Egipto: el autoritarismo militar será confirmado en las urnas

Tal vez luego resulte ser un gran político, por el momento, presenta toda la torpeza de un general de Ejército lanzado al ruedo de una campaña electoral. El seguro próximo presidente de Egipto, mariscal AbdelFattah al-Sissi, no escatima promesas electorales. Inclusive la de renunciar inmediatamente si el pueblo llegase a sublevarse contra él. Aún no ganó la elección –que ganará sin dudas- y ya habla de cómo dejará el poder.
La elección que tendrá lugar durante dos días consecutivos -26 y 27 de mayo- opone a al-Sissi, ex ministro de Defensa y ex jefe de las Fuerzas Armadas frente a HamdineSabahi, un naserista sostenido por los partidos de izquierda que nacieron al calor de la revolución de enero del 2011.
Sabahi fue candidato presidencial en 2012 y resultó – sorpresivamente – tercero en aquella elección que ganó el hoy derrocado presidente constitucional, Mohamed Morsi, de los Hermanos Musulmanes.
Al-Sissi no esconde su vena autoritaria. Les dice a los medios de comunicación que no deben ponderar las libertades fundamentales ni las reformas democráticas como prioridad por encima de la seguridad nacional a la que asemeja a la estabilidad política.
La campaña electoral, recién comenzada, se desarrolla en un contexto de intolerancia y represión. Desde el 3 de julio pasado, en ocasión del golpe de Al-Sissi, un total de más de 1.400 simpatizantes de los Hermanos Musulmanes perdieron la vida – 700 en un solo día en El Cairo el 14 de agosto – y 15.000 están encarcelados según organismos de derechos humanos.
Cientos de ellos fueron condenados a muerte en fallos colectivos que en mucho se asemejan a la “justicia” de las purgas estalinistas en la década del 30. Y muchos más a prisión, 79 el 14 de abril por el “delito” de “enfrentamiento” con opositores al ex jefe del Estado, Mohamed Morsi, en Alejandría. Por supuesto, ningún opositor de entonces es condenado, ni siquiera juzgado y la pena por los enfrentamientos varía, nada menos que entre 5 y 10 años de prisión.
Egipto es así víctima de la intolerancia. La anterior, la de los Hermanos Musulmanes, cuando pretendían copar la totalidad del poder para islamizar a una sociedad cuya elite profesional y empresarial suele ser bastante liberal en comparación con otras sociedades árabes, entre otras cosas, porque gran parte de ella es cristiana copta.
Y la actual, que pretende erradicar a los Hermanos Musulmanes como si fuese posible “matar ideas” en nombre de la libertad.
Pero además, también corren peligro quienes adhieren sinceramente a la libertad. Nucleados tras la candidatura de Sabahi, los gestores de la primavera árabe en Egipto recorren el país bajo el lema de libertad y democracia. Reciben, como contrapartida, el hostigamiento de los partidarios del mariscal retirado.
Si bien la represión no es tan dura como con los Hermanos Musulmanes, la contestación laica y liberal – nucleada en torno al Movimiento 6 de abril – sufre las consecuencias de su oposición. Primero, fue la prohibición de realizar manifestaciones que no fuesen autorizadas por el poder militar. Recientemente, fue la condena de varios militantes, héroes de la Plaza Tahrir donde terminaron las décadas de autoritarismo del ex presidente Hosni Mubarak.
Favorecidos por la ciega violencia de un terrorismo fundamentalista islámico, los militares en el poder justifican así todas sus decisiones represivas. En rigor, son ineficaces frente al terrorismo, como lo demuestra la sucesión de atentados. No obstante, les viene como anillo al dedo a la hora de justificar su dureza contra los Hermanos Musulmanes a quienes confunden, adrede y con éxito, con el fundamentalismo islámico.
Varios son los grupos terroristas que operan en Egipto, en particular en el desierto del Sinai. El principal y el de mayor capacidad operativa es AnsarBeit al-Makdis que responde a las directivas de Al Qaeda y que fue varias veces citado por el sucesor de Osama Bin Laden, el egipcio Anwar al-Zawahiri, como los “leones del Sinai”. Sus combatientes son beduinos del desierto y yemenitas.
Corea del Sur: el naufragio del ferry
La presidente de Corea del Sur, la señora Park Geun-hye, presentó sus condolencias personales a los deudos y los afectados por el naufragio del transbordador Sewol, que se hundió el 16 de abril pasado durante su travesía entre el puerto de Incheon y la isla turística de Jejú.
Pero, la presidente no se limitó al gesto formal. Formuló una durísima autocrítica. Dijo que “lamentaba tanto haber sido incapaz de corregir los males que se arrastran desde hace mucho tiempo y que posibilitaron que ocurra un accidente” como el del Sewol.
Es que la indignación corre como reguero de pólvora en Corea del Sur con motivo del naufragio que costó la vida de 104 personas cuyos cadáveres fueron recuperados, a las que hay que agregar 198 que permanecen desaparecidas, mientras que otras 174 fueron rescatadas con vida. La mayoría de las víctimas son menores de edad que acudían a una escuela secundaria de la periferia de la capital, Seúl.
Esa indignación no se limita a las responsabilidades de la compañía armadora del ferry, ni al comportamiento de la tripulación sino que incluye al gobierno surcoreano. Los familiares de las víctimas imputan el naufragio a la corrupción de los funcionarios, a la insuficiencia de las normas sobre seguridad en el mar y a la movilización tardía de los socorros.
La investigación debe establecer, además, si las listas de pasajeros eran incompletas e inexactas.
Mientras tanto, las inculpaciones continúan. El titular de Chonghaejin Marine Co., la compañía naviera propietaria del Sewol, Kim Han-sik, fue arrestado con cargos por homicidio involuntario y violación del derecho marítimo.
Según los expertos, es cómplice por el exceso de carga en el ferry o por ignorarlo. Su detención  sigue a la de otros cuatro ejecutivos de la compañía y a la de los 14 miembros de la tripulación que abandonaron el barco antes que la mayoría de los pasajeros. De esta manera, nadie queda fuera de la investigación y el eventual juicio.
Pero, además, rareza absoluta, el hundimiento provocó la renuncia del primer ministro Chung Hong-won. “Presenté mis disculpas por haber sido incapaz de impedir el accidente y de manejar correctamente sus consecuencias”, confesó. “Estimé que, como primer ministro, debía asumir mis responsabilidades y renunciar”, agregó.
“Hubiera querido renunciar antes, pero gestionar la situación era la primera preocupación y pensé que era un acto responsable prestar mi ayuda antes de irme. Ahora, es el momento de renunciar”, manifestó Chung con absoluta sinceridad.
Y la última palabra no está dicha. En un intento de evitar ser arrastrada por la indignación popular, la presidente Park confesó que “no sabe cómo pedir perdón por no haber podido impedir este accidente y por los primeros auxilios que fueron insuficientes”.
Es que los primeros auxilios no fueron prestados por el aparato estatal, sino por la generosidad de miles de voluntarios que se precipitaron para ayudar a las familias de las víctimas.
Fueron buzos voluntarios, no oficiales, quienes recuperaron los primeros cadáveres. El centro nacional de gestión de la crisis debió remitirse a la televisión para seguir los progresos del auxilio. La marina surcoreana no pudo usar su primer navío de salvataje terminado en 2012 a un costo de 110 millones de euros. Los distintos departamentos estatales implicados ni siquiera fueron capaces de coordinar su accionar.
De momento, con la dimisión del primer ministro Chung parece alcanzar para cubrir las responsabilidades políticas, pero la continuidad de la presidente Park no está totalmente asegurada.