El gobierno bonaerense garantizó ayer que no vetará la ley que obliga a countries a ceder una parte de sus terrenos para la construcción de viviendas sociales, aunque aseguró que será “muy estricto” en la aplicación de esa norma para que “no se viole la propiedad privada”.
Así lo indicó el jefe de Gabinete de la Provincia, Alberto Pérez. “Se aplicará una reglamentación muy estricta para evitar que se viole la propiedad privada. Al espíritu de crear tierras sociales, se le tiene que sumar el de cuidar la propiedad privada y los derechos adquiridos”, enfatizó el funcionario, en declaraciones radiales.
El jueves último, el Senado bonaerense aprobó el proyecto de ley que obliga a grandes emprendimientos inmobiliarios como countries y clubes de campo, de más de 5 mil metros cuadrados, a ceder un 10 por ciento de sus terrenos o su equivalente en efectivo, para la construcción de planes de vivienda sociales.
La norma modifica la Ley de Ordenamiento Territorial y uso del suelo para “abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbano habitacional, desalentando las prácticas especulativas” sobre la tierra.
Por su parte, el diputado nacional Francisco de Narváez expresó su rechazo a la flamante ley. “Le voy a pedir al señor gobernador que vete la ley. Esto va a producir menos trabajo y no va a generar una sola vivienda social. Destruir la propiedad privada no es el camino”, se quejó el legislador.
Además, consideró que la iniciativa “muestra la punta del iceberg que asoma detrás de la forma que tiene el kirchnerismo de ver la sociedad: ellos entienden que la propiedad privada es un mal”.
“Esta ley podría afectar a quien tiene terreno en una zona donde no hay nada y el Estado hace un cordón cuneta”, graficó.
Por su parte, el presidente de Nordelta, Eduardo Constantini, evaluó que “es demasiada la cesión” de tierras dispuesta por la ley, por lo cual advirtió que “hay una doble imposición”.
En declaraciones radiales, el empresario explicó que Nordelta está encuadrado desde hace 14 años en un programa de cesión, enmarcado en la ley 9412, en la que se otorgan terrenos “para obras de infraestructura, hospitales o escuelas”.
La norma en cuestión también dispone un aumento adicional del 50 por ciento del Impuesto Inmobiliario Urbano a los baldíos, y una contribución especial para las viviendas o terrenos cuyos valores aumenten como consecuencia de obras o cambios de zonificación que produzcan los municipios.
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