El nuevo régimen penal juvenil, en problemas

En ese sentido afirmó que el primer obstáculo es que aún no fueron designados los defensores y fiscales que actuarán en las causas que involucran a los menores, y que en algunos municipios no hay inmuebles para que operen los nuevos tribunales.
Falbo formuló declaraciones tras un acto en la gobernación donde se lanzó la consulta para una nueva reforma al Código Procesal. Allí sostuvo que la Procuración "tiene todo preparado" para que el nuevo fuero se aplique en un principio en "4 ó 5 departamentos judiciales", aunque insistió en que será imposible comenzar sin el nombramiento de los funcionarios judiciales.
"Tenemos todo previsto, pero dependemos de otros factores. Estamos esperando que el Ministerio de Desarrollo Humano ponga además los centros zonales y locales con mayor plenitud en todos los departamentos para que puedan derivarse aquellos asuntos que se desjudicializan para ir al órgano administrativo", indicó la procuradora.
La ley de Minoridad fue aprobada en diciembre de 2004 por la Legislatura, pero nunca se aplicó. Su puesta en vigencia fue postergada en numerosas oportunidades a raíz de las dificultades presupuestarias e instrumentales para ponerla en práctica. De esta forma, continúa vigente la denominada ley de Patronato que rige desde la época de la dictadura.
Lo que cambia la norma es que otorga a los adolescentes las mismas garantías procesales que a los adultos. Pero además, "desjudicializa" las causas asistenciales al transferirlas de los jueces de Menores a los tribunales de Familia.
De esta manera, se busca restringir la internación de menores en Institutos, ya que se procurarán medidas alternativas a la institucionalización. Actualmente, la mayoría de los menores alojados en los Institutos no afrontan causas penales. Lo que promueve la ley es que tengan contención en sus propios hogares o en hogares sustitutos, pero siempre dentro de su comunidad para evitar el desarraigo. En estos casos intervendrán además los municipios que deberán crear organismos especializados para tratar estas problemáticas.
La última prórroga a la ley vence el 1º de junio y Falbo dijo ayer que espera que se liberen algunos obstáculos para que se ponga en práctica al menos en algunos departamentos judiciales.
"Desde el año pasado estamos trabajando con todo preparándonos para que el 1º de junio se inicie, por lo menos en algunos departamentos judiciales", indicó Falbo, quien dijo estar “a la espera de que entren los pliegos ya votados como ternas en el Consejo de la Magistratura para que el gobernador los pueda firmar y que puedan jurar fiscal y defensor".
La procuradora señaló: "el problema es que si no pueden jurar el fiscal y el defensor no vamos a poder arrancar". Y en ese sentido dijo que inició gestiones ante los senadores para que aprueben las ternas. "También tengo el compromiso del gobernador Scioli para que una vez que le lleguen las propuestas las firme de inmediato", precisó.
Falbo dijo que los delitos protagonizados por menores "han crecido y bastante; muchos mayores utiliza a los menores, a veces hasta sus propios hijos. Y también el tema de la droga que ha incidido en que algunos comenten delitos drogados y otros delinquen para poder comprar la droga. Es un tema serio y hay que tomarlo globalmente".
La procuradora señaló también que la situación edilicia "es otro problema" que debe sortear la puesta en marcha de la nueva ley. "En Mar del Plata no hay inmuebles; el valor de los alquileres que nos piden son de un precio sideral que no nos permiten en Contaduría ni Tesorería, porque están fuera de los límites previstos", sostuvo.