La provincia de Formosa cumple una semana desde que su capital volvió a la fase más dura del aislamiento obligatorio, un tiempo en el que numerosos colectivos ciudadanos y organizaciones de derechos humanos han encabezado fuertes protestas contra la situación, mientras se recrudece la controversia política.
Desde la irrupción de la pandemia en el país hace un año, esta región fronteriza con Paraguay ha sido objeto de polémica en reiteradas ocasiones por sus medidas extremas para frenar el avance del coronavirus, que van desde el cierre de las fronteras provinciales durante meses hasta la creación de precarios centros de aislamiento para los enfermos y los casos sospechosos de Covid-19. “Lo que está habiendo en Formosa desde hace ocho meses son violaciones sistemáticas de los derechos humanos, vinculadas al decreto que habilita el aislamiento obligatorio”, cuenta Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Lo que terminó por minar la paciencia de cientos de formoseños fue el regreso a la fase uno del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO) en la capital provincial, decretado el pasado 4 de marzo tras la detección de 17 casos de coronavirus en la ciudad. La medida, que se extenderá hasta el próximo 18 de marzo, abarca varios tipos de restricciones, como la prohibición de circular sin permiso, la suspensión del transporte interurbano y el cierre de todas las actividades laborales salvo las consideradas esenciales, como la salud o las fuerzas de seguridad.
Como respuesta, cientos de personas salieron a las calles en los últimos días para exigir un “diálogo” con las autoridades provinciales y así poder trabajar, en una provincia con un 42,4 por ciento de su población viviendo bajo la línea de la pobreza, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
“Todos los que necesitan trabajar estamos súper mal, ya no podemos vivir con esta situación (...). Lo que estamos pidiendo es trabajar para poder cubrir todas las deudas que estamos teniendo”, relata a Efe Pablo Siddig, integrante de la agrupación Comerciantes Unidos de Formosa.
La dura represión policial marcó la primera jornada de protestas hace una semana, con balas de goma, camiones lanzando agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Tras esa jornada de disturbios, las manifestaciones prosiguieron de forma pacífica durante toda la semana, incluyendo una pequeña protesta el martes frente a la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo nacional.
En declaraciones a un canal de televisión, el presidente Alberto Fernández afirmó que el método para encauzar esta situación “no es ni la manifestación violenta ni la represión del Estado”, aunque avaló la decisión de imponer la cuarentena que decretó el gobernador de Formosa, el también peronista Gildo Insfrán, en el cargo desde 1995, quien defiende sus medidas en pro de la salud y critica el ataque mediático en su contra.
“El gobernador me dijo que la actitud de los manifestantes fue particularmente violenta, que quisieron ingresar a la casa de Gobierno... Hay que ser cuidadoso. Pido a todos los formoseños recuperar la paz social”, aseguró Fernández, agregando que la situación sanitaria de Formosa es delicada por su cercanía con Paraguay, país que está viviendo “una escalada de los contagios impresionante”.
Con todo, las principales figuras opositoras han criticado con dureza lo sucedido en Formosa, como es el caso del expresidente Mauricio Macri, que en un tuit tildó de “inaceptable” el accionar policial y pidió una respuesta al Gobierno nacional. Asimismo, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, acudió personalmente a las manifestaciones de la capital formoseña, en donde se le vio disfrazada de presidiaria.
(*) Columnista de EFE.
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