Sobre un total de 2.238 víctimas registradas durante el primer semestre de 2018, 168 son niños, niñas y adolescentes.
Sobre un total de 2.238 víctimas registradas durante el primer semestre de 2018, 168 son niños, niñas y adolescentes.
PREOCUPACIÓN EN TERRITORIO BONAERENSE

Crece la cantidad de niños y adolescentes que son víctimas de violencia institucional

Los damnificados denunciaron haber padecido prácticas abusivas e ilegales en el espacio público por parte -principalmente- de efectivos vinculados al aparato represivo estatal.

Unos 168 niños y adolescentes sufrieron violencia institucional durante el primer semestre de 2018 en la provincia de Buenos Aires, según los datos del Registro de Violencia Institucional bonaerense.
“La violencia institucional además de contemplar casos de represión, abusos de poder o gatillo fácil, también incluye todo tipo de inequidades e injusticias sociales y económicas, donde siempre hay responsabilidad del Estado”, expresó el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello.
Tras conocerse los datos del mencionado registro, el funcionario precisó que “sobre un total de 2.238 víctimas registradas durante el primer semestre de 2018, 168 son niños, niñas y adolescentes; y los datos oficiales también dan cuenta que el 70% de los casos denunciados ocurren en el espacio público”.
“Unas 168 víctimas de ese total resultaron ser niñas, niños o adolescentes (NNyA) que en su mayoría denunciaron haber padecido prácticas abusivas e ilegales en el espacio público por parte -principalmente- de efectivos vinculados al aparato represivo estatal”, remarcó Martello, quien destacó que más de la mitad de esas víctimas tiene entre 15 y 17 años.
El defensor adjunto provincial destacó que “el municipio bonaerense con mayor cantidad de denuncias por hechos de violencia institucional contra NNyA es Mar del Plata, mientras que el número más importantes de víctimas se encuentran en los departamentos judiciales de San Nicolás, Mercedes y Bahía Blanca”.
“Lejos de atender estas situaciones, desde distintos sectores políticos se propone profundizar aún más la mano dura, y hacen asociaciones directas entre niños, niñas y adolescentes y la delincuencia, situación que no se sustenta en ninguna estadística confiable”, apuntó el funcionario.
Desde la Defensoría se consideró que “en realidad, la baja en la edad de imputabilidad implicará, en caso de concretarse, dar mayor poder a integrantes de las fuerzas de seguridad y un incremento sustancial de los jóvenes institucionalizados, en un sistema que ya se encuentra absolutamente colapsado”.
Martello también recordó que el año pasado, el Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas hizo una serie de observaciones y, entre otros puntos, expresó su profunda preocupación por el “alto número” de niños que, privados de un entorno familiar, permanecen institucionalizados.

Prácticas abusivas
Si bien la violencia institucional suele ser entendida como aquellas prácticas abusivas e ilegales del poder coercitivo estatal, en los que se encuentren denunciados o se sospeche de la responsabilidad de integrantes de fuerzas de seguridad y/o agentes públicos, existe una concepción mucho más abarcativa.
“Es una concepción que, además de contemplar casos de represión, abusos de poder o gatillo fácil, también incluye otras inequidades donde siempre hay responsabilidad del Estado”, enfatizó el titular de la Defensoría.
“Esta concepción ampliada permite, por ejemplo -añadió- categorizar desigualdades producidas por quienes conducen las instituciones de los tres poderes del Estado y/o del mercado, posibilitando una articulación entre la denuncia de hechos aberrantes y la necesidad de encarar posibles intervenciones y reformas que brinden solución a la vulneración estructural de derechos. Y para tener en cuenta la dimensión del problema que afrontamos en la actualidad, las estadísticas de la Procuración bonaerense hablan por sí solas”.
Cabe destacar que, en la mayoría de las denuncias presentadas, están presentes prácticas abusivas e ilegales en el espacio público por parte de efectivos vinculados al aparato represivo del Estado.

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