Pidieron la detención de 6 policías religioso que atacaron a una familia qom

La secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco pidió la detención de los 6 policías que actuaron en el brutal operativo en el barrio Bandera Argentina, en el que una familia qom fue agredida y dos de sus mujeres habrían sido abusadas por efectivos policiales, en un allanamiento ilegal.
Se trató de un allanamiento, sin orden de la Justicia, que 6 policías realizaron en un domicilio de una familia qom en el barrio Bandera Argentina, en Fontana, Chaco, el sábado por la noche.
Entraron a la vivienda en forma violenta, golpearon brutalmente a la gente, se los llevaron detenidos a la Comisaría Tercera y, una vez allí, los habrían rociado con alcohol, amenazado y abusado sexualmente de dos mujeres, según la denuncia.
En su constitución como querellante, el Poder Ejecutivo solicitó la detención de todos los policías involucrados, las medidas de prueba pertinentes, el respetuoso tratamiento de las víctimas y el apartamiento total de la Policía de la investigación.
“El gobierno impulsará y exigirá todas las imputaciones que correspondieren y medidas de prueba que consideremos”, indicó la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch, que recordó que el Poder Ejecutivo de Chaco es pionero en la constitución como querellante en causas de graves violaciones de derechos humanos en democracia.
En su constitución como querellante, el gobierno, mediante el patrocinio del abogado Kevin Nielsen del equipo de la secretaría de Derechos Humanos y Géneros, solicitó la detención de todos los policías involucrados por los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones agravadas, torturas y tortura de tipo sexual.
Además solicitó las medidas de prueba para el adecuado avance de la investigación, y el respetuoso tratamiento de las víctimas.
Los policías ya habían sido apartados de sus funciones ayer, cuando la ministra de Seguridad anunció que la provincia sería querellante.
Además, en el caso interviene el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía, junto con la Fiscalía de Derechos Humanos, que exige la correspondiente investigación al personal policial que intervino en el operativo y que se realice la investigación judicial para que sean juzgados penalmente por sus actos.

Repudio
Por su parte, la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, expresó su “enérgica condena y repudio a la violación de los derechos humanos” de una familia qom, en Chaco,
por parte de un grupo de policías de esa provincia, y aseveró que en el gobierno “no hay espacio para la represión ilegal cometida por fuerzas de seguridad ni para la impunidad”.
La funcionaria sostuvo que “la violencia institucional es una práctica ilegal y la protección de los pueblos indígenas son políticas centrales de nuestra gestión”.
Losardo afirmó que “en nuestro gobierno no hay espacio para la represión ilegal cometida por las fuerzas de seguridad. No vamos a tolerar situaciones como la ocurrida en la localidad chaqueña de Fontana, donde policías provinciales torturaron y golpearon a una familia de la comunidad toba qom, en cuya casa irrumpieron sin orden de allanamiento”.