El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, firmó hoy junto a intendentes una presentación judicial contra el Gobierno por "desvío de fondos y el estado de abandono de las rutas" nacionales. De la Región, participaron los intendentes de Bragado, Sergio Barenghi; de Chacabuco, Darío Golía y de General Villegas, Gilberto Alegre. También estuvo presente la Subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Valeria Arata, y las concejales Maia Leiva y Francina Sierra, y el funcionario provincial Lautaro Mazzutti.
La falta de envío de fondos por parte del Ejecutivo trae "consecuencias directas sobre el desarrollo productivo de las regiones y la vida de las personas que transitan en ellas", indicaron en un comunicado. “Cada vez que cargás combustible en la estación de servicio, un tercio de eso va a una cuenta específica que tiene como único destino, por ley, el arreglo de las rutas, que están en un estado total de abandono”.
Asimismo, aseguró que “Milei es el único presidente de la Nación que en 40 años de democracia no hizo un solo kilómetro de ruta y paralizó todas las obras que estaban en ejecución” y agregó: “Queremos que la justicia le ordene al Estado Nacional el reinicio urgente de todas estas obras porque lo que está en juego es la vida de la gente”.
“Nosotros por decisión del Gobernador Kicillof vamos a seguir trabajando para que las rutas que pasan por nuestros municipios estén en condiciones porque por ellas pasa gran parte de lo que produce la Argentina”, concluyó.
De la firma participaron jefes comunales de ciudades del interior de la Provincia que son atravesadas por las distintas rutas nacionales cuyas obras fueron paralizadas. Estuvieron presentes el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk; de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; de Ramallo, Mauro Poletti; de San Andrés de Giles, Miguel Gesualdi; la intendenta Interina de Mercedes, Mariana San Martín; de Carmen de Areco, Iván Villagrán; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; de Azul, Nelson Sombra; de Alberti, Germán Lago y de Bolívar, Marcos Pisano.
También, el de Bragado, Sergio Barenghi; de Carlos Casares, Daniel Stadnik; de Chacabuco, Darío Golía; de Las Flores, Alberto Gelené; el intendente Interino de Mar Chiquita, Fabián Jacquet; de Benito Juárez, Julio Marini; de Saavedra, Matías Nebot; de Tornquist, Sergio Bordoni y de General Villegas, Gilberto Alegre.
También participó la Subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Valeria Arata, y las concejales Maia Leiva y Francina Sierra, y el funcionario provincial Lautaro Mazzutti.
Arata: "La situación de la Variante Chacabuco es incomprensible"
La Subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Valeria Arata, indicó que “la situación de la variante de la ciudad de Chacabuco en la Autovía de la Ruta Nacional N° 7 es incomprensible. Cuando pararon la obra ya tenía un avance de casi el 90%. Y el tramo entre Chacabuco y Carmen de Areco se había iniciado a muy buen ritmo. Es increíble que se sigan cobrando los impuestos para financiar esas obras y no se hagan”.
“Fueron muchos años de lucha de todas las familias de cada una de las ciudades que atraviesa la Ruta 7 para que se inicie la autopista, como así también las vidas que se perdieron en accidentes, hasta que se iniciaron las obras. Y hoy es incompresible que estén detenidas esas obras”, afirmó Arata.
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La funcionaria dijo que “teniendo en cuenta que los recursos económicos están disponibles, estamos haciendo esta presentación judicial para que se investigue cuál fue su destino. Desde que Milei es presidente, las naftas aumentaron más del 250% por el aumento del Impuesto a los Combustibles, lo que generó que Nación llegara a recaudar más de $2,5 billones durante 2024, un 378% más que en 2023. Y de acuerdo a la Ley 23.966, el Gobierno Nacional está obligado a destinar el 28,58% de esa recaudación al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte”.
Por último, Arata dijo que “además, el 50% de ese fondo tiene que ser asignado a Vialidad Nacional con único fin de financiar las obras en los corredores viales nacionales, incluyendo la construcción, el arreglo y el mantenimiento de los más de 40.000 km de rutas que tiene a su cargo en todo el país”.
Las obras paralizadas
Todos los meses, la Administración Nacional recauda fondos a través de distintos impuestos que tienen que ser específicamente destinados a obras públicas, entre ellas, al mantenimiento de los 40.000 km de rutas nacionales. En particular, a pesar de estar obligado por ley, durante 2024 el Gobierno no transfirió a Vialidad Nacional $200 mil millones que recaudó con el Impuesto a los Combustibles y, además, se quedó con $1 billón surgido del Impuesto PAIS, que tenía que ser utilizado para ejecutar infraestructura.
Según establece la Ley 23.966, el Gobierno Nacional está obligado a destinar el 28,58% de esa recaudación al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte. A su vez, el 50% de ese fondo corresponde ser asignado al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), a los fines de financiar específicamente las obras de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en los corredores viales nacionales, incluyendo la construcción, el arreglo y el mantenimiento de las rutas nacionales.
Participaron los intendentes de Bragado, Sergio Barenghi; de Chacabuco, Darío Golía y de General Villegas, Gilberto Alegre. También estuvieron presentes la subsecretaria Valeria Arata, las concejales Maia Leiva y Francina Sierra, y el funcionario provincial Lautaro Mazzutti.
Por otro lado, y de acuerdo a los datos oficiales de ARCA, durante 2024 el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) recaudó unos $6,27 billones: un 315,3% más respecto del 2023, el triple que el de los combustibles ($2,52 billones) y un 12% más de lo recaudado por el fisco por los derechos de exportación ($5,43 billones).
A través del Decreto 193/24, se dispuso que el 28,2% de lo recaudado con este impuesto debe destinarse a obras de infraestructura ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas. A diciembre de 2024, este organismo debería haber recibido $2,08 billones, pero sólo ejecutó cerca de $38,77 mil millones (1,86% de lo que correspondía por ley) y fue obligada, mediante el Decreto 1104/24 del Ejecutivo Nacional, a constituir un bono a favor del Tesoro Nacional por $1 billón ($1.000.000.000.000).
Desde diciembre de 2023, el Gobierno Nacional dispuso la paralización de más de 2.300 obras públicas que se encontraban en marcha a lo largo y ancho de la Argentina, situación excepcional que se sostiene hasta el día de hoy y que impacta en forma directa en el desarrollo de las ciudades y sus habitantes.
Del total de 277 obras viales en ejecución por parte del ex Ministerio de Obras Públicas, a noviembre de 2023 según el Mapainversiones, 150 fueron frenadas con un avance físico de más del 40%, y de ese grupo, 85 contaban con más del 70% de los trabajos ejecutados, es decir, muy pronto a ser finalizadas.
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El estado de las rutas es de abandono; no hay mantenimiento ni para cortar el pasto en las banquinas, y mucho menos se proyecta infraestructura de transformación en autopistas o autovías en rutas estratégicas que brinden mayor seguridad vial y favorezcan al desarrollo productivo de las regiones.
La Provincia de Buenos Aires cuenta con nueve rutas nacionales que atraviesan 57 municipios sumando más de 4.000 kilómetros y la inversión de Vialidad Nacional en la PBA cayó 85,9% durante 2024 con respecto al año anterior, siendo la provincia más perjudicada por los recortes de todo el país. Entre las obras estratégicas paralizadas por el gobierno de Milei, se destacan la Autopista Presidente Perón, en sus tres tramos; la transformación en Autopista de la Ruta 7 entre Carmen de Areco y Chacabuco y la Variante Chacabuco; la construcción de la Autopista de la RN 33 y el Paso Urbano El Cholo en Bahía Blanca; y la Autovía de la Ruta 3 entre Cañuelas y Azul.
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