Mientras que ayer a la mañana la policía bonaerense puso a disposición de la Justicia a un joven de 18 años que realizó 40 amenazas telefónicas por encargo, en la tarde una chica de 12 años, dos hermanas de 13 y 18, y un joven de 16, fueron identificados por realizar varios llamados con amedrentamientos a escuelas en los partidos bonaerenses de San Miguel y La Matanza, informó el Ministerio de Seguridad.
El joven de 18 años arrestado por la mañana fue identificado como autor de llamadas a distintos establecimientos educativos del partido de La Matanza, lo que fue detectado tras el secuestro de aparatos con los que se comunicaba.
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Identificado como Pablo, el chico recibía los pedidos a través de redes sociales y se jactaba de las intimidaciones que realizaba. Su accionar quedó al descubierto tras una serie de operativos policiales, durante los cuales se incautaron teléfonos celulares y tarjetas SIM utilizados por el acusado.
Fuentes policiales indicaron que el joven fue identificado y puesto a disposición de la Justicia, que deberá determinar la calificación del delito.
Los 40 llamados intimidatorios fueron realizados a establecimientos de Ramos Mejía, Lomas del Millón y San Justo durante octubre, según las fuentes, que aseguraron que los "clientes" del joven lo contactaban a través de redes sociales para solicitarle realizar "el trabajo".
En la Justicia tramitan 120 causas por amenazas a colegios, tanto en el fuero federal como provincial, según informó ayer el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.
La identificación del joven se suma a la demora del miércoles de un niño de 11 años, dos adolescentes de 13 y 17, y un hombre de 42 a raíz de investigaciones vinculadas con las intimidaciones, que ascendieron a 2.800 desde que se inició la ola de llamados a inicios de septiembre.
Ritondo aseguró que las autoridades bonaerenses iniciarán una "causa civil contra los padres para que se hagan responsables", en los casos en que sus hijos menores de edad realicen las intimidaciones.
El gobierno provincial anunció el último viernes que promovería demandas por daños y perjuicios contra los padres de aquellos alumnos menores de edad que sean identificados como autores de amenazas de bombas a las escuelas, tras el aumento exponencial que se verificó desde el inicio de septiembre en este tipo de intimidaciones.
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