Todos los agentes públicos de la Provincia deberán asistir a capacitaciones obligatorias en témas de género, una medida que incluirá a los empleados y funcionarios del Ejecutivo y los ministerios, del Poder Judicial y la Legislatura.
Así lo dispone un proyecto de ley presentado en las últimas horas en el Senado bonaerense, con la firma de la senadora oficialista Daniela Reich y el acompañamiento de todo el bloque oficialista. La norma es impulsada en medio de un fuerte debate social por las denucias de acoso y abuso que se potenciaron luego del caso de la actriz Thelma Fardín y que también involucraron al universo político.
El proyecto propone replicar a nivel provincial la "Ley Micaela", que el Congreso sancionó el miércoles pasado con el voto de todo el cuerpo con excepción del salteño Alfredo Olmedo.
La iniciativa lleva el nombre de la joven Micaela García asesinada en 2017 en la ciudad de Gualeguay. Y dice apuntar a "deconstuir estructuras patriarcales" en el ámbito del Estado.
Básicamente, dispone la capacitación en género y violencia contra las mujeres "para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación".
Adhesión
A pocas horas de que el Senado la convierta en ley el miércoles pasado, los senadores bonaerenses del bloque que preside Roberto Costa presentaron una iniciativa para que se replique a nivel provincial esa disposición.
"Adhiérase a la Ley Nacional de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado- Ley Micaela", dice el proyecto que lleva la firma de la senadora Reich y que, además, invita a los 135 municipios de la Provincia a adherir.
La ley sancionada a nivel nacional dispone que la capacitación de las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres que también certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo.
Anualmente, el Instituto publicará en su página web un informe anual sobre el cumplimiento de la ley, incluyendo la nómina de las altas autoridades que hayan sido capacitadas y elaborará indicadores de evaluación sobre el impacto de las capacitaciones realizadas por cada organismo y los resultados deberán integrarán el informe anual.
De acuerdo al proyecto, las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas "serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación (el Instituto) a través y de conformidad con el organismo de que se trate".
"El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web del Instituto Nacional de las Mujeres", agrega la iniciativa.
En el proyecto presentado en el Senado bonaerense destaca que se busca adherir a la ley nacional también en términos de "la rendición de cuentas ante la sociedad del grado de avance en el proceso de capacitación de los tres poderes.
"De esta manera, se creará una página web donde se deberá difundir el grado de cumplimiento por organismo de las capacitaciones”, dice.
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