El miércoles 26 de noviembre se inicia el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en Junín. Las audiencias se realizarán en el Salón de la Democracia Argentina, ubicado en el predio Mr. York, donde se encuentra la sede del rectorado de la Unnoba.
Desde ese día, los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y César Álvarez, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, comenzarán a juzgar al ex militar Ángel José Gómez Pola y a los ex policías Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio Chiacchietta.
En el proceso se investigan los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos, cometidos en perjuicio de 24 víctimas.
De acuerdo con el programa oficial, está previsto que declaren 153 testigos, aunque el ex director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Junín, Oscar Farías, reveló que “van a ser algunos menos”, debido a que algunos se encuentran en otras provincias y otros fuera del país. “No obstante, su palabra ya quedó asentada en la causa cuando fueron indagados por el fiscal”, dijo Farías en una conferencia de prensa brindada ayer a la mañana en el salón azul del Concejo Deliberante, donde estuvo acompañado por algunos damnificados por la dictadura en Junín.
Para el primer día está prevista la declaración de seis testigos, y la primera de ellos será la esposa de Pío Soberano. Las audiencias siguientes serán el 1º, el 2 y el 3 de diciembre, con el testimonio de doce testigos por jornada. El proceso continuará el 9, el 10, el 16 y posiblemente se incorpore el 17 de diciembre y la última audiencia será el 29 de diciembre. “La idea es que los juicios finalicen ese mismo día, pero si no se puede, la sentencia quedaría para después de la feria judicial, en febrero o marzo de 2015”, explicó Farías, quien hoy ocupa un lugar en el área de Infraestructura Ferroviaria y está cerca de los chivilcoyanos Ariel Franetovich y Florencio Randazzo.
Farías pidió justamente que “no se politicen ni se banalicen” los juicios. En tal sentido, Farías reconoció a “las 19 personas que se jugaron, que pusieron su cuerpo en los años de plomo y que tuvieron el coraje, hace siete años, de acercarse al Juzgado Federal de Junín para contar su verdad, para decir quiénes los habían secuestrado, quiénes habían hecho sustracción de su persona y quiénes habían violentado su físico a través de la aplicación de tormentos que tenía la dictadura como método de presión”.
“Ahora llegamos a esta instancia de juicios y queremos dejar fijada la posición de las víctimas, que son quienes tienen la autoridad moral para que por lo menos se los tenga en cuenta en la consulta, más allá del apoyo que pueden recibir de organizaciones políticas u otras agrupaciones. Esto viene a colación de que hace tres años, desde la Provincia se vino a señalar la Comisaría Primera como centro de tortura, en un claro gesto de oportunismo político y que no tuvo en cuenta a los damnificados, dado que no se los invitó. Sabemos que el mismo 26, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia pretende señalizar la Unidad Penitenciaria 13, por lo tanto la decisión mayoritaria de las víctimas es no hacer presencia. El programa de señalizaciones se empieza a organizar cuatro meses antes de efectuar el acto en sí, con reuniones en las que los actores principales deben ser los hombres y mujeres que sufrieron afrentas, pero en este caso los juninenses no fueron consultados”, explicó.
Farías agregó que “también se están organizando actividades como obras de teatro, distintas exposiciones, recitales y vigilias”. “Nosotros le hemos pedido a la secretaría del tribunal encargado de los juicios que se tenga el debido respeto con las víctimas, que éstas tengan privacidad y que no se banalice la cuestión”, expresó.
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