El uso medicinal de la planta de cannabis es legal en la Argentina desde el 27 de septiembre del año pasado, pero los alcances aún no están delimitados y por eso el Gobierno decidió nombrar un director del programa nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales.
El Gobierno autorizó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Conicet a poder cultivar las plantas que serán investigadas por el equipo que dirigirá el médico especialista en psiquiatría y psicología médica.
El Gobierno reglamentó en forma parcial la ley 27.350, mediante la resolución que lleva el número 1537-E/2017, que había sido sancionada por unanimidad en el Senado el 29 de marzo de 2017.
Describió tres categorías de inscriptos que alcanzan a los pacientes que ya están en tratamiento; los que son incorporados a protocolos de investigación; y los familiares de ambos casos.
En cuanto a los pacientes en tratamiento, la resolución establece que deberán acceder a un formulario a través de la página web de la Anmat. El formulario debe ser suscripto por el médico tratante consignando el resumen de historia clínica del paciente, tratamiento recibido y esquema farmacológico, diagnóstico y patologías asociadas, tratamiento y justificación del cambio de esquema, producto indicado, dosis indicada, tiempo estimado de tratamiento, cantidad de frascos indicados. Deberá emitir la prescripción médica por triplicado y adjuntar los estudios específicos.
Por otra parte, la Anmat recibe la documentación requerida para solicitar la Inscripción al Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis (Recann) que posteriormente enviará al programa para su evaluación y de esta manera el acceso al aceite es gratuito.
El artículo 7 de la ley indica que la provisión de aceite de Cannabis y sus derivados será gratuita para quienes se encuentren inscriptos en el programa a través del Recann y se ajusten a sus requerimientos. Aquellos pacientes no inscriptos en el programa que tuvieren como prescripción médica el uso de aceite de cannabis y sus derivados, lo adquirirán bajo su cargo, debiendo ajustarse a los procedimientos para la solicitud del acceso de excepción de medicamentos que determine la autoridad de aplicación.
García Nicora: “El cannabis es de uso milenario”
“Hay una parte de la ley que indica que la elaboración tiene que ser realizada por laboratorios públicos de medicamentos, porque se prevé un registro nacional de pacientes en tratamientos que es voluntario. El programa te da la opción de entrar en un ensayo clínico y recibir el aceite de manera gratuita”, explicó a Democracia la presidenta de la asociación civil Cannabis Medicinal Argentina (Cameda), Ana García Nicora.
“En el caso de tramitarlo por la Anmat, la obra social es la que cubre el aceite y lo que hay que hacer es un amparo porque cuando lo tramita por primera vez no lo cubre y por otro lado el Recann ha dicho que puede cubrirlo por tres meses una vez que se inscriben”, aseguró.
“Está muy complejo el tema y hay que arrancar con algo. Nosotros hemos estado con el ministerio de Salud, el INTA, con gente del Conicet y del Instituto Nacional de la Semilla. Además con la Administración Nacional de Laboratorio Público de Medicamento”, advirtió la médica.
“El cannabis es una droga que viene a ser como tantas otras en la medicina con el uso de las plantas. Hay muchas investigaciones de cáncer y párkinson y otras patologías. El cannabis es de uso milenario y hace veinte años se descubrió esta evidencia científica y a partir de ahí se desprende un área de investigación que nos permite entender a la planta, que es una fábrica de productos químicos con interacciones medicamentosas”, aseguró la profesional.
“Presentamos un manifiesto de la realidad, ya que hace ocho meses que está la ley y no se ha avanzado y no empezó a funcionar. Nos hemos reunidos con todos los directivos de las instituciones que son parte para que esta nueva legislación se pueda poner en marcha de una vez. Esto deja a todas las personas en una vulnerabilidad ante la necesidad, en muchos casos, de una posibilidad de terapia con el cannabis”, alertó.
En realidad, la Ley 27.350 es muy clara: lo que prevé es el cultivo por el INTA y CONICET para investigación y producción por laboratorio público de medicamentos que son los nacionales. “Se ha conformado una red de investigadores de todo el país con una bolsa de proyectos pero aún no ha empezado a funcionar ninguno”, exclamó García Nicora.
“Se hace más difícil”
“Ahora, el ANMAT ha puesto una nueva medida para la tramitación del cannabis medicinal con nuevos requerimientos que complican un poco más todos los trámites, ya que, además, hay que pedir el currículum del médico”, indicó la profesional.
“Para las familias y pacientes que ya tienen estas enfermedades de extremidad compleja con el problema del trámite de las obras sociales, complicando y sumando con otro trámite, se hace más difícil”, expresó.
“Ha cambiado la modalidad, por el tema de que se está informatizando todo y hay que pensar en el interior del país donde se hace más complejo para los que están muy alejados de Capital Federal”, subrayó.
Como indica la legislación, el cannabis medicinal sólo puede ser usado para el tratamiento de epilepsia refractaria. “Ese fue otro de los puntos que nosotros debatimos, ya que pedimos la ampliación a otras patologías en una reunión que hubo en marzo y también lo dialogamos en el Anmat”, dijo García Nicora.
“La disposición está, pero lo cierto es que se habla por las acciones y todavía eso no está sucediendo. Y la realidad es que no sólo los pacientes lo piden, sino que hay médicos que también lo solicitan para sus pacientes. Por lo que la necesidad es aún mayor”, remarcó.
El autocultivo, una solución a medias
El aceite de cannabis que se puede conseguir con esta nueva ley debe ser importado desde países como Estados Unidos, lo que genera que haya una producción nacional de manera artesanal o “ilegal” por personas que cultivan en sus hogares. “No sabés lo que estás recibiendo, ya que no tiene estudios bacteriológicos, microbiológicos y de metales pesados. Y además se pueden generar hongos que producen toxinas que a su vez producen cáncer”, alertó la profesional.
“El autocultivo, en algún punto, viene a ser un proceso de salvataje en el mientras tanto. Nosotros desde Cameda consideramos que hay una realidad social construida, pero debemos ir hacia una seguridad en lo que se recibe con calidad. Por eso pedimos un Estado presente con productos de calidad y seguridad”, concluyó.
Una reglamentación “muy restrictiva”
Muchas familias que en su momento festejaron la aprobación de la ley de cannabis medicinal por allanarles el camino al tratamiento para sus hijos, un año más tarde observan con angustia cómo su reglamentación, lejos de facilitarlo, se los complicó. Una reciente modificación que introdujo la Anmat en el trámite para importar aceite terapéutico hizo que gran parte de ellas dejaran de conseguirlo y no tengan tampoco certezas sobre en qué momento lo van a volver a recibir.
“Lo que está pasando con el aceite medicinal es un desastre. La Anmat cambió el mecanismo para solicitar su importación y IOMA nunca nos avisó. Tenía un trámite empezado hace un mes y medio para no quedarme sin provisión y me enteré de casualidad que tenía que hacer todo de nuevo porque el sistema cambió”, contó Luciano Corradini, cuya hija Ailen, de trece años, se encuentra hoy sin esa medicación.
Debido a un Síndrome de Rett, una enfermedad genética que produce retraso madurativo y pérdida de la motricidad, Ailén ha vivido con convulsiones diarias desde que tiene cuatro años de edad .“Llegó a tener más de cien episodios por día”, contaron sus padres, quienes a lo largo de muchos años venían tratándola sólo con medicamentos neurológicos en una dosis cada vez mayor.
Desesperados por la falta de resultados, en 2015 decidieron probar con un aceite de cannabis casero que alguien les facilitó. “El cambio fue notable: Ailén no sólo estaba más conectada y más despierta, sino que los episodios se volvieron más leves y por primera vez estuvo 24 horas seguidas sin convulsionar”.
Tras haber comprobado lo efectivo que resulta el aceite de cannabis para su hija, hoy los padres de Ailén no logran acceder a él. “Ahora te exigen hacer un trámite por internet, para lo cual tenés que gestionar una clave fiscal y escanear una cantidad demencial de documentación: desde el currículum del médico y los consentimientos informados hasta la factura de compra del aceite anterior y unos códigos de laboratorio que no se sabe quién te los va a proveer. Se trata en suma de un montón de requisitos que no sólo son difíciles de cumplir sino que además representan un obstáculo casi infranqueable para las familias que no se manejan bien con internet o carecen de medios para digitalizar esa documentación”, contó el papá de Ailén.
Trabas burocráticas
“La reglamentación de la ley, en lugar de facilitar, no ha hecho más que establecer un montón de trabas burocráticas para importar el aceite”, sostuvo Pedro Pianta, juez penal y padre de un hijo con Síndrome de Dravet que toma aceite de cannabis como parte de su tratamiento habitual.
“Lo veníamos recibiendo sin mayores dificultades hasta este año. En febrero fui a IOMA a renovar el trámite de solicitud para no quedarnos sin aceite y aunque presentamos todo lo que nos pidieron ahora nos enteramos de que no tiene ninguna validez porque el sistema cambió. Es un disparate lo que hicieron: no pueden cambiar las condiciones para atrás”, sostiene Pianta, cuyo hijo Pedro “no sólo logró controlar sus crisis sino también dormir después de años” gracias al aceite al que ahora no logra acceder.
“Mi hijo tiene 28 años y hasta sus 25 estuvo tomando una cantidad de medicamentos alopáticos que le produjeron muchísimo deterioro. Por eso cuando veo que se le entorpece el acceso al aceite de cannabis a papás de nenes chiquitos que podrían resultar muy beneficiados -asegura el juez- lo siento como una injusticia que me llena de indignación”.
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