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LA PROVINCIA / PANORAMA POLÍTICO

Los Intendentes tendrán más poder de decisión en la pelea contra el delito

Tras la decisión de decretar la emergencia en Seguridad frente a un accionar delictivo que lejos parece de amainar, el gobierno bonaerense apuró el paso en dirección a potenciar el control de los municipios sobre la labor policial.
Involucrar a los intendentes en el monitoreo de la fuerza es, por convicción o necesidad, uno de los aspectos ideados desde el ministerio de Seguridad en busca de resultados que frenen la inseguridad.
El dato no parece menor frente a la sensación mezclada con algún grado de certeza esbozadas por diversos jefes comunales, de que en algunos distritos la inseguridad estaría encontrando campo orégano para avanzar sin demasiados obstáculos.
La vuelta del Comando de Patrullas -estructura a la que le había dictado acta de defunción el ex ministro León Arslanián-, no sólo supone la idea de potenciar los patrullajes: también otorga a los intendentes potestades para definir las zonas críticas y reorientar la presencia policial. También, mirar con detenimiento el accionar de los uniformados.
Pidieron colaboración y control  y nos dijeron que nuestra presencia es clave para avanzar en la lucha contra el delito, decía en las últimas horas uno de los alcaldes que participó en un encuentro con el gobernador Daniel Scioli y el ministro Alejandro Granados.
Algunos de ellos tienen dudas en el sentido de tomar nuevas potestades, más allá de los aportes que realizan para contribuir a la seguridad con fondos para combustible y compra de equipos. Pero para otros, donde los reclamos por la inseguridad se multiplican y tocan la puerta del municipio, lo que está en juego es su propia supervivencia política.
Varios alcaldes adelantaron que están dispuestos a aceptar el desafío -incluso firmaron los convenios con Seguridad para el arranque del nuevo sistema de patrullaje-, pero también están reclamando que la cartera que conduce Granados sea permeable al cambio de algunos jefes policiales que vienen demandando.

Medidas


Aún cuando el decreto de emergencia tiene pocas horas de vida y  su aplicación no puede exhibir resultados concretos, en la Gobernación se respiraba un clima levemente más distendido.
Las medidas cayeron muy bien en la gente, tienen una aceptación de casi el 80%, aseguraban funcionarios sciolistas, encuestas en mano.
Aún sin contar con esos datos, en la oposición se hacía una lectura parecida. Con los anuncios, por lo menos Scioli sacó la cabeza del agua, graficaban y decían que generaron cierta expectativa de que algo puede cambiar.
Esa percepción puede que haga que los proyectos que el Ejecutivo enviará a la Legislatura vinculados a los límites a las excarcelaciones y otras medidas, no encuentren reparos insalvables. Incluso la ley de Policías locales logró destrabar en los últimos días la primera cerradura del cofre en el que descansaba desde hace algún tiempo.
Las herramientas que anunció Scioli y que requieren tratamiento parlamentario tendrían, se dice, el camino bastante despejado aún cuando pudieran generar algunos chispazos en sectores del Frente para la Victoria.
Pero distintos bloques opositores, e incluso algunos legisladores del propio oficialismo, tienen resuelto promover el debate en relación al decreto de emergencia que dictó Scioli la semana pasada.
Ya lo anunciaron los diputados del Frente Renovador que lo tacharon de inconstitucional, y promovieron que esa medida extraordinaria sea avalada por ley. Sin embargo, el tema clave en discusión, para algunos bloques, es la facultad que otorga la emergencia para que el Ejecutivo pueda, aseguran, realizar compras directas, entre otras cosas, de patrulleros, armas y diverso equipamiento para la policía.
Por eso ya se habla en la Legislatura de promover una comisión bicameral de seguimiento de esas adquisiciones, una suerte de monitoreo permanente legislativo sobre una inversión prevista de cerca de 600 millones de pesos.

¿Mejor clima?


La cíclica relación que Scioli mantiene con la Casa Rosada quedó expuesta una vez más tras el anuncio de la emergencia en Seguridad. Las primeras voces críticas a esa medida del arco K parecieron quedar circunscriptas con el correr de los días a los sectores no peronistas que reportan al oficialismo, tradicionalmente refractarios a las políticas del gobierno provincial, en especial las vinculadas a la lucha contra el delito.
 El acto que encabezó la presidenta Cristina Kirchner en Ensenada, donde la Universidad de La Plata le entregó el título Honoris Causa fue, en ese sentido, un testeo para el sciolismo.
La primera mandataria no hizo referencia alguna a la inseguridad ni a las medidas anunciadas por la Provincia. Y tuvo un trato cordial con Scioli.
Pero esos gestos no alcanzarán, se dice, para que el diputado nacional Martín Insaurralde corone con éxito en el Congreso, la misión que le encargó Scioli de promover un endurecimiento de las penas para aquellos que porten armas no declaradas. La resistencia K a esos cambios parece infranqueable. 

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