El Defensor de Casación bonaerense, Mario Coriolano, pidió hoy a la Suprema Corte de Justicia que rechace los planteos del Fiscal Carlos Altuve y el Procurador Julio Conte Grand y deje firme el hábeas corpus al que hizo lugar el juez de ese fuero Víctor Violini y por el cual se habilitó la excarcelación de detenidos alojados en cárceles de la Provincia en el marco de la pandemia de coronavirus.
En una presentación que hizo ante el máximo tribunal, Coriolano dijo que es "imprescindible" que la Corte bonaerense dicte una norma para "fortalecer" el hábeas corpus por los presos, que se ubicó en medio de una fuerte controversia.
Y agregó que ese recurso "debe seguir su curso ante los jueces naturales, sin obstáculos por
parte del Ministerio Público fiscal y quienes por el contrario deben acompañar las necesidades de morigeraciones y libertades, dentro de los marcos legales".
En su escrito, Coriolano cuestiona los argumentos que usó Conte Grand y sostiene que "no existe un caso de gravedad institucional ni tampoco se configura un cuadro de masivas libertades como sostiene el Procurador General".
Para el Defensor de Casación, ni Altuve ni Conte Grand indicaron en cifras reales el impacto que ha tenido el fallo firmado por Violini. "Muy por el contrario, según la información recibida de distintos integrantes de la defensa pública provincial, existe una gran cantidad de pedidos alternativos al encierro que son sistemáticamente rechazados por los jueces y objetados por los fiscales, dijo Coriolano en el escrito. A modo de ejemplo, citó el caso de Bahía Blanca donde señala que de 80 pedidos de excarcelación presentados por defensores oficiales "sólo se habían resuelto siete y en 79 había expresa oposición del Ministerio Público Fiscal".
Asimismo, sostuvo que el criterio de resolución del Tribunal de Casación no implica la concesión de arrestos domiciliarios "en forma directa", "sino que exige una decisión de cada magistrado particular a cuya disposición se encontraba cada una de las personas detenidas, previo a analizar si el tipo de delito y los antecedentes sanitarios para corroborar si la persona pertenecía a un grupo de riesgo". Incluso, sostiene que "hasta en los casos de delitos leves se requería necesariamente de un juicio valorativo del juez de la causa, es decir, un mínimo proceso de conocimiento en el que se debatiera sobre el carácter del delito y sobre la acreditación de los presupuestos sanitarios".
En definitiva, Coriolano expresó la necesidad que "se ordene la situación en el marco de la grave crisis humanitaria frente al cuadro de hacinamiento existente en las cárceles bonaerenses que fuera reconocido en reiteradas oportunidades por la Suprema Corte, que se ve agudizada por el contexto actual de la pandemia". Por eso, pidió que se rechace el recurso presentado por los fiscales y que la Corte dicte una "norma práctica" que ordene la situación de los hábeas corpus individuales.
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