El juez federal Ernesto Kreplak procesó ayer al intendente, Julio Garro, al exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, a exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y a un senador provincial, entre otros, en la causa en la que se investiga una presunta “mesa judicial bonaerense”, que habría coordinado “acciones ilegales para perseguir sindicalistas opositores” aunque en ese encuentro se escuche el nombre de Juan Pablo “Pata” Medina, el exjefe de la Uocra platense, actualmente con prisión domiciliaria.
Anoche, sectores vinculados al PRO provincial y local, emitieron un comunicado de repudio a los procesamientos y críticas al kirchnerismo.
Según la resolución, el magistrado trabó embargos sobre los bienes de todos los procesados hasta cubrir la suma de “10 millones de pesos”, como “garantía de sus eventuales responsabilidades civiles o penales”.
Se trata del expediente que se inició a partir de revolver en los archivos digitales de la exSide, donde se encontró la grabación de una reunión llevada a cabo en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, y a la que asistieron los procesados y también un grupo empresarios vinculados a la construcción, a los que el juez les dictó la falta de mérito.
Los procesados son, además del exministro Villegas y el intendente Garro, el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; el senador provincial de Juntos Juan Pablo Allan y los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián Destéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia) y Dario Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de esa agencia).
Sobre ellos, en el fallo el magistrado escribió: “Se considera que los imputados resultan prima facie participes necesarios del delito previsto en art. 43, en función del art. 4, inciso 1, de la ley 25.520 y sus modificatorias, así como del delito de prevaricato, previsto en el art. 269, y del de prevaricato tipificado por el art. 272 en función del 271, ambos del Código Penal, este último cometido en dos ocasiones, todos ellos en concurso real”.
Consideró que “se advierte la injerencia de los funcionarios involucrados en la ejecución de la estrategia de judicialización. Ello comienza a observarse al reparar en el modo y la fecha en que se formuló la denuncia que dio inicio a esta causa, así como en la evidente alteración de las reglas de competencia que en la misma se produjo, y termina de corroborarse al verificarse la reunión que mantuvieron funcionarios del gobierno provincial con el fiscal Alvaro Garganta el 20 de septiembre de 2017”.
En tanto, dispuso también la falta de mérito para el exministro de Infraestructura Roberto Gigante, además de los empresarios que participaron de la reunión del Bapro.
En aquel encuentro celebrado el 15 de junio de 2017, al entonces ministro de Trabajo de Vidal se le escuchó decir: “Créeme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo (la policía política del nazismo), una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”. Luego expresó su arrepentimiento.
En el fallo, de casi 250 páginas, el magistrado describe las maniobras que se le atribuyen a los procesados, que habrían llevado “a violar la ley de Inteligencia y a que se dictaran fallos judiciales arbitrarios en perjuicio” del extitular de la Uocra platense, “Pata” Medina.
En el escrito, Kreplak advierte, además, que, del análisis de los hechos se desprende que “el plan cuyos ribetes delictivos han sido suficientemente indicados no se limitó a las personas aquí imputadas”. Y que “diversas líneas de investigación se desprenden de las mismas conclusiones”.
E indica que “la decisión de avanzar con la estrategia de judicialización desplegada podría haber sido tomada o bien autorizada en los niveles de los gobiernos nacional y provincial y que, asimismo, podrían estar involucrados otros miembros de esos gabinetes de gobierno que no han sido hasta ahora mencionados”.
Al conocer la noticia, desde el bloque de concejales platenses del Frente de Todos salieron a reclamar al Intendente que “se ponga a derecho y no obstaculice la investigación”.
El fallo seguramente será apelado en la instancia superior por los procesados.
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