Vidal y Borsani, complicadas en la causa de la mesa judicial.
Vidal y Borsani, complicadas en la causa de la mesa judicial.
MESA JUDICIAL

Vinculan a la secretaria privada de Vidal con la “Gestapo” antisindical

María Soledad Borsani se desempeñó como responsable de la Coordinación General del gobierno de la exgobernadora.

La figura de María Eugenia Vidal aparece cada vez más comprometida con la mesa judicial que bajo su gobierno habría funcionado en las sombras para el armado de causas judiciales a opositores y sindicalistas.
Ahora se supo que María Soledad Borsani, la mano derecha y amiga de la infancia de María Eugenia Vidal, fue quien gestionó el salón del Banco Provincia para la reunión del 15 de junio de 2017 en la que el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, se entusiasmó con la conformación de una “Gestapo” para perseguir a los sindicatos. El nombre de Borsani surgió del intercambio de mensajes que mantuvieron un empleado y una funcionaria del Bapro mientras arreglaban los pormenores para la velada. El dato –que está en poder del juez federal Ernesto Kreplak, quien investiga la trama en la que se entremezclan políticos cambiemitas, empresarios y espías– apunta directamente hacia la exgobernadora, que ya está imputada en la causa.
Además, Borsani ya fue imputada por la Justicia por otra causa vinculada a los aportantes en la campaña de Vidal en 2019, por ser estafadora de, justamente, un aportante. María Eugenia Vidal ya estuvo involucrada en una causa similar, cuando la Justicia electoral federal de la provincia de Buenos Aires comprobó “al menos 79 casos” de aportantes truchos a la campaña proselitista de Cambiemos para las elecciones de 2017. 
Casi un lustro después de la denuncia, que en cualquier otro escenario debió generar un escándalo de enormes dimensiones políticas, el juez Alejo Ramos Padilla determinó que «son las numerosas irregularidades descriptas y vinculadas a los aportantes privados los que impiden categóricamente aprobar los informes presentados por la agrupación» en su rendición de cuentas sobre cómo financió su campaña en territorio bonaerense. Y dispuso, además, “investigar la posible comisión de algún delito penal”. 
A lo largo de medio centenar de páginas, el ex juez federal de Dolores concluyó que “se pudieron constatar -al menos- 79 casos de personas que, mediante denuncias o declaraciones testimoniales, negaron haber realizado el aporte declarado por la agrupación” Cambiemos Buenos Aires, tal el nombre que por entonces tenía el oficialismo en los principales distritos electorales de la Argentina. “Muchas de las personas que negaron haber realizado voluminosos aportes eran beneficiarios de planes sociales -AUH, Plan Hogar (garrafa a precio subsidiado) monotributo social-, trabajaban para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o eran monotributistas cuyo aporte excedía su límite de facturación mensual”, señala el fallo.
Ahora, la exsecretaria privada de Vidal trabajó en la recaudación de fondos de la campaña de Vidal en la fallida reelección de la exmandataria bonaerense y la Fiscalía de Delitos Económicos de Mar del Plata pidió su imputación en septiembre del 2021 por la estafa de $700.000 al utilizar una línea telefónica en la que exigía dinero haciéndose pasar por la entonces candidata a militantes del espacio.
Pero regresando a la investigación de la Gestapo antisindical, ahora Borsani aparece mencionada en un chat de WhatsApp entre dos funcionarios del Banco Provincia, quienes estuvieron a cargo de la reserva del SUM donde se realizaron las reuniones de la Gestapo.

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