El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 7, a cargo de Sebastián Casanello, resolvió en la causa caratulada “Macri Mauricio y otros S/Infracción art.303 del CP” –cuyo origen deriva de la investigación llevada adelante por el consorcio internacional de periodistas denominada “Panamá Papers”-, declarar la incompetencia de su juzgado "en razón de la materia para seguir entendiendo en el hecho vinculado a la presunta omisión maliciosa cometida al completar la declaración jurada patrimonial de Mauricio Macri".
De este modo, Casanello resolvió remitir las actuaciones al Juzgado de Instrucción N°20 y declarar su incompetencia.
El día 5 de marzo, la UIF (Unidad de Información Financiera) dijo que no encontró indicios de lavado de dinero contra Mauricio Macri. Así lo detalló un informe que el organismo estatal le entregó al juez Casanello el 17 de febrero. "No surge elemento alguno que permita vislumbrar una hipótesis delictiva de lavado de activos”, asegura.
Tres días después, la Cámara Federal había dicho que la causa, a más de un año desde que el juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado tuvieran a su cargo la investigación contra el presidente Macri "parece estancada, sin medidas importantes ni pruebas significativas".
DERIVÓ LA CAUSA AL FUERO PENAL ECONÓMICO
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