Axel Kicillof está enfrentado a un dilema perentorio. En apenas un puñado de días deberá adoptar una decisión cuyo impacto excede los límites de su administración y se proyecta más allá de las fronteras bonaerenses. Si no logra convencer a los ariscos bonistas con los que sigue sin poder acordar una prórroga del vencimiento de 250 millones de dólares hasta mayo, tendrá ante sí dos opciones: conseguir esos recursos y pagar antes del miércoles o resignarse a que la Provincia ingrese en el imprevisible espirar del default.
Se trata de la segunda encrucijada desafiante que aparece en el camino al gobernador. La primera fue el polémico debate por la ley Impositiva que buscó imponer y que la oposición se encargó de podar con esmero. La que ahora asoma tiene implicancias más severas. Para la Provincia, porque un eventual incumplimiento dejaría a la administración bonaerense con capacidad muy limitada para salir a buscar recursos indispensables para su funcionamiento en el mercado local, más allá de exponerse a los juicios que pudieran iniciar los bonistas para perseguir el cobro. Para la Nación, porque significaría una señal fuertemente negativa en el incipiente proceso de renegociación y reperfilamiento de sus propias obligaciones.
En el Gobierno reina una mezcla de hermetismo y preocupación en torno al desenlace de la negociación con los bonistas.
La Casa Rosada observa de cerca la negociación bonaerense que, por ahora, sigue trabada. Kicillof ofreció a los tenedores del bono que venció el 26 de enero pero que tiene tiempo de pagar hasta el miércoles, adelantar la cancelación de los intereses que devenga ese título. La oferta no alcanzó.
Ahora se estaría hablando de una propuesta un tanto más seductora: la cancelación de parte de los 250 millones de dólares que la Provincia asegura que no está en condiciones de afrontar. Sobre los detalles de la nueva línea negociadora que se abrió habrían hablado el viernes Kicillof y Martín Guzmán, horas antes de que el ministro de Economía nacional volara a Alemania para abocarse al inicio del tortuoso diálogo con los tenedores de deuda nacional.
Ayer surgieron una serie de señales en ese sentido. En rigor, una ratificación de posiciones. El presidente Alberto Fernández salió a respaldar a Kicillof en la cruzada por postergar los vencimientos. Pero al mismo tiempo advirtió que el endeudamiento al que deben responder las provincias es un problema de las provincias. La traducción literal de esa definición surgida en la gira presidencial europea es que la Nación se mantiene en su posición de no salir en auxilio ni de Buenos Aires ni de otros estados en problemas con sus acreedores. Los tenedores de bonos paralelamente remarcan su firmeza.
Distintas opiniones
En el equipo del propio gobernador existen posiciones disímiles sobre esa eventual ayuda. Hay funcionarios de alto rango que sostienen que, si tanto complica un default bonaerense a la estrategia nacional, la Casa Rosada debería eludir ese problema con un aporte de recursos para cumplir con los bonistas. En nombre, claro, de la difundida “coordinación” en el manejo de la deuda de ambas administraciones.
Otra de las líneas del equipo provincial cree que si la única opción para evitar el default es la cancelación de la totalidad del vencimiento, esa decisión surgirá de un acuerdo con la Nación. La Provincia podría terminar pagando con recursos propios o utilizando algún crédito puente que están ofreciendo diversos bancos. El cierre con el gobierno de Fernández tomaría forma de asistencia posterior, para financiar parte de las acciones y políticas que la Provincia debería dejar de ejecutar para atender las obligaciones externas.
Pero cerca del Gobernador remarcan que si bien existe un cuello de botella, la problemática de la deuda requiere una negociación global de todas las obligaciones que en los próximos cuatro años rondan los 9.000 millones de dólares. Cerca de 1.900 millones de dólares corresponden a este año. Y apuntan a la gestión de María Eugenia Vidal. “Endeudaron a la Provincia en dólares, a corto plazo y a mediados de 2018 se cerraron los mercados. La dejaron sin financiamiento y así es imposible pagar”, remarcan.
En Casa de Gobierno reina una mezcla de hermetismo y preocupación en torno del posible desenlace de la negociación. Se admite que el diálogo continúa pero que “como siempre ocurre en estos casos”, la cuestión se resolverá “en el último minuto”.
La instrumentación del posible acuerdo también es compleja por la atomización de los tenedores del bono y la distinta disposición de cada sector para negociar, admiten cerca del Gobernador. Kicillof debe reunir el consenso del 75 por ciento de los tenedores. Es el otro elemento adicional que hace aún más complejo el final de la historia.
COMENTARIOS