Existe en la política bonaerense la certeza de que se comenzó a transitar un escenario pospandemia mucho más marcado. Ese convencimiento no parte de los anuncios oficiales que ahora hablan de archivar el término confinamiento para mutarlo en el más benévolo y amigable aislamiento. Tiene que ver con una serie decisiones y mensajes políticos que comienzan a dejar atrás aquellos temores oficiales sobre los devastadores efectos del coronavirus.
Buena parte de esa sensación de estar saliendo del peor de los mundos lo aporta la sensible baja de contagios que, en el caso del Gran Buenos Aires y La Plata tomados en conjunto, pasaron de 5.300 casos por día hacia finales de agosto a 1.900 en la semana que acaba de concluir. También, el convencimiento de que acaso hacia finales de diciembre esté disponible la vacuna rusa de la que Kicillof ha sido uno de los principales funcionarios interesados.
El gobernador siempre estuvo particularmente atento al proyecto del país liderado por Vladimir Putin. Se dice incluso que el ministro de Salud, Daniel Gollán, habría tenido un rol relevante en los contactos para conseguir el acuerdo entre la Argentina y Rusia. Tanto, que su esposa, la bioquímica Raquel Méndez, formó parte de la discreta misión que encabezó hace algunos días la viceministra de Salud nacional Carla Vizzotti para cerrar el acuerdo por el que la Argentina contaría con 10 millones de dosis quizás hacia fin de año.
Otra parte del oficialismo habría apostado por los estudios de la universidad de Oxford desarrollados con la empresa farmacéutica AstraZeneca. Ayer, por caso, el ministro nacional de Salud Ginés González García anunció un acuerdo para contar con 22 millones de dosis durante el primer semestre del año que viene.
Más allá de aquella divergencia, la idea de la Gobernación pasa por avanzar rápidamente con un programa de vacunación que, además de los trabajadores considerados esenciales, incorporará como objetivo central a los docentes. Si se logra esa premisa para el mes de febrero y sigue la baja de contagios, es altamente probable que la Provincia esté en condiciones de anunciar el inicio de las clases presenciales a partir de marzo.
Kicillof prefiere, en cambio, sacarle el cuerpo a un debate que se venía cocinando en voz baja y que salió a la luz a partir de un apoyo explícito expresado por Alberto Fernández: el que tiene que ver con la presión de los intendentes del PJ para que se caiga la ley que impide las reelecciones indefinidas de los jefes comunales.
Mirada electoral
En la Gobernación hacen una lectura en clave electoral y creen que enviar un proyecto a la Legislatura sería pagar un costo político absolutamente innecesario. “Sumarle un elemento más a la clase media para que nos cuestione”, describen.
Hay otra cuestión central: el oficialismo no tiene mayoría en la Legislatura para hacer pasar una iniciativa de esas características. Juntos por el Cambio -aun cuando varios de sus intendentes estén interesados en flexibilizar ese cepo- no prestará acuerdo para avanzar con dar por tierra con aquella creación de María Eugenia Vidal que moldeó con el acuerdo de Sergio Massa y, paradójicamente, de algunos alcaldes peronistas que hoy presionan para sepultarla.
“Nosotros no la votamos”, dicen desde el kirchnerismo duro. “Que se arreglen los que acordaron con Vidal”, completan con cierta dosis de reproche. No es una definición desapasionada: La Cámpora podría, si se mantiene la prohibición, avanzar algunos casilleros en su desarrollo territorial, especialmente en el Conurbano ante la inevitable salida de muchos intendentes.
La solución judicial aparece como el camino más apropiado para aquellos que reclaman volver al esquema de cero limitaciones. El planteo que podría presentarse tiene que ver con que la ley tomó como primer mandato el que estaba en curso al momento de aprobarse. Para sus detractores, no podría legislarse con efectos retroactivos. Puede que esa embestida se acelere sin esperar a 2023: el año que viene, si se mantiene la ley, muchos legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares que cumplieron dos mandatos consecutivos ya no podrán reelegir.
La otra negociación inevitable tiene que ver con el Presupuesto y, fundamentalmente, con la ley Impositiva que acaba de aterrizar en la Legislatura. El ajuste impositivo del 32% promedio para la mayoría de las partidas de Inmobiliario y Patente -bastante más elevado para propiedades y automotores de alta valuación fiscal-, será uno de los ejes de debate con la oposición. El otro, la cuenta pendiente de Kicillof con Juntos por el Cambio: los espacios de poder en diversos organismos, entre ellos el Banco Provincia, que le corresponden al macrismo y a la UCR.
COMENTARIOS