Los empleados de la Agencia de Recaudación (ARBA) vienen cobrando una bonificación que se calcula sobre un 125 por ciento del sueldo básico. En 2015, ese beneficio se extendió a los agentes del ministerio de Economía y el año pasado, los que se vieron alcanzados por la medida fueron los trabajadores de la Jefatura de Gabinete.
Como ese plus que en promedio representa unos 5.500 pesos mensuales para cada agente no llegó al resto de los empleados estatales, comenzaron las protestas en diversos organismos. Y ayer llegó el reclamo formal de los gremios cuando UPCN exigió que la bonificación se haga extensiva al resto de los trabajadores que revistan en la ley 10.430.
La presentación fue realizada por el titular del sindicato Carlos Quintana, quien planteó en una nota dirigida a la gobernadora María Eugenia Vidal que brinde una solución en un plazo de 5 días. Y alertó: “Vencido el cual y en caso de silencio o negativa, quedará habilitada la vía judicial”.
La historia de esta bonificación arrancó en 2008 cuando por un decreto se transformaron las denominadas Urpes (una suerte de horas extras que se pagaban por entonces), en el denominado “Adicional ARBA” para los agentes del organismo recaudador. En 2015, ese plus se replicó para los agentes del ministerio de Economía con el formato de bonificación remunerativa no bonificable. “Se fundamentó en la imposibilidad de escindir la vinculación que mantienen la cartera de Economía y ARBA, en tanto los recursos recaudados por ésta, son consecuencia directa de la ejecución de la política tributaria definida por aquella”, recordó Quintana.
Luego, a través del decreto 1415/18 se extendió el beneficio al personal de la Jefatura de Gabinete. UPCN sostiene en su presentación que esa norma no remite a lo que se había resuelto específicamente para ARBA y luego para Economía, por lo que deduce que “la bonificación se convierte en una asignación de carácter general”.
Exclusividad
Y añade: “No existen razones fácticas ni jurídicas que sostengan el por qué de la exclusividad de la percepción por el personal del ministerio de Economía y de la Jefatura de Gabinete”.
El texto firmado por Quintana consigna además que “no existen razones objetivas que justifiquen aplicar aumentos salariales no igualitarios entre el personal de la ley 10.430, constituyéndose en una conducta arbitraria”.
El fundamentar su reclamo, UPCN cita un fallo judicial en el que se sostiene que si el empleador no demostró razones reales para satisfacer diferencias salariales entre quienes desempeñan similares funciones y cargos, la discriminación se hace evidente”.
Así, la nota enviada a Vidal concluye que “ese trato desigual afecta la garantía constitucional de igual remuneración por igual tarea” como así también el convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo, por lo que se exige que la mencionada bonificación se haga extensiva a todo el personal en actividad de la ley 10.430. UPCN considera que “esta discriminación” limita “derechos de contenido patrimonial y alimentario” de los trabajadores estatales. El gremio advirtió además que las bonificaciones que cobran los mencionados tres organismos fueron dadas “por fuera de los acuerdos paritarios, lo que evidencia además la vulnerabilidad de toda buena fe”.
En caso de no conseguir respuesta al reclamo, UPCN adelantó que presentará una acción de amparo e hizo reserva del caso federal, es decir, la posibilidad de llevar el reclamo ante la Corte Suprema de la Nación.
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