En medio de discusión sobre el delito y la reincidencia, y tras las críticas del intendente de Junín, Pablo Petrecca, a un sector de la Justicia, la presidenta del Colegio de Magistrados del Departamento Judicial Junín, Alejandra Bottega, afirmó en una entrevista con Democracia que el Poder Judicial “no tiene una función preventiva del delito”, sino que actúa una vez que el ilícito ya se concretó.
“El tema de la inseguridad es una problemática que nos preocupa a todos, pero mientras esta preocupación no se materialice en una política criminal concreta, bajada desde los gobiernos nacional, provincial y desde los municipios, solo se termina haciendo políticas discursivas, que no tienen ninguna evaluación”, consideró.
Y agregó: “Lo paradójico es que estas cuestiones salen a la luz cada cuatro años. El año pasado no estábamos discutiendo sobre las nuevas formas de delitos que se manifestaron en la pandemia, delitos cibernéticos, violencia de género, eran temas que hace un año atrás no los hablábamos”.
“El Poder Judicial está lejos de tener una función preventiva o disuasiva del delito, o de estudiar el desarrollo o el fenómeno del delito. El Poder Judicial está para cumplir la norma escrita, y cuando el juez tiene que aplicar la norma escrita es porque el delito ya se cometió”, remarcó.
El problema de la reincidencia
“Cualquier resolución judicial tiene un mecanismo de revisión, existen instancias de apelación, y eso no quiere decir que pueda o no haber errores. Ahora, achacar al Poder Judicial el aumento de la criminalidad o la situación que puede estar viviendo hoy Junín es no asumir las responsabilidades del poder ejecutivo nacional, provincial o municipal”, punzó.
“Si una persona cumplió una pena y salió y está dentro de los marcos legales por los cuales tenía que obtener la libertad, y reincide, también habla de las políticas del Estado de reinserción del delincuente que estuvo preso. Acá no hay una cuestión de ver quién tiene la culpa, cada uno tiene que ocuparse”, dijo.
Un poder “vaciado”
“El poder judicial de Junín, más allá de que es una problemática estructural en toda la provincia de Buenos Aires, está vaciado. Y eso también tiene una connotación política, porque no se han cubierto las vacantes desde hace muchos años, se dictó una ley en 2018 que entorpeció totalmente la designación de nuevos magistrados. Y si bien ahora se puso en funcionamiento, vamos a tener la designación de un nuevo juez, con suerte, dentro de un año y medio o dos”, afirmó.
“La mayor problemática cuando hablo del vaciamiento, es que a nadie le interesa ingresar al poder judicial en estas condiciones. Tenemos vacantes de fiscales, cuatro concursos y no hay postulantes para realizar las ternas. Muchos fiscales se retiraron y no hay suficiente cantidad de postulantes.
Seguramente, si hubiese una vacante para la justicia federal habría muchos más postulantes, no es atractivo en estas condiciones, donde un juez, en Junín, tiene que estar a cargo de tres juzgados”, marcó.
Sobre el uso de celulares en las cárceles, afirmó: “Desde el Poder Judicial tenemos poco para decir sobre eso. Si esta ley no funciona, tendrán que buscar mayoría parlamentaria y modificarla, pero no es algo que competa al poder judicial”.
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