Una denuncia por fraude en la obra pública podría salpicar a un exintendente

Las denuncias sobre irregularidades en la concesión de la obra pública fue uno principales temas que rodeó la transición política de finales de 2015, cuando el Frente para la Victoria (FpV) resignó la conducción del gobierno nacional y de algunas provincias importantes, entre ellas Buenos Aires, a manos de la alianza Cambiemos.
A su vez, dentro del territorio bonaerense, numerosos municipios alzaron la voz para señalar casos de adjudicaciones fraudulentas de obras estratégicas o, simplemente, deterioro a nivel de la infraestructura.
La ciudad de Lincoln es uno de los ejemplos de esta tendencia. Como dejaron trascender medios locales días atrás, un grupo de concejales trabaja en una presentación judicial que podría complicar a funcionarios de la gestión del exintendente kirchnerista, Jorge Fernández, que se desempeñó en el cargo entre los años 2003 y 2015. La denuncia, según confirmaron a Democracia, estaría lista “en 20 o 30 días”.
“En Lincoln funcionó durante muchos años una estructura de desvíos de fondos de obra pública que nosotros denominamos 'de doble mostrador’. Es decir, funcionarios que aparecen como dueños de las empresas que después son las adjudicatarias de las obras”, explicó a Democracia Manuel Solana, concejal por el GEN.
Pero el edil fue más allá y advirtió que además de estos casos, otra práctica común ha sido la de crear cooperativas de trabajo a través de las cuales se malversaban recursos y se engañaba a las personas que figuraban como sus responsables.
“Las cooperativas se armaban con personas muy humildes, que no tenían conocimiento de aquello en lo que las estaban involucrando y aparecían facturas a su nombre con sumas siderales, que por supuesto jamás iban a cobrar”, amplió.
Solana también indicó que los procedimientos irregulares se observaron con mayor frecuencia en las adjudicaciones de obras de infraestructura urbana, principalmente las de pavimentación de calles.
Cuando consultado acerca de cuál fue la reacción de los exfuncionarios alcanzados por la denuncia, entre los cuales figuraría el propio exjefe comunal, Solana contó que recibió el llamado del entonces secretario de Obras y Servicios Públicos y actual concejal, Luis Siri, quien le negó que hubiera participado en las maniobras cuestionadas.
“Siri me dijo que él no había formado ninguna cooperativa trucha durante su gestión y si bien me consta que no lo hizo directamente, sí es cierto que las mismas funcionaron en el marco de su área”, aseguró el edil.    
Que las deudas las paguen los exfuncionarios
Otro de los proyectos impulsados por Solana fue el de promover que las deudas generadas por juicios perdidos por el municipio sean costeadas por los propios funcionarios. “El erario público no tiene por qué hacerse cargo de las pérdidas causadas por las arbitrariedades de los políticos", argumentó el dirigente del GEN, cuya iniciativa fue aprobada por el Concejo Deliberante y aguarda su aplicación por parte del Departamento Ejecutivo.
Sin embargo, el edil expresó ante Democracia sus dudas ante la posibilidad de que la resolución se haga efectiva en el corto plazo. “Veo al gobierno municipal bastante dubitativo en este tema”, admitió.