El Consultorio de Interrupción Voluntaria e Interrupción Legal del Embarazo, que funciona en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Junín, atiende las consultas realizadas con un equipo conformado por ginecólogas, médicas, psicólogas y trabajadoras sociales. En el primer año de vigencia de la ley 27.610, los datos oficiales indican que se trabajó en 642 consultas, y destacan que los plazos de atención son cortos y sin demoras.
En diálogo con Democracia, una de sus integrantes, la trabajadora social Mariana Zarza, explicó la labor diaria llevada a cabo por el consultorio y el abordaje de los casos, notoriamente anclado en la psicología y con una perspectiva social. En cuanto a éstos, en líneas generales, explicó que son heterogéneos y la franja etaria de las personas que asisten es amplia, pero lamentó que son muchas las veces que el embarazo es consecuencia de casos de violencia y abuso.
A pesar de que la ley 27.610, que apunta a garantizar el acceso a la interrupción del embarazo y la atención posaborto, está vigente hace ya más de un año, Zarza recordó que aún es un tema “muy estigmatizado”, y señaló que la información al respecto es “insuficiente”, lo que, en muchos casos, puede dificultar la realización del procedimiento.
El paso a paso
De acuerdo al texto de la norma, existe un plazo máximo de 10 días corridos para efectuar la interrupción voluntaria del embarazo desde su requerimiento. Según explicó Zarza a este diario, las personas gestantes que deseen iniciar el proceso o realizar consultas al respecto, deben sacar turno por ventanilla, al igual que si desearan atenderse con cualquier otro profesional. El Consultorio de IVE/ILE trabaja tres días a la semana, lunes y miércoles por la mañana, y jueves al mediodía, siempre con turno previo.
Visto que es una ley implementada en todo el territorio nacional, su procedimiento está estandarizado y reglamentado. “Cuando la persona se acerca al consultorio, lo primero que hacemos es brindar información acerca de la ley, plazos, formas y procedimiento”, detalló la trabajadora social.
Asimismo, tras el primer encuentro, se solicita una ecografía, a fin de conocer el estado del embarazo, y se pauta una segunda entrevista, a la que, explicó, “la persona gestante llega con una decisión tomada”. En caso de que quiera avanzar con la interrupción del embarazo, siguiendo lo estipulado por la ley 27.610, Zarza explicó que “se firma un consentimiento informado y se dan los detalles acerca del procedimiento”.
Respecto a los mecanismos empleados, en declaraciones anteriores, miembros del equipo médico del consultorio detallaron que se emplea el tratamiento con pastillas de Misoprostol, que “dependiendo las semanas puede realizarse en el domicilio o en una institución de salud”, y el Aspirado Manual Endouterino. Según confirmaron, ambos son seguros y efectivos.
Por último, 15 días más tarde se procede a un tercer encuentro, en el que Zarza explicó que “se chequea que el proceso haya sido exitoso y se otorga un método anticonceptivo a elección para que la persona no tenga que atravesar nuevamente por un embarazo no deseado”. De acuerdo a la profesional, “es una parte muy importante del trabajo del consultorio”.
En equipo
Cabe destacar que, a pesar de que la ley no obliga a contar con profesionales de diferentes áreas para realizar una interrupción voluntaria o legal del embarazo, el equipo del Higa está conformado por representantes de medicina, psicología y trabajo social. Según detallaron, se trata de 12 profesionales que cubren los tres días de atención en el centro de salud.
“Somos muchos en el equipo porque buscamos que estén las tres disciplinas presentes todos los días que atendemos”, afirmó Zarza. El Consultorio IVE/ILE está conformado por las ginecólogas Paula Barile, Agustina Sánchez y Carla Savino; las psicólogas Mailen Martínez, María Sol Ferraro y Julia Salas; y las trabajadoras sociales Romina Boragno, Fernanda Pagano, Yamila Benavides, Agustina Orlando, Evelyn Acosta y Mariana Zarza.
“No conozco que haya equipos de este tipo en Junín”, afirmó Zarza, que, aún así, aclaró que “hasta la semana 14, la interrupción voluntaria la puede llevar a cabo cualquier profesional de ginecología y medicina general”. Sin embargo, las cláusulas de la ley también prevén la objeción de conciencia de los médicos y obligan a disponer la derivación a un centro de atención donde se realice la prestación. En dicho sentido, la trabajadora social explicó que, comúnmente, reciben derivaciones de privados y de instituciones de la zona.
Asimismo, destacó que el equipo se conformó hace dos años y medio, cuando la ley 27.610 aún no había sido aprobada, y sólo se implementaba el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo. “Empezamos a trabajar de esa manera y mantuvimos la modalidad”, expresó Zarza, que enfatizó en la importancia de “tener una mirada integral de la salud y abordar la temática entre diferentes disciplinas”.
Por su parte, el equipo atiende las consultas por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). En declaraciones anteriores, la Dra. Sánchez, ginecóloga y miembro del equipo, explicó que la IVE “incluye la interrupción hasta las 14 semanas cumplidas de embarazo, y depende de la decisión de la persona gestante, que firma un consentimiento informado”. En cambio, la ILE refiere a “la interrupción a partir de las 15 semanas” a raíz de un causal, como el “riesgo para la salud integral, para la vida del paciente o abuso sexual que lo justifique”.
La labor de trabajo social
Como uno de los pilares profesionales que integran el Consultorio de Asesoría IVE/ ILE, Zarza explicó a Democracia que “trabajo social tiene una mirada muy amplia”, que, en estos casos, enriquece la perspectiva desde la cual se trabaja en los casos.
Cabe señalar que la temática está notablemente signada por la cuestión social y los prejuicios. En dicho sentido, la profesional afirmó que el eje de su trabajo está colocado en “el acompañamiento y contención que brinda el entorno a esa persona”, con un abordaje “centrado en la ampliación de derechos con perspectiva de género”.
Asimismo, la ley 27.610 no sólo establece la obligatoriedad de brindar un trato digno, respetando las convicciones personales y morales de la persona gestante, sino que también prohíbe a los profesionales influir en la decisión personal de interrumpir el embarazo. Al respecto, Zarza explicó que su trabajo consiste en “dar toda la información y garantizar el acceso sin prejuzgar ni dar opiniones personales”.
Es ineludible que la decisión es un derecho inalienable de la persona gestante y, desde el área de trabajo social y psicología, el objetivo radica en acompañar y brindar las herramientas necesarias. “No podemos incidir en su decisión, pero podemos generar las condiciones para que decida de forma autónoma”, afirmó Zarza, que recordó que “quien luego carga y vive con la decisión tomada es la persona gestante”.
Violencia y abuso, una constante
En el primer año de vigencia de la ley, el consultorio del Higa informó que atendió 642 consultas por Interrupción Voluntaria del Embarazo. Al respecto, la trabajadora social expresó que “hay diferentes problemáticas” que se observan en el centro de salud, pero lamentó que “son muchos los casos de consultas para realizar la IVE de personas que son víctimas de violencia y abuso”.
Por su parte, expresó que “contrario al mito de que sólo asisten personas jóvenes, el rango etario es muy amplio”, y no hay una tendencia observable en dicho sentido. Asimismo, por ley se estipula que las personas menores de 13 años deben contar con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o del representante legal. En esos casos, afirmó Zarza, “el trabajo es más intenso, y vinculado a otras instituciones”, puesto que, destacó “a esa edad se asume que es probable que el embarazo sea producto de un abuso”.
En el caso de las personas de entre 13 y 16 años, deberán tener un acompañante o "referente afectivo", y las mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.
La información, “insuficiente”
La ley 27.610 fue aprobada la madrugada del 30 de diciembre del 2020 y promulgada el 14 de enero del 2021. Tras más de un año en vigencia, la trabajadora social del equipo del Higa destacó que “la información es aún insuficiente en la comunidad, sobre todo respecto a la ley y el acceso”.
En dicho sentido, explicó que, periódicamente, observan que muchas personas no tienen pleno conocimiento de su derecho a interrumpir el embarazo, ni de que puede ser realizado en cualquier centro de salud. No obstante, la profesional destacó que, afortunadamente, “no hay muchas consultas luego de la semana 15”, cuando ya no se puede realizar una Interrupción Voluntaria del Embarazo, sino que ya rige la Interrupción Legal.
En suma, Zarza estimó que se debe, en gran medida, a que, “aún es un tema muy tabú y la interrupción del embarazo sigue estando muy estigmatizada”, y destacó que, a pesar de que su difusión es responsabilidad estatal, la información se conocerá abiertamente cuando deje de existir “la negación que hay en la sociedad” respecto al tema. “De todos modos, las personas gestantes abortan desde siempre”, recordó la profesional.
Capacitación contínua
El reglamento de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo establece que los profesionales deben capacitarse para realizar el procedimiento aprobado y contemplado en la norma.
Sin embargo, a pesar de que luego de las lecciones iniciales se dictan más ciclos formativos en la materia, Zarza destacó que “no son de carácter obligatorio”, y, en dicho sentido, explicó que “no todos los centros de salud los realizan de forma periódica”.
En el caso de los profesionales que integran el Consultorio de Asesoría IVE/ ILE, la trabajadora social afirmó que “siempre hubo apertura hacia las capacitaciones”, puesto que las consideran “fundamentales para el trabajo realizado”.
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