Existe en el Senado bonaerense una comisión de trabajo clave en la que se trabaja, entre otros asuntos, en la designación de jueces y funcionarios que requieren de la aprobación de la Cámara alta. Conocida en los ámbitos parlamentarios como “ACA”, tiene un peso institucional y político enorme.
La comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos es, en función de su propia importancia, eje por estas horas de una fuerte disputa entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
Por un lado, el oficialismo reclama que la presidencia quede en manos del camporista Emanuel González Santalla y contar con mayoría de miembros. Por el otro, la oposición acepta la continuidad de Santalla, pero quiere representación mayoritaria propia.
La situación acentúa la problemática que impacta de lleno, entre otros, en el Departamento Judicial de Junín con la demora en el nombramiento de funcionarios.
Cabe recordar que la ciudad aqueja una serie de vacancias, donde por caso hay en funciones cuatro fiscales, cuando se requieren 13 para las dependencias.
Y a su vez, restan cubrir al menos ocho puestos de jueces y camaristas en distintos fueros del Departamento Judicial.
También resta cubrir una vocalía en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal y otra en el Tribunal en lo Criminal Nº 1.
También, están acéfalos el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3, el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 4, el Juzgado de Paz de Chacabuco y Juzgado en lo Correccional N° 2.
A esas vacancias se sumaron, recientemente, las del Juzgado de Garantías N° 1 y el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1.
Tensión política
La particular relación de fuerzas en el Senado (23 legisladores del Frente de Todos y 23 de Juntos), hizo que a la hora de definir las comisiones se fuera hacia un esquema también compartido: el partido que tenía la presidencia no contaría con mayoría.
Así se avanzó hasta que se llegó a la definición de ACA, donde aquella distribución quedó en medio de una fuerte tensión política.
“Estamos trabados”, reconocen tanto en el oficialismo como en la oposición. Hubo varias reuniones para intentar acordar, la última, en los primeros días de la semana pasada. Pero no se registraron avances.
El área de Asuntos Constitucionales y Acuerdos es la encargada de examinar los pliegos de designaciones de jueces y fiscales. También, la de avalar nombramientos de funcionarios que requieren pasar por el Senado. Por caso, el de Federico Thea, el candidato del gobernador Axel Kicillof para ocupar la vacante en el Tribunal de Cuentas. También, de los nombres propuestos, por ejemplo, para integrar la Suprema Corte.
Esta situación hace, por ejemplo, que el resto de las comisiones no pueda constituirse porque se trata una negociación global.
Tampoco le termina de abrir la puerta a otras decisiones de peso. Por ejemplo, el mencionado caso de Thea.
El ex secretario general de la Gobernación requiere del acuerdo del Senado y su pliego debe pasar por esa comisión que no termina de constituirse. Aunque cabe destacar que tampoco avanzó la negociación política entre el oficialismo y la oposición para allanarle el camino.
Juntos no quiere ceder la integración mayoritaria de la comisión porque le permitiría tener la llave de los pliegos que llegan al recinto del Senado para su aprobación. El oficialismo resiste otorgarle semejante manejo.
En medio de ese debate sin solución, hay quienes en el Senado comenzaron a mirar el reglamento interno de la Cámara alta. Si bien se estila que la integración de las comisiones se produzca en el marco de acuerdos de convivencia política, la presidenta del Senado, en este caso Verónica Magario, tiene facultades para definir esa composición.
Por ahora, la negociación sigue abierta. Y mientras eso sucede, no habrá nombramientos en la Justicia ni Kicillof podrá cumplir el deseo de contar con un hombre de su confianza en el Tribunal de Cuentas.
Tampoco podrá avanzarse en la cobertura de vacantes en la Suprema Corte donde hay tres sillones vacíos y un diálogo discreto en marcha entre el Ejecutivo y la oposición.
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