La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires salió a defender a los magistrados Marcelo Riquert y Esteban Viñas, integrantes de la Sala I de la Cámara en lo penal de Mar del Plata, cuestionados por otorgar prisión domiciliaria al motochorro Alejandro Miguel Ochoa, que asaltó y provocó la muerte de María Rosa Daglio, psicóloga juninense, en Ramos Mejía.
"La medida de morigeración del encierro penitenciario estricto resuelta por los jueces de la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, en el marco de la excepcionalidad impuesta por la pandemia, en abril de 2020, viene siendo objeto de públicas descalificaciones y agravios que no solo afectan la honra de los miembros de ese tribunal, sino también atentan contra la independencia de quienes ejercen la función judicial y jurisdiccional en el estado de derecho", justificó la entidad.
En el documento que lleva la firma del presidente de la entidad, Mario Caputo, y su secretario Pedro Rodríguez, recordaron que Ochoa, el ahora detenido por el crimen de la psicóloga María Rosa Daglio, tenía "graves trastornos de salud, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y patología urológica, ambas clínicamente diagnosticadas".
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Además, focalizaron que al momento de conceder la domiciliaria había una "grave situación" en las cárceles por la pandemia del coronavirus y que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) dijo sobre "la conveniencia de incluir al interno Ochoa en el régimen de prisión domiciliaria".
Sobre el control para ver si Ochoa cumplía la prisión domiciliaria, cuestión que quedó en evidencia que no, expresaron que la vigilancia "quedó a cargo de órganos de la administración pública".
"En consecuencia, ni la tergiversación del recto sentido y los fundamentos de la resolución judicial aludida ni, mucho menos todavía, los improperios vertidos a los jueces penales marplatenses contribuyen a mejorar el servicio de justicia que la sociedad bonaerense demanda del Poder Judicial", concluyeron.
Alejandro Miguel Ochoa fue liberado en mayo de 2020 por la Sala I de Cámara de Apelaciones y Garantías de Mar del Plata, que le concedió el beneficio del arresto domiciliario en el marco de la disposición del Gobierno para evitar contagios por Covid en cárceles.
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