Los límites entre Estado y mercado continúan redefiniéndose en América Latina, a juzgar por el reciente impacto causado por una decisión del gobierno mexicano que interviene en el multimillonario negocio de las telecomunicaciones en ese país.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) mexicano, organismo regulador del sector, dictó nuevas reglas de competencia para las empresas que considera “agentes económicos predominantes”, definidas como aquellas que tienen un control mayor a 50 por ciento en sus respectivos mercados.
En sus decisiones apuntó contra el gigante Televisa, propiedad de Emilio Azcárraga Jean, al que obligará a transparentar sus tarifas de publicidad para evitar la discriminación de anunciantes.
Al mismo tiempo, adoptó una medida similar a otra implementada en la Argentina, como es eliminar la exclusividad de esa emisora privada en eventos deportivos de “alto impacto” como el fútbol.
Según el diario La Jornada, sólo el anuncio de la medida implicó una caída en las acciones de Televisa por valor de unos 300 millones de dólares.
También América Móvil y sus subsidiarias operativas Radiomóvil Dipsa -Telcel, telefonía celular- y Teléfonos de México, así como Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa, todas compañías lideradas por el empresario Carlos Slim, considerado la segunda persona más rica del planeta por la revista Forbes, fueron definidas como “agentes económicos predominantes” por la entidad reguladora.
A partir de la medida ese grupo económico no podrá adquirir en exclusiva contenidos audiovisuales a ser transmitidos a nivel nacional de torneos de fútbol, finales de mundiales y otros eventos de alto nivel.
A la vez, el Estado mexicano inició la licitación de dos nuevas cadenas de televisión nacionales abiertas.
Según un informe de la Comisión Federal de Competencia mexicana, Televisa controla un 70% del mercado de televisión abierta y TV Azteca (América) el 30% restante.
La capacidad del Estado de intervenir en determinados mercados había sido puesta en fuerte cuestionamiento durante buena parte de las décadas del 80 y 90 en América Latina.
En los últimos años, una serie de demandas provenientes de distintos sectores de la población y el fracaso de recetas de liberalización plena dictadas por el llamado Consenso de Washington dieron espacio a una mayor presencia del Estado en la economía.
Las medidas en el mercado de telecomunicaciones mexicano tienen lugar el mismo año en el que la Corte Suprema de Justicia de la Argentina dispuso aplicar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para el caso del Grupo Clarín.
El gigante del sector de la comunicación en la Argentina propuso dividirse en seis “unidades de negocio” menores, para dar cuenta de la legislación, lo que fue aceptado por el Estado argentino.
Otros países de la región adoptaron regulaciones para promover la competencia y eliminar posiciones preponderantes, entre otros, en el sector de las telecomunicaciones.
Se trata de cambios que se dan en el marco de distintas realidades nacionales, de marchas y contramarchas y de no pocas tensiones.
Sin ir más lejos, el gobierno de la brasileña Dilma Rousseff, la mayor economía de América Latina, es objeto de constantes acusaciones desde algunos sectores -la revista británica The Economist es un ejemplo- por impedir un acelerado crecimiento por propiciar una mayor intevención del Estado en la economía.
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