Unos 25 mil millones de pesos al año es el déficit que registra el Instituto de Previsión Social bonaerense. Con el objetivo de evitar que se profundice ese agujero, la gestión de Axel Kicillof adoptó una decisión: frenar el sistema de jubilaciones de oficio que imperó durante buena parte del gobierno de María Eugenia Vidal.
La idea es que la plantilla de casi 300 mil beneficiarios del IPS no se engrose por decisión del propio Estado. Y que los empleados estatales y docentes ya no cesen en el cargo en forma obligatoria cuando cumplan la cantidad de años y aportes previsionales requeridos por ley. El gobierno de Cambiemos fue taxativo en esa cuestión: intimaba a los agentes y los notificaba de que debían acogerse a la jubilación. De hecho, quedó una tanda de casos para ejecutarse en enero que ahora Kicillof tendrá que frenar.
Algunos números no oficiales dan cuenta de que Vidal habría propiciado el retiro de cerca de 80 mil trabajadores, lo que en su momento había generado el reclamo de diversos sectores sindicales, en especial los docentes. También se quejaron otros ámbitos gremiales que denunciaron que la medida generó el desmantelamiento de diversas áreas de la administración.
En el caso de los docentes al frente de grado, el beneficio jubilatorio se obtiene con 50 años de edad y 25 de aportes. Los estatales alcanzan la pasividad con 60 años de edad y 35 de servicio.
Pero a partir de ahora la decisión es que el empleado que está en condiciones de jubilarse, si lo desea, pueda seguir trabajando y postergar su retiro. Así se lo comunicó en las últimas horas a diversas organizaciones gremiales la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec.
La cuestión es que la reducción de la planta de personal que se persiguió entonces impactó sobre las finanzas del IPS. “Hace cuatro años había una relación de 3,3 activos por cada pasivo: ahora es de 2,70 agentes en actividad por cada jubilado”, le dijo a este diario el presidente del organismo, Eduardo Santín. La ecuación que agravó el déficit fue menos aportantes al sistema y más prestaciones por pagar.
Pero hay una cuestión adicional, según cuentan en el organismo previsional. El gobierno de Vidal siguió tomando empleados pero bajo el mecanismo de contratación a través del monotributo, al mismo tiempo que por otro lado congeló el ingreso vía el Estado bonaerense. Así, estos agentes que cumplían tareas en la Provincia hacían sus aportes al Anses. “Esto profundizó el desfinanciamiento del IPS”, afirman en la Provincia.
No es la única cuestión que habría acentuado el rojo: los fondos del organismo habrían sido apropiados por el propio Estado bonaerense, como denuncian entidades que agrupan a aportantes del sistema (ver aparte).
La caja previsional es una de las joyas de la Provincia. Los intentos por armonizarla a los parámetros de la Anses han fracasado una y otra vez, producto del férreo rechazo de los sindicatos. Es que el sistema que rige en territorio bonaerense es por demás ventajoso, ya que, entre otras cuestiones, asegura movilidad automática de los haberes porque los aumentos de sueldos que consigue el personal en actividad se trasladan en forma automática a los pasivos.
Los propios gremios se han ocupado de que esa movilidad funcione al negociar aumentos de sueldos remunerativos y bonificables que impactan sobre los haberes previsionales.
Como se dijo, una de las decisiones oficiales que ya se adoptó en busca de no ensanchar el déficit de IPS estimado en cerca de 2 mil millones de pesos mensuales, es frenar las jubilaciones de oficio.
No es la única medida que está en danza. La Provincia estudia el pase a planta temporaria de un número todavía no determinado de aquellos empleados contratados durante la gestión Vidal que aportan al Anses.
El Gobierno está haciendo un relevamiento respecto de esos trabajadores y si efectivamente prestan servicio. Los que se incorporen a la plantilla bonaerense, dejarán de aportar a la Anses y lo harán a las arcas del IPS.
Fuentes oficiales dicen que se trata de un núcleo de eventuales aportantes voluminoso. Estiman que entre la Provincia y algunos municipios (los agentes comunales también aportan al IPS), habría unos 50 mil trabajadores. Todavía no está determinado qué cantidad de esos agentes seguirán ligados a la Provincia.
“Hubieron jubilaciones de oficio pero también gente que se retiró apenas cumplió los requisitos, porque se le metió miedo sobre la posibilidad de que se cambiara el régimen previsional. Algo que nosotros no vamos a hacer”, dijeron en el gobierno bonaerense.
Ese fantasma siempre sobrevoló la Provincia. Hace varios años, durante la gestión de Felipe Solá, se firmó un convenio de armonización con Anses del sistema previsional que nunca se aplicó. Vidal intentó avanzar con un proyecto en ese sentido, pero sólo logró una reforma en el régimen de jubilaciones de los empleados del Banco Provincia que generó un enorme revuelo y un planteo de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, pendiente de resolución.
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