Un total de 80 chicos menores de 16 años contratados para trabajar en zonas rurales fueron detectados en distintos operativos del Ministerio de Trabajo en los últimos dos años, cuando se sancionó la ley que establece penas de 1 a 5 años de prisión para quien se aprovecha económicamente de niños y niñas.
"Hasta 2012 hacer trabajar a un menor estaba prohibido pero a partir de la sanción de la ley, en ese año, es un delito penal partiendo de la base de que el niño debe educarse y estar con los padres", dijo Guillermo Alonso Navone, subsecretario de fiscalización.
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