Una de las maneras que desde hace un tiempo los gobiernos han utilizado para atenuar el impacto de los incrementos de precios de las tarifas de los servicios de energía eléctrica y gas natural ha sido subsidiar una parte de su valor, con el objetivo de reducir el impacto en el bolsillo de los usuarios. No obstante, la metodología utilizada en algunos periodos no ha sido la más equitativa ya que se beneficiaron más a los hogares de mayores ingresos que a los de menores; como ejemplo podemos señalar lo que ocurrió en la Capital Federal en el periodo 2007 a 2015, cuando los hogares de mayores ingresos tuvieron subsidios mayores a los de menores ingresos en una clara inequidad distributiva.
Como ya se imaginarán, estos subsidios tienen un claro impacto en el déficit fiscal de nuestro país desde hace ya mucho tiempo, por lo que los gobiernos han tratado de ir disminuyendo el impacto en el déficit de estos subsidios pero con escasos resultados, ya que a título de ejemplo podemos señalar que en 2006 los usuarios pagaban el 54% de las tarifas y el 46% con subsidios; en 2015 fue el punto más bajo, los usuarios pagaban el 15% y los subsidios eran del 85%; a partir de 2016 los usuarios comenzaron a pagar más; en 2020 llegó al 54% de la tarifa, por lo que se estima que en 2021 bajaría al 39% teniendo en consideración la política actual de aumentar los subsidios como una manera de frenar la inflación planchando las tarifas. No obstante, debemos señalar que el aumento de los subsidios tiene como consecuencia un incremento del déficit fiscal que genera una mayor emisión monetaria con impacto en el índice inflacionario.
¿Qué consecuencias negativas tiene el sostener este tipo de políticas en las empresas generadoras de estas energías? En principio, provoca un grave problema de rentabilidad a estas empresas proveedoras no obstante los subsidios pagados por el estado, que realizan tardíamente y mal, lo que provoca pérdidas y consecuentemente se paran inversiones para la mejora de los servicios. Esto genera con seguridad una crisis energética futura.
Según estudios privados, el aumento de las tarifas debería ubicarse en torno al 40% en la energía eléctrica para eliminar los subsidios y del 60% para gas natural.
Es obvio que esos aumentos son imposibles de hacer en un corto tiempo, pero se deberían direccionar las acciones futuras a eliminar estos subsidios que si no son bien orientados resultan ser ineficientes y llevan a desalentar las inversiones como ya dije.
En el interín y hasta tanto se pueda ir saliendo de este esquema ineficiente, se podría segmentar la población en tres categorías; en la primera se agruparían las empresas y las clases de mayores ingresos, que pagarían la tarifa completa; en la segunda a la clase media, en la que se aplicaría algún subsidio para ayudar a un sector generalmente abandonado; y una tercer clase de menores recursos, en la que se aplicaría lo que actualmente se hace de establecer una tarifa social que les permita utilizar estos servicios sin que impacten de manera sustancial en sus ingresos.
Mi reflexión final entonces es que este sistema de subsidios a las tarifas de servicios públicos, en tanto no se solucione el tema de la “maldita inflación”, llegaron para quedarse.
Aldo García López
DNI 4974484
COMENTARIOS