular, y el resto del peronismo en general.
¿O alguien de dicho conglomerado condenó el accionar de los barras bravas y las patotas?
Un silencio por demás elocuente.

Defensa
Rápidamente, el Gobierno convocó a las encuestadoras contratadas para conocer cuál fue el resultado en la opinión pública sobre los hechos del jueves.
Es su reacción habitual ante cualquier alteración de importancia de la marcha de los acontecimientos. Más aún cuando, aunque se lo exprese “soto voce”, nadie ignora que se trató de una batalla perdida: la ley no fue sancionada. La primera batalla perdida, tras varios meses de éxitos en continuado.
 Y es también una de las reacciones clásicas que impide presagiar otros daños cuando se avecinan. Las encuestas pueden ser muy útiles –aunque no siempre- para indagar sobre la impresión de la ciudadanía. No para direccionar el accionar de un gobierno.
Es que difícilmente, los resultados de las compulsas hablen de cuestiones de Estado. De la organización o reorganización del Poder Judicial. De la política exterior. De la organización nacional. De las leyes electorales. 
Nunca hablaron del problema indígena, ni de la defensa nacional. Pero ambas cuestiones saltaron a la luz como consecuencia de acontecimientos que merecieron el interés informativo y pusieron en jaque al andamiaje gubernamental.
Ni la una, ni la otra, de momento presentan planificaciones para solucionar los conflictos.
Desde la defensa nacional, la desaparición del submarino ARA San Juan puso en evidencia la desarticulación que impera sobre la materia: un presupuesto acotado que solo sirve para pagar salarios de una oficialidad sobrante –debido precisamente a la falta de presupuesto- con poco entrenamiento y con material obsoleto.
Recientemente, el único avión Hércules C-130, con que cuenta el país, y que fue reparado, sufrió un desperfecto en sus frenos que lo obligó a no posarse en una base antártica y retornar al continente donde padeció averías en el aterrizaje.
El Hércules transportaba tambores con combustible, destinados a aprovisionar a las bases antárticas. Otro incidente más en la cadena, poco conocida, de roturas por desgaste de  materiales y de reparaciones de dudosa valía.
Faltan solo tres días para que comience la campaña antártica, una de las pocas misiones con que cuentan las Fuerzas Armadas, en particular, la Armada nacional. 
Nadie, a ciencia cierta, apuesta a que se lleve a cabo. Al menos sin sobresaltos.
Es más, los sobresaltos ya comenzaron. Las decisiones de la cúpula sobre el alejamiento de varios jefes de la Armada trajo como consecuencia la urgencia en cambiar de jefe de Estado Mayor.  Fue el despido del almirante Marcelo Srur. Para calmar las aguas, el ministro Oscar Aguad pasó a retiro a Srur.
Es que la crisis no es menor. Los cuatro contraalmirantes que pidieron el pase a retiro son los jefes de la Infantería de Marina, de la Aviación Naval, de la Flota, y de Mantenimiento. En la práctica, toda la Armada.
De todas formas, si la crisis resulta interpretada como una “interna de la Armada”, debemos prepararnos para afrontar otros momentos dramáticos en el seno de las Fuerzas Armadas.
Porque no es una interna entre oficiales de distintas camadas, sino una cuestión de fondo sobre la existencia o no de una defensa nacional.

Multilateralismo
Muchas eran las esperanzas depositadas por el presidente Macri sobre la posibilidad de arribar a un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur –algo que, por supuesto, tampoco figura en las encuestas, pero hace al Estado- en ocasión de la celebración de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en Buenos Aires.
El Presidente imaginaba un rol de mayor alcance como líder regional si dicho acuerdo era alcanzado.
No fue así. Otra vez las negociaciones fracasaron aunque se las pretenda tildar de “avances significativos”. Y fracasaron por el problema de siempre. Un problema que ya lleva veinte años de antigüedad, aunque en rigor se extiende hasta la década del 60.
Se trata, ni más, ni menos, de las trabas al ingreso de productos agrícolas al mercado europeo. Ya no es una mera cuestión arancelaria, sino una descarada cuotificación que impide el acceso de una producción más eficiente cuyos precios son por demás competitivos.
El problema radica, centralmente, en Francia. Y no se trata de una simple cuestión comercial. Para Francia, la agricultura forma parte de una política de Estado en materia de demografía. El país galo mantendrá –a diferencia del Reino Unido- el modo de vida rural de más de dos millones de agricultores franceses. 
Como la cuestión comercial agrícola es competencia de la Unión Europea, a través del PAC, Programa Agropecuario Comunitario, Francia impide –a través de su influencia no menor- la apertura del resto de Europa a las exportaciones de productos primarios provenientes, en este caso, del Mercosur, aunque también de otros grandes productores como Australia, Nueva Zelandia o los países del África Meridional.
De momento, pues, el acuerdo fue postergado para… fines del 2018. Una postergación que se suma a un sinfín de postergaciones.
El acuerdo con la Unión Europea resultaba para el Gobierno más importante que la cumbre ministerial de la OMC, que resultó otro fracaso, no del Gobierno, sino del multilateralismo.
No se logró nada. Como dijo la comisaria de Comercio de la Unión Europea, bastante más enfática que la organizadora Susana Malcorra, “no hay resultados, no hay nada, ni siquiera pudimos acordar la reducción de los subsidios a la pesca ilegal”.
Más allá de la pesca o de los productos informáticos, el final sin resultado de la OMC fue un trino de canarios cantores para los oídos del enemigo número uno del multilateralismo, el presidente norteamericano Donald Trump.
Es más, resulta difícil determinar si la carencia de resultados fue producto de miradas disímiles o si fue consecuencia de un “desensillar hasta que aclare”, es decir hasta que el proteccionismo deje de enseñorearse en los Estados Unidos.
Ocurre que es muy difícil imaginar aperturas y globalización, cuando un proteccionista –y en alguna medida, xenófobo- gobierna a la principal potencia del mundo que acapara gran parte del comercio internacional.

Internacionales
El presidente de los Estados Unidos acaba de perder, dado su apoyo explícito y significativo al candidato republicano, una elección complementaria en el estado sureño de Alabama ¿Fue un toque de alerta? ¿Es el principio de una caída? ¿Solo vale localmente?
Difícil de interpretar, lo cierto es que el presidente Trump, lejos de amilanarse, avanza con su visión personalista del mundo y su compromiso “nacionalista” en materia económica.
De esa visión personalista surge el reconocimiento de la ciudad de Jerusalén como capital del Estado de Israel, creado en 1948 por decisión de las Naciones Unidas con la partición de la Palestina geográfica, en un estado árabe y otro judío.
En rigor, y más allá del “relato” actualizado, la visión de un Jerusalén como capital israelí es reciente. Al menos la visión de toda Jerusalén. Para los creadores del Estado, siempre se trató como máximo de la Jerusalén occidental –de reciente creación- y, a lo sumo, del barrio judío de Jerusalén oriental.
Tras la guerra de los Seis Días en 1967, Israel anexionó –en la práctica, primero, y por ley después- toda la ciudad a su jurisdicción.
La decisión de Trump rompe con la tradición norteamericana de mantenerse fiel a la resolución original de Naciones Unidas, de dos estados más una Jerusalén internacionalizada como lugar sagrado para las tres religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam.
El resultado, como no podía ser otro, es una convulsión en Medio Oriente, en particular, entre aquellos que adhieren a un extremismo religioso, muy presente en la región.
Pero es más que nada una actitud irresponsable puesto que, más allá del reconocimiento de Israel, no plantea ningún plan de paz. Como tal, el gesto parece dictado por un “espasmo” que como producto de una política medular digna de la primera potencia mundial.
Con salvedad de las distancias, el ejemplo del presidente Trump, cunde. Hoy por hoy, el conjunto de xenofobia, chauvinismo, proteccionismo y populismo, avanza por doquier. 
Así, en Austria, un demasiado joven político conservador exitoso y ambicioso, acaba de coronar su sueño de primer ministro más joven de la historia europea, a los 31 años. 
Claro que para ello, Sebastian Kurz –de él se trata- debió formar gobierno con el jefe de la ultraderecha Heinz-Christian Strache ¿Qué entregó? Los ministerios del Interior, de Defensa, de Relaciones Exteriores, de Transportes y de Salud.
Un nuevo avance de quienes no aceptan la integración. No son pocos. Por estos días, sesionan en Praga, República Checa. 
En las últimas elecciones europeas, todas las formaciones tradicionales –conservadores, socialistas, liberales- perdieron bancas. Entre quienes ganaron, sobresale la extrema derecha.
Sus grupos políticos ya son significativos en Suiza, con 29 por ciento de los votos; en Austria con el 26%; en Hungría con el 20,5%; %; en Noruega, con el 15,7%; en Dinamarca, con el 13,9%; en Alemania, con el 13,9 por ciento; en Francia, con el 13,6%; en Holanda, con el 13,5%; en Rusia, con 13,1%; en Suecia, con 12,7% y en el Reino Unidos, con el 12,6%.