El impacto del cierre de las oficinas de Arca, ex-Afip, no es solo laboral. La medida afecta la vida rutinaria de las personas que habitan pequeñas ciudades, quienes, a partir de ahora, deben trasladarse a oficinas más grandes para realizar sus trámites impositivos, lo cual genera más desconexión, y pérdidas de tiempo y dinero. Lo mismo ocurre con los más de 600 empleados que se verán afectados, al ser reubicados o transferidos a otros lugares lejos de su hogar.
Cabe recordar que la fecha límite dispuesta por el Gobierno nacional para que el plan terminara de ejecutarse era el viernes 18 de abril, por lo cual el miércoles 16 fue el último día de atención al público en las sucursales de Rojas, Bragado, Salto, Lincoln, General Villegas, San Carlos de Bolívar, Trenque Lauquen y Carlos Casares. Así, a partir de hoy, todo es incertidumbre para alrededor de 50 trabajadores que aún no saben cómo van a continuar en sus empleos.
Si el Ejecutivo nacional no revierte la decisión, deberán recorrer distancias de entre 60 y 200 kilómetros para desarrollar sus actividades en las nuevas sedes. Esta reestructuración no solo afectará a los empleados, sino también a sus familias, que tendrán que modificar sus rutinas.
En diálogo con “Democracia”, el presidente de la delegación Lincoln del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el contador Luis Montenegro, sostuvo que la medida no lo sorprende porque “la realidad es que los trámites presenciales, desde la llegada de la pandemia a la fecha, se redujeron considerablemente porque muchos se trasladaron a las presentaciones digitales”.
Sin embargo, remarcó: “En ciudades como las nuestras, donde nos conocemos todos, muchas veces el hecho de tener la oficina ayuda a resolver algunas cuestiones que la normativa fría por ahí no considera”.
En este sentido puso como ejemplo el empleo de las cartas de porte que utiliza el sector agropecuario. “Muchas veces el productor no podía mover la cosecha porque se trababa su emisión y eso se solucionaba de manera informal o más rápida en la oficina”, destacó Montenegro. Y añadió que “ese canal informal, que muchas veces se facilitaba con el hecho de que la oficina estaba en Lincoln, realmente ahora se rompe y es lo que más se daña”.
También detalló que su preocupación “va por el lado humano y de las relaciones que se rompen”, y que ven muy difícil que se revierta la situación, tal como lo han manifestado otras delegaciones. “Hoy en día, para cualquier cuestión que no se pueda hacer vía internet, tenemos que viajar a Junín, y eso, para el linqueño, conlleva al menos 60 kilómetros de ida y 60 de vuelta”, objetó. Y manifestó: “Lo ideal sería tener un canal de diálogo con las autoridades de la Afip, al menos de acá, de la región, para ver cómo se pueden manejar y canalizar estas cuestiones que pueden surgir”.
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