Cuentan que Axel Kicillof fue uno de los gobernadores más belicosos en el planteo de rechazar el fallo de la Corte Suprema que le devuelve parte de los fondos que el Gobierno nacional le quitó a la Ciudad de Buenos Aires. Existen cuestiones que tienen que ver con los posicionamientos políticos y el inoxidable alineamiento del Gobernador con Cristina Kirchner en su embestida contra el Poder Judicial para explicar esa actitud. Pero no son las únicas.
La cuestión económica tiene un peso, también, determinante. Obviamente porque los que están en juego son recursos y porque lo que ha quedado en el aire y rodeado de signos de interrogación son unos 200.745 millones de pesos que el Estado bonaerense tenía previsto recibir el año que viene.
Habría que hacer un poco de historia breve para recordar por qué Kicillof quedó enganchado en esta polémica que terminó pulverizando bien rápido el clima de distensión y concordia que derramó la obtención del Mundial de Qatar por parte de la Selección argentina.
En septiembre de 2022 la Provincia transitaba por un muy peligroso desfiladero institucional producto de una protesta salarial de la Policía que amagaba con extenderse y dejar a la población en el peor de los desamparos. En medio de ese clima tenso, Alberto Fernández resolvió quitar parte de los recursos que la Nación destina a la Capital Federal para derivarlos a que la Provincia pudiera salir de esa crisis.
Fue así que surgió el denominado Fondo de Fortalecimiento Fiscal que se usó para aplacar la rebelión. Ahora, el fallo de la Corte que ordena a la Nación devolver parte de los recursos que le quitó a la Ciudad de Buenos Aires, pone a la Provincia en alerta y a Kicillof en el rol de una de las voces más críticas frente a la decisión del alto tribunal.
Cerca del mandatario buscan explicar que el conflicto suscitado no tiene de un lado a la Provincia y del otro a capital federal. “Es la Ciudad de Buenos Aires contra el resto de las provincias”, definen con el argumento de que lo que volverá a recibir la actual administración de Horacio Rodríguez Larreta terminará no sólo siendo restado a Buenos Aires sino también el resto de los distritos.
En el Gobierno bonaerense están analizando el impacto de una posible quita, aunque corren con una ventaja que, al menos, permite estirar definiciones. El fallo, si bien es desconocido por la Nación, será apelado por la administración de Alberto Fernández a través de un recurso extraordinario ante el alto tribunal. Y por lo tanto, interpretan algunos constitucionalistas, aún no quedó firme.
La cifra es juego es importante para la Provincia. Son poco más de 200 mil millones de pesos que representan casi la totalidad del déficit del Estado bonaerense que se calculó para 2023 en 250 mil millones de pesos. Suponen, además, poco menos de la mitad del presupuesto que se destinará a obras públicas que se estimó para el año que viene en 500 mil millones de pesos.
Es un monto que representa el 6,7% de los recursos nacionales que recibe una provincia que sufre una histórica discriminación en materia de reparto de fondos coparticipables. El principal distrito del país genera el 37% de los recursos nacionales y apenas consigue el 21% de la masa de dinero que se distribuye entre las provincias.
Para Kicillof, la mala nueva llega en un momento político especial, en medio del operativo para acelerar en el proyecto de reelección que comenzará a dar señales muy concretas en los próximos días y durante la temporada estival.
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