RESISTENCIA OFICIAL

Sigue la polémica por las Policías locales

Si bien aún no ha sido transformado en ley, el proyecto de creación de las Policías locales sigue levantando polvareda. Con sanción en la Cámara de Diputados y a la espera de una ratificación del Senado, la iniciativa volvió a quedar ayer en el centro de la escena cuando el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, salió a cuestionar uno de los artículos de la norma que traspasa a los intendentes el manejo de las unidades de la fuerza de seguridad provincial que estén en sus distritos.
“Las unidades o dependencias de las Policías de la Provincia de Buenos Aires que cumplen tareas de seguridad preventiva local en cada Municipio que haya conformado Policía Local dependen funcional y operativamente del Departamento Ejecutivo, y orgánicamente del Poder Ejecutivo”, sostiene el artículo 5 del proyecto.
Granados blanqueó ayer que ese artículo generó malestar no sólo en el Ejecutivo sino también entre varios intendentes.
“Los intendentes manejan la Policía local. A la policía de la Provincia de Buenos Aires la sigo manejando yo”, sostuvo.
“Lo vamos a analizar bien, pero eso no es posible”, insistió el ministro tras el acto que compartió con el gobernador Daniel Scioli en el ministerio de Seguridad.
A tono con las dudas que generan entre los alcaldes algunos artículos de la norma, el intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, afirmó que “hasta que se aplique podemos seguir analizando el proyecto.

Resistencias

No es la única cuestión que genera resistencias. El proyecto, como informara este diario, podría prohibir a todas las policías realizar detenciones por averiguación de antecedentes. Se trata del artículo 113, que modifica el artículo 15 de la ley 13.482, de unificación de las normas de organización de todas las policías de la Provincia. n
El texto original de la ley establecía que los policías locales sólo podían detener a una persona por un plazo máximo de 6 horas. Pero el martes, la comisión de Derechos Humanos de Diputados modificó el artículo y, a instancias de legisladores de La Cámpora, no sólo prohibió esa potestad para la nueva fuerza, si no que la amplió para el resto de las policías.
Pese a los reproches, el Ejecutivo pretende que el proyecto se haga ley la semana que viene en el Senado. La idea es evitar demoras y “corregir” luego, mediante algún veto o por la reglamentación de la normativa, las cuestiones que vienen generando resistencias entre los intendentes y que incluso dejó trascender el propio Granados.

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