El trigo, afectado por una mala política

El mercado del trigo desde el 2006 está afectado por una política adversa en su comercialización que terminó perjudicando a los dos extremos de la cadena, recibiendo el productor un valor muy por debajo del que podía percibir e incrementando en forma  desmedida el precio del pan en la góndola.
Esta decisión política terminó quitándole el mayor incentivo al productor, el precio, generando una disminución muy importante en el área de siembra pasando de 6 millones de hectáreas para la campaña 2007-2008 a las 3,1 millones de hectáreas de la última campaña, la más baja en los últimos 100 años.
En la Argentina nunca faltó el pan ni va a faltar porque el volumen de trigo necesario para abastecer el mercado doméstico está perfectamente cubierto por zonas o áreas que son cautivas de este cereal, debido a sus condiciones agroecológicas como en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde el agricultor no tiene otra alternativa de producción, dadas las condiciones de adaptación que tiene este cultivo en distintas variedades.
No sólo es importante en esas zonas, sino que en otras se mantienen pequeñas áreas de producción, respondiendo a una práctica sustentable de conservación, que el productor  responsablemente incorpora en su rotación, aprovechando las ventajas en el control de las plagas resistentes.
En este período, el Estado afectó la demanda a través de una intervención distorsiva, producto de asignar cupos, limitando los ROEs, y aplicando derechos de exportación.
Todo esto permitió que la industria molinera pudiera contar con un cupo más que suficiente para la elaboración de harina (entre 6,5 a 7,5 millones de toneladas de trigo por año en su mayoría para el consumo interno, es decir y entre 500.000 y 600.000 toneladas mensuales).  
Por lo tanto, quedó como único comprador del mercado, sin generar una puja competitiva por el precio del mismo.
Así entonces, la exportación sólo compra mercadería en los momentos en que logra un cupo de embarque, independientemente de los stocks que pudiera disponer.
En tanto, el Estado ya tiene percibido los derechos de exportación en forma anticipada y el cooperativismo agropecuario es víctima de este sistema como un operador más del mercado.
Si se trata de abastecer con pan a precio acorde a los salarios de los argentinos, el camino es otro, porque este sistema está lejos de alcanzar el objetivo deseado, ya que la única forma de garantizar la mesa de los argentinos es aumentando la producción.
En tanto, si duplicamos la producción, no solo garantizamos la mesa de los argentinos (que nunca estuvo en peligro), sino que dispondríamos de más saldos exportables que significaría aumentar los recursos (dólares) para resolver las necesidades del gobierno y los argentinos.
Como ya lo han expresado algunos empresarios panaderos “el costo del pan y sus incrementos nada tienen que ver con el precio del trigo cuando las paritarias, los costos de bienes, alquileres de locales y los servicios de las panaderías suben entre un 25 y  30% año a año”.
Desde Coninagro siempre se sostuvo – y lo hemos demostrado- que la incidencia del trigo en el costo del pan ronda tan solo en el 8 o 9 %, por lo tanto poco puede ser su incidencia en el precio del producto final.
Como sector productivo necesitamos recuperar área de siembra, en tanto los productores cuenten con los incentivos adecuados que le generen expectativas favorables en un marco de rentabilidad aceptable.
Con estos alicientes, además, los productores arriesgarían un paquete tecnológico de mayor calidad que permitiría incrementar significativamente los volúmenes finales de producción.
La apertura total de las exportaciones y la eliminación de las restricciones resultaría el camino para afectar lo menos posible al mercado, y permitirían devolverle transparencia y un precio más justo, que sumado a la eliminación de los derechos de exportación (retenciones) podríamos alcanzar el máximo potencial productivo del país.
Con este escenario, Coninagro insiste, una vez más, en reclamar un diálogo sincero para poder buscar una solución consensuada entre todos los eslabones de la cadena, para que tanto el productor como el consumidor no sigan siendo los dos perjudicados por esta situación.