La investigación por una nueva mega defraudación a las arcas provinciales desde la Dirección General de Cultura y Educación avanzó con más allanamientos y detenciones, que se sumaron a los que arrancaron el jueves en la localidad del conurbano. Hasta el viernes por la noche los detenidos eran 12, de un total de 28 que ordenó capturar el juez platense Guillermo Atencio a instancias del fiscal Álvaro Garganta.
Los seis primeros acusados que fueron aprehendidos en el marco de ocho allanamientos, siete de los cuales se hicieron en Lanús y uno en Lomas de Zamora, fueron indagados el viernes en las fiscalías de La Plata. Todos se mostraron visiblemente afectados y se negaron a declarar, informaron fuentes judiciales.
Se destacan entre ellos dos de los principales sindicados, el médico Rubén Darío Massobrio, de 72 años y sospechado de emitir certificados con patologías psiquiátricas falsas y Norberto Manuel Toledo Mazzei, de 25 años y ex empleado de una farmacia. El resto de los detenidos son auxiliares docentes, hombres y mujeres de entre 34 y 55 años, imputados de haber sacado licencias con certificados apócrifos informaron fuentes con acceso a la causa.
Por el concurso de delitos que les endilgan a los principales acusados su situación no sería excarcelable, aunque, en el caso de Massobrio, su defensa presentó un hábeas corpus para solicitar, al menos, un beneficio de morigeración por su edad y cuestiones de salud.
Los allanamientos
En los registros que se realizaron entre el jueves y el viernes los policías secuestraron celulares, certificados, recetarios y 8 sellos médicos, además de cuadernos con anotaciones y documentación que será analizada. Uno de los allanamientos se hizo en la seccional Lanús del gremio UPCN, con la presunción de que algunos dirigentes gremiales habrían formado parte de la maniobra, trascendió de fuentes judiciales.
Distintos voceros confirmaron que, solamente en el lapso de 14 meses, el psiquiatra Massobrio emitió 1.818 certificados que significaron 38.816 días de licencia (o 106 años) para agentes de la educación, entre los que había porteros, cocineros, personal de maestranza y también docentes, que no iban a trabajar, pero cobraban amparados por certificados con patologías psiquiátricas falsas.
Sólo en ese periodo acotado de tiempo -14 meses- la maniobra le costó al Estado más de 20 millones de pesos que debió pagar para reemplazar al personal licenciado. Teniendo en cuenta que lo mismo habría sucedido en muchos distritos de la Provincia, durante años, la cifra es varias veces millonaria. Tanto, que duele, resumió el vocero. Y apuntó: Es más, algunos eran reemplazados por sus parientes que también terminaban sacando licencias truchas”.
La investigación determinó, además, la existencia de una usina de certificados truchos: Falsificaban sellos de médicos en ejercicio, pero también de personas inexistentes e incluso de profesionales ya fallecidos, aportó un policía.
La causa
Según se desprende de la causa que se abrió con una denuncia anónima aportada por la Oficina de Fortalecimiento Institucional bonaerense, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, 25 auxiliares docentes de la provincia de Buenos Aires presentaron ante la Dirección General de Cultura y Educación, un total de sesenta y cinco certificados médicos apócrifos que les eran entregados, a cambio de una suma de dinero por otra persona a fin de obtener de ese modo licencias por enfermedad.
A todos les imputaron el delito de defraudación contra la administración pública en concurso ideal con uso de documento falso. A Mazzei lo procesaron por fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con utilización de documento falso (65 hechos), en carácter de partícipe necesario y al psiquiatra Massobrio defraudación contra la administración pública en concurso ideal con falsificación de documento.
En la investigación surgió el nombre del Centro Médico Dardo Rocha. No pudo ser localizado, pero la Dirección de Tecnologías Aplicadas en Función Judicial detectó que el abonado telefónico que figuraba en el membrete de los certificados de ese centro correspondía a Toledo Mazzei, ex empleado de una farmacia de Lanús, de la que lo desvincularon por presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones, figura en la causa. Ahora los pesquisas creen que los datos y sellos utilizados para la facilitación de los certificados apócrifos fueron extraídos en ocasión de aquel trabajo.
Un testimonio clave en las actuaciones fue el de un auxiliar que refirió ser suplente de una titular identificada en el proceso, quien lo habría llamado por teléfono para amenazarlo en su integridad física y estabilidad laboral si no entregaba 800 pesos para que ella pudiera renovar su licencia médica, surge de la acusación. El testigo, que accedió por temor a represalias, declaró que las exigencias de dinero se repetían todos lo meses y él debía entregar las sumas en el consultorio médico del doctor Massobrio, quien le entregaba un certificado médico a nombre de la titular del cargo.
Esto es infinito, cerró una alta fuente de la investigación, y dijo que podría tener derivaciones incalculables.
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