Tres de los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia vienen fallando en contra del gobierno.
Tres de los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia vienen fallando en contra del gobierno.
TRAS EL FALLO EN FAVOR DEL RECLAMO DE LOS GOBERNADORES PERONISTAS

La Provincia iría a la Corte por la reducción de fondos coparticipables

El alto tribunal consideró ayer que la reducción del IVA y Ganancias dispuesta por Nación no puede afectar los recursos de las provincias. Vidal pedirá el mismo tratamiento al Gobierno y si no hay acuerdo hará una demanda.

El gobierno bonaerense iniciará gestiones ante la Nación para que no se le recorten fondos de coparticipación por la reducción del IVA y en el Impuesto a las Ganancias dispuesto por el presidente Mauricio Macri. Y en caso de no llegar a un acuerdo, presentará una demanda contra la administración central ante la Corte Suprema.
Esta decisión fue confirmada ayer a este diario por altos funcionarios bonaerenses, luego de que el alto tribunal dictara un fallo por el cual la Nación no podrá recortarles a las provincias los fondos que les corresponden por coparticipación.
La demanda fue iniciada por los gobernadores peronistas y Buenos Aires no se sumó al planteo. Si bien se interpreta que la decisión de la Corte terminará alcanzando a todas las provincias, el gobierno de María Eugenia Vidal iniciará sus propias gestiones porque no está incluida en aquella demanda. Tanto el IVA como Ganancias son impuestos coparticipables. Y Macri al reducirlos afectó no sólo los ingresos nacionales sino también los de las provincias. Ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que esas reducciones impositivas no puede afectar los fondos que les corresponden a las provincias. La medida no suspende los decretos, sino que ordena que “los efectos fiscales de la aplicación” de esas normas “sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional sin afectar la coparticipación”. Así, el gobierno central tendrá que compensar a las provincias.
Lo que la Corte resolvió son medidas cautelares presentadas por 15 provincias, pero no se pronunció sobre el fondo del asunto (si los decretos son válidos o no). Esa decisión quedó pendiente. La reducción de esos tributos fue anunciada por el gobierno nacional días después de las primarias del 11 de agosto, lo que provocó que 15 provincias se presentaran a reclamar ante el máximo tribunal.
La medida cautelar, firmada por tres votos contra uno (el presidente Carlos Rosenkrantz firmó en disidencia y la vice Elena Highton no lo hizo) dispone que los costos fiscales que surjan de la aplicación de los decretos 561/19 y 567/19 del Poder Ejecutivo Nacional y de las resoluciones de la AFIP 4546/19 y 4547/19, sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional.
La mayoría del tribunal le dio la razón al planteo de la provincia de Entre Ríos, que había sido replicado por Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Para otorgar la medida cautelar, la mayoría de la Corte sostuvo que se daba una situación de “peligro” en caso de tener que esperar la resolución definitiva de las causas.
Según datos extraoficiales, a partir de la decisión de Macri el total de las provincias iban a perder 32.449 millones de pesos.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, el impacto sería de unos 6.600 millones de pesos. El fallo del máximo tribunal fue dividido. Los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti evaluaron que “el peligro en la demora radica en el impacto inmediato que esta reporta en el presupuesto provincial que se encuentra actualmente en ejecución, y en el goce de los derechos por parte de los habitantes”.
La Corte subrayó la trascendencia de las leyes-convenio entre las provincias y el Estado Nacional en el marco del proyecto federal que establece la Constitución, por lo que sus previsiones no pueden ser modificadas unilateralmente. El alto Tribunal consideró, además, que la posibilidad de detraer recursos coparticipables, debe ser dispuesto por el Congreso.

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